En
la opinión publica el tema del control de cambio, en la discusión y debate
entre los candidatos de la unidad democrática muchas veces se ha presentado
como una suerte de falso dilema, en torno a dos supuestos, aparentemente
encontrados: desmontaje súbito o desmontaje gradual. En términos de opinión
pública el tema se ha presentado fuera
de un definido contexto, lo cual ha creado una asimetría para que se discrimine
entre lo súbito o lo gradual, un
dilema, que como sabemos no tienen solución optima.
Le
hemos acotado a los precandidatos presidenciales, en el marco del debate sobre
que hacer para curar las grandes distorsiones y perversiones causada por la
revolución en la economía venezolana, que el control de cambio es una fuente
inherente de inflación, ineficiente asignación de recursos públicos y privados,
de escasez, corrupción por intervención del gobierno en el mercado de divisas,
y particularmente por ser un mecanismo de intervención discriminatorio,
utilizado por el gobierno con objetivos políticos de demoler la economía privada.
El
Presidente Chávez afirmo en Enero 2003, días de la implementación, que el
control de cambio era un control político (Presidente Chávez dixit, Enero,
2003). Así ha sido en el papel, en las reglas y en los decretos, y así ha sido
en los hechos en estos 9 años de control de cambio. Así, CADIVI está organizado
como un mecanismo represivo para controlar la actividad económica de las
empresas privadas, y es un mecanismo de intervención que manipula políticamente
las importaciones requeridas para el crecimiento económico, el costo en
inversión, creación de empleo y crecimiento lo hemos estimado alrededor de 4
puntos porcentuales de crecimiento económico per año.
De
esta manera, en la medida que el gobierno iba sustituyendo al sector privado
como productor e importador de insumos y bienes terminados, la tasa de cambio
preferencial era sido utilizada masivamente por gobierno en la importación de
todos los insumos y cachivaches traídos del lejano oriente, China; de Europa,
Rusia, Bielorrusia y de la región latinoamericana, de sus “compadres”
económicos y políticos en Argentina,
Uruguay, Paraguay en el Mercosur, del Caribe y desde luego Cuba, esta
ultima, una especie de enjambre de
langostas comiéndose una buena porción de
la renta petrolera, expresada en mas de 140 mil b/día transados a precios
viles.
Diferentes
convenios cambiarios fueron desplazando a la economía privada hacia el
mecanismo de racionamiento creado con la desaparición del “ dólar permuta” en
Mayo del 2009; un mercado de títulos públicos (SITME) - no
un mercado cambiario- para ser canjeados y así adquirir dólares off shore
a un precio 30% mayor que el dólar
CADIVI que disfrutan los clientes y compadres económicos del gobiernos y sus
empresas. Durante el año y medio de funcionamiento del SITME el racionamiento ha sido establecido en unos
32 millones de dólares diarios
adquiridos por el canje de los títulos públicos. Así, emisiones de deuda
pública, del gobierno y PDVSA, han sido
utilizadas para dotar al SITME de títulos públicos para el canje. De esta
manera, la economía privada se amarra en
demanda de divisas al ritmo que el gobierno y PDVSA se endeudan, algo que tiene
a todo evento ha llegado al límite. El control de cambio es la herramienta
político-institucional que se ha utilizado para el cierre de más de 3000
empresas grandes, medianas y pequeñas.
Como desmontar entonces el control de cambio
en el marco de un gobierno democrático? Discutíamos la necesidad de la vuelta a
la libre convertibilidad del bolívar para promover un crecimiento sustentable
por impacto de la inversión privada. Toca ahora considerar el procedimiento
técnico-político por la decisión de desmontar los controles. Como acotamos
arriba, la gradualidad o el súbito como extremos del dilema mencionado, no
ayuda a los candidatos a comprender la compleja red de variables
institucionales, económicas y políticas requeridos en acción para la vuelta a
la libre convertibilidad, algo que todos los venezolanos piden a gritos.
Acaso
hay algo primero y otro después? Que se
requiere entonces? Sencillo. Un conjunto
de cambios institucionales,
monetarios
y fiscales que garanticen una paz cambiaria. Que el nuevo gobierno se avoque de
inmediato a restaurar los mecanismos regeneradores de confianza, ya que ellos
traerán la inversión de la gente y con ella la creación masiva de empleos e
incremento masivo de la oferta de bienes nacionales e importados para eliminar
las distorsiones de precios y escasez que induce el control de cambio. De esta
manera, los inversionistas privados y
publico en general, reciban la buena noticia de la creación de un marco
jurídico que imponga respeto a la propiedad y a las libertades económicas; sin
ellas, no habrá libre convertibilidad del bolívar y sin ella, no habrá
crecimiento económico. Esta renovación institucional es esencial. Con todo, es
fundamental restablecer la autonomía e independencia del BCV, habilitándolo a
administrar el régimen de libre convertibilidad como se hizo a lo largo de años
en el pasado.
El reacomodo institucional, el BCV y el
Tesoro. Esta acción institucional monetaria, requerirá del gobierno un arreglo
de las distorsiones financiaras generadas por el desorden fiscal creado por el
actual gobierno para empujar un elevado endeudamiento publico y de PDVSA, una
corrupción rampante y una descapitalización del sector publico para dotar de un
menguado volumen de divisas off shore – vía SITME- cuyo impacto en el crecimiento económico ha
sido negativo. Queda acotar que el volumen de divisas que generan actualmente
las exportaciones petroleras es más que
suficiente para proveer a un mercado cambiario de reservas internacionales y
evitar las maxidevaluaciones que han sido – todas las del pasado- producidas
por la eliminación de la libre convertibilidad del bolívar.
Es una vergüenza sostener un mercado cambiario
con un precio del petróleo en 100 dólares el barril. Por ese orden de
ideas hay que denunciar y sancionar los
acuerdos petroleros con Cuba y China, porque ellos comprometen la soberanía
económica de Venezuela, además que la constitucionalidad y legalidad de esos
acuerdos es precaria o nula. Allí hay ahorros en divisas que sobrepasan 10 mil
millones de dólares. De la misma manera hay que acabar con la distorsión
financiera producida por un endeudamiento elevado en costos, a tasas del 12%,
mientras se financia la adquisición de petróleo en la región con tasas
ridículas de interés alrededor del 2-3%. Ello induce un ahorro en divisas de
otros 4500 millones de dólares.
Así
mismo hay que retornar a la centralización de las divisas de PDVSA en el BCV.
Fortalecer financiera e institucionalmente el
BCV es prioritario y para ello es necesario devolverle al BCV la
administración de todas las reservas internacionales generadas por el petróleo,
además de los esquemas financieros alrededor de FONDEN que implican un derroche
de divisas en otras necesidades fuera de la economía venezolana. En esas
condiciones el volumen de reservas internacionales hacia fines de año estaría en el orden de los
60 mil millones de dólares, sin contar otros fondos realengos diseminados en el
mundo que fueron creados en acuerdos bilaterales, con Rusia y China y que
serian fácilmente rescatables por el nuevo gobierno democrático.
En
esas condiciones, podríamos hablar de un
poderoso blindaje en la balanza de pagos para evitar, no solo una maxidevaluación, sino su impacto
en precios, así como eliminar el financiamiento monetario que del gasto publico
hace el BCV, o bien a través de PDVSA, o
directamente con transferencias al Tesoro. Un régimen cambiario, que imponga la
libre convertibilidad contaría con el ahorro internacional privado venezolano.
Venezuela volvería a ser un país viable que respeta los ahorros de la gente,
las puertas en la balanza de pagos, batientes para entrar y salir, normalizaría
un flujo de divisas, como el que disfrutan hoy todos los países de América
Latina. Nada imposible.
De
esta manera se crearían las condiciones para el retorno a la normalidad
económica. Una agenda de crecimiento económico requiere una vuelta a las
libertades económicas, un mercado competitivo que permita incrementar
producción y productividad del trabajo.