. Presidente de la Asociación
Movimiento140
Con María Seguí Gómez llegó el relevo. Más
de dos meses después de la victoria del PP en las elecciones generales, y
uno desde que formó Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento
de esta barcelonesa de 45 años como nueva directora general de Tráfico.
Es la segunda vez que una mujer ocupa este cargo, después de la
malograda Rosa
de Lima Manzano, que ocupó el cargo entre 1987 y 1988, y que
falleció en un accidente de helicóptero, pero ahí acaban las
coincidencias. Seguí cuenta con un impresionante
currículum del que se pueden inferir algunas ideas de por dónde
puede situarse su gestión, si bien puede afirmarse que tiene ante sí
ardua tarea de actuar donde nadie antes lo ha hecho (formación,
educación y movilidad), porque ninguno de sus antecesores ha tenido la
valentía de pensar en el medio y en el largo plazo: todo, al menos hasta
ahora, se ha fiado a la represión.
Agotadas por el Gobierno saliente todas las
medidas represivas que, perfectamente dosificadas, han tenido en el
corto plazo influencia positiva en la evolución de la siniestralidad, al
equipo entrante le queda ahora poco margen de maniobra y la asunción de
grandes riesgos ante la opinión pública, toda vez que, como se viene
observando desde hace un año, los datos de siniestralidad van a ir a
peor básicamente por la conjunción de dos factores: una previsible
mejora en la economía (que tiene relación directa con el número de
desplazamientos y, por tanto, en la siniestralidad vial) y el mencionado
fin del efecto de las medidas represivas. Aquí reside el principal
peligro: que los nuevos responsables de la DGT cedan al miedo de tener
que enfrentarse a cifras malas por el agotamiento del modelo represivo.
Por ahora seguimos en recesión, con todos
los indicadores de movilidad (desplazamientos, consumos de combustibles,
que cayeron más de un 6% en 2011) en caída libre y, pese a ello, la
siniestralidad quiere repuntar. En lo que llevamos de año, el número de
fallecidos es prácticamente el mismo que en los mismos días del año
pasado. Las alarmas están encendidas en la DGT desde comienzos del año
pasado, al constatarse que los indicadores de movilidad no tenían el
efecto esperado, y por eso se implantó la medida del 110 que, a la
larga, resultó un desastre.
Es el momento, pues, de que se explique con
claridad la realidad de la gestión de la DGT de Pere Navarro, huyendo
como de la peste de lecturas reduccionistas y de confundir correlación
con causalidad. Empecemos por explicar la verdadera influencia de cada
uno de los factores que inciden en la siniestralidad (básicamente
desplazamientos y/o situación económica del país, pero también
desdoblamientos de vías y modernización del parqué de vehículos);
cambios de criterio no anunciados en la estadística de víctimas; causas
reales de los accidentes; inversiones millonarias en propaganda y en
asesores externos, etcétera. Se trata de definir un punto de partida en
el que la explicación de cómo se han hecho las cosas permita establecer
un contexto de compresión más cercano a la realidad.
Reconciliación con los conductores.
Ha llegado la hora. La nueva DGT tiene ante
sí la oportunidad de recuperar la confianza social perdida en la DGT a
ojos de la opinión pública, y especialmente de los colectivos y
asociaciones de conductores, transportistas, aficionados al motor,
medios de comunicación, etcétera; y también de continuar contando con el
apoyo existente por parte de las Asociaciones de Víctimas y afectados
por accidentes de tráfico y eliminar la actual percepción de que la
Dirección General de Tráfico es un mero instrumento de recaudación del
Estado como hasta ahora ha venido siendo percibida.
No se puede obviar la necesidad de que
exista una política represiva que penalice las conductas antisociales de
determinados conductores y una maquinaria eficaz que gestione el curso
de las infracciones y sanciones administrativas. Es indispensable
igualmente un ordenamiento jurídico a la altura y adaptado a las nuevas
realidades sociales. Con las últimas reformas del Código Penal, aún con
matices que sería beneficioso reformar, y con la implantación de un
Centro de Gestión de Tráfico (Centro de Gestión de León) se cuenta ya
con esas herramientas. Herramientas clave y valiosas que sin embargo
conviene aprender a utilizar con solvencia y mayor eficacia que la
simplemente económica: con eficacia social.
Partiendo de las dos vías de control y
represión ya existentes y no siendo necesarias otras adicionales (salvo
reformas puntuales), y dado que son percibidas como parte de un
engranaje de control impersonal y únicamente recaudatorio, conviene
desarrollar una política en la que, con base de la mejora en Seguridad
Vial, se elimine la sensación de que toda acción encaminada a salvar
vidas pasa por la sanción pecuniaria y terminar con la idea de que sólo
se imponen denuncias para “hacer caja”, con el agravante para el
conductor de la frustración que produce el saber que la infracción
cometida le ha sido impuesta por un máquina, notificada por una máquina y
que va a ser otra máquina quien resuelva la totalidad del proceso. Más
aún cuando, después de la última reforma de la LSV, las multas han
terminado por perder su carácter corrector para ser un simple
instrumento de recaudación ejecutiva en el que alguien, infractor o no,
acaba pagando, sí o sí.
En los últimos años todos los planes o
medidas presentadas por la DGT incluyen modificaciones o reformas en el
marco de la norma represiva, e incluso el permiso por puntos fue
elaborado de forma que una vez perdido el saldo total de puntos, se
pueda recuperar mediante el pago de un curso sin mayores consecuencias.
Es decir, de solucionarlo todo pagando.
De esta forma se ha generalizado la
sensación de que no se elimina de la carretera al conductor de riesgo,
sino que sólo se le cobra por haber generado ese riesgo, pudiendo crear
tantas situaciones de peligro como sea capaz de asumir y pagar: no
olvidemos de que ya no existe la retirada del permiso temporalmente para
ninguna infracción.
Consenso social, no sólo político.
Más allá de las tentaciones continuistas en
la gestión de Seguí, que tímidamente han aparecido en los medios los dos
últimos días, la política de la DGT debería incluir reformas que
procedan de un máximo consenso con los diferentes actores de la
movilidad y la Seguridad Vial. Una parte fundamental es la
reconciliación entre los colectivos de conductores que reclaman mayores
libertades como avance real en el transporte de particulares por
carretera, pero también con los colectivos de víctimas y afectados por
accidentes que apoyan cualquier idea que suponga la penalización y
castigo de los conductores, a quienes aun formando parte de ellos,
consideran “enemigo”.
Estas asociaciones han de tenerse en cuenta,
pero siempre teniendo presente que están formadas por personas carentes
de cualquier formación en la materia y que visualizan el problema desde
un único prisma. Personas que viven en el espejismo de su excesiva
proyección mediática derivada de su utilización como instrumentos al
servicio de una política de Seguridad Vial de carácter exclusivamente
represivo.
La idea básica que, en mi opinión, debe
presidir la gestión de María Seguí ante el público es presentar una
“Nueva DGT”, cuyo eje principal se base en el complemento del conductor o
usuario de carretera, expresando un nuevo modelo de gestión en
el que se haga percibir que la sanción es el último escalón, y no el
fin. Veremos si los tiros van por ahí.
En el próximo artículo, el catalogo de
medidas que proponemos desde Movimiento140, en:
- EDUCACIÓN.
- FORMACIÓN DE CONDUCTORES.
- REGLAMENTO DE VEHÍCULOS Y CARRETERAS.
- LEGISLACIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA.
