La Venezuela
democrática que no se siente representada por la “revolución bolivarista”, y
que no acepta que el destino del país esté encadenado por ésta, cual proyecto
de dominación con afán continuista, ha venido desplegando un gran esfuerzo para
hacer posible un cambio de gobierno a través de la ventana o proceso electoral
del 7 de octubre.
De allí la
perseverante construcción de una plataforma unitaria o la Mud, el diseño de las
primarias, su organización y promoción; la elaboración de un programa nacional
de gobierno y, en general, todas las iniciativas tendientes a proponer y
consolidar una alternativa gubernativa, en cabeza de una candidatura legitimada
por comicios primarios.
Ahora bien, para que
en Venezuela se lleve adelante un cambio profundo que permita reconstruir la
democracia e impulsar un modelo de desarrollo social y económico de vasto y
efectivo alcance, no sólo basta que ocurra un cambio de gobierno sino que
también se requiere de un cambio sustancial del régimen imperante.
Vale
decir, del entramado de poder que la “revolución” ha conseguido erigir, sobre
todo a contravía de la Constitución de 1999, a fin de garantizar su control
hegemónico del Estado y la sociedad. Ese entramado de poder no necesariamente
hace imposible una victoria opositora en elecciones presidenciales, pero si
está concebido y aplicado para hacer inviable a un gobierno distinto en el
marco del régimen bolivarista.
Por
ello, concentrar todas las fuerzas en el cambio de gobierno propiamente dicho,
sería una condición necesaria pero no suficiente para abrir una nueva etapa
democrática, incluso alineada con el sistema constitucional de formal vigencia.
Entiéndase, desde luego, que el régimen de Chávez tiene una Constitución pero
no es un régimen constitucional.
Y
no lo es, porque su funcionamiento no está sujeto a los mecanismos de
limitación del poder establecidos en la Constitución, sino que opera con base a
la estructura hegemónica urdida por la dupla Chávez-Fidel. Este régimen se
parece mucho más al “desaprobado” proyecto de reforma constitucional de 2007
–socialista, burocrático, verticalista y autoritario, que a la letra, espíritu,
propósito y razón de la Constitución de 1999.
El
desafío, por ende, supone la preparación de un cambio de gobierno y también la
de un cambio de régimen que permita la viabilidad de un gobierno democrático.
Lo primero y lo segundo deben ir aparejados. No debería considerarse lo segundo
como de secundaria importancia, so pena de aprovechar mal o desaprovechar la
hazaña que significaría derrotar a Chávez en las urnas, a pesar de los gruesos
condicionamientos para impedirlo.
Hay
que evaluar el repertorio de opciones para empujar un cambio de régimen, en
especial desde la fortaleza nacional e internacional que supondría una victoria
electoral. Y hay que hacerlo con dedicación y con la conciencia clara de su
absoluta necesidad. En el debate público se han presentado algunas alternativas
que merecen una valoración seria y oportuna. De seguro que habrá otras que
también deben ser atendidas.
La
nuez del asunto es apreciar que una cosa es el gobierno como aparato ejecutivo
del Estado, y otra es el régimen bolivarista como entramado de poder que
enjaula al Estado y al conjunto nacional. Para supera la hegemonía roja hay que
cambiar de gobierno, es cierto, pero también hay que destrancar las cerraduras
de esa jaula.