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Los elementos intrinsecos de las candidaturas


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25/01/2012

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Confesiones.


 

Ahora que se  iniciaron los registros de candidatos priistas a senadores primero y a diputados federales esta semana, después de la ruptura de la alianza electoral con el PANAL, que no es cosa menor y mientras se definen en la polémica algunas postulaciones para los gobiernos estatales, por ejemplo las de Tabasco, Morelos y Chiapas. Surge por obligación la necesidad de tratar de entender los criterios de selección, los elementos que se toman en cuenta para definir nominaciones y como estos contrastan con el discurso oficial y la imagen que se pretende ofrecer, finalmente como esto influye en el desarrollo político del sistema en general.

El análisis aun y cuando se centra en lo que sucede al interior del revolucionario institucional, por ser el que está en proceso, no es limitativo, muchos de los elementos expuestos a continuación, coincidirán en acción nacional y la coalición de las izquierdas, que en su momento serán también objeto de revisión y comentario.

Primero para poner en contexto las cosas, recordemos que el revolucionario institucional ha pugnado insistentemente por establecer que hoy está conformado por una nueva generación, sin explicar en que es diferente a las anteriores, porque la edad o la temporalidad no pueden ser solamente los criterios de la afirmación.

El PRI ha querido ponderar un respeto a la capacidad individual de los personajes por encima de padrinazgos y abiertamente se ha manifestado en contra de la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, criticando y hasta condenando legalmente el nepotismo y la corrupción de los gobiernos federales y estatales panistas, como la reciente inhabilitación del ex gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, precisamente por tener a familiares cercanos en la nomina del gobierno de esa entidad.

Si como en Tlaxcala esa fuera parte de la mecánica de selección, difícilmente ningún priista podría ser sujeto de ser candidato a ninguna posición y la gran mayoría estarían inhabilitados para la función pública también.

En ese orden, en el nuevo PRI se privilegia el retorno de figuras de antaño, que por definición nada tendrían que ver con la llamada nueva generación, lo que para empezar tampoco tendría nada de particular si se valoraran la experiencia y los resultados de estos personajes, considerando que estos hubieran sido positivos en sus gestiones previas, sin embargo la contradicción proviene del hecho de que quienes reaparecen son precisamente los impresentables.

No se puede vislumbrar a un nuevo PRI en donde se incorpora a José Murat, Ulises Ruiz,  Mario Marín, René Juárez Cisneros o Arturo Montiel, entre tantos otros, si han sido ellos quienes han deteriorado la imagen corporativa del partido.

La nueva generación teóricamente parte de la base de estar integrada por un grupo eficiente y con capacidad política, pero eso tampoco es una medida exacta, ahí está el ejemplo más evidente, el de su anterior dirigente Humberto Moreira, quien tuvo que renunciar a la dirigencia nacional por el escándalo todavía no aclarado del sobre endeudamiento de las finanzas estatales en su gestión como gobernador de Coahuila.

Independientemente del discurso oficial que celebra esa aparente tendencia a privilegiar la capacidad y preparación para administrar y gobernar, en algunos casos el criterio de asignación proviene de la popularidad personal, como sea que esta se haya conseguido, naturalmente en la mayoría de los casos financiada por el erario, mientras que en otros casos, se define por las relaciones de grupo y sus influencias, como sucede en Tabasco, Morelos y Chiapas actualmente.

Decíamos también que el PRI a través de su precandidato presidencial, Enrique Peña Nieto, detuvo la reforma para permitir la reelección, mientras que en contraposición designa a una muy buena cantidad de figuras de su partido para que vuelvan a ser legisladores.

Finalmente la inhabilitación por nepotismo del ex gobernador panista de Tlaxcala, operada por quien lo sucedió en el cargo, el priista Mariano González Zarur, mas allá de los argumentos que favorecieron la condena, que no están a discusión, toda vez que existen las pruebas suficientes para sustentarla, no corresponde tampoco al comportamiento que con ello se quiere enmendar. Solo fue una venganza política, no una forma de conducta.

Humberto Moreira designo como su sucesor en el gobierno de Coahuila a su propio hermano Rubén, el alcalde de Acapulco Manuel Añorve, pretende que su esposa lo suceda en el cargo,  en este preciso momento son cuantiosos los casos de candidaturas para diputaciones federales y senadurías en los que el método de acceso es el parentesco y ni que decir del padrinazgo, sin omitir encargos oficiales, como la designación de la hija del senador Beltrones, como secretaria adjunta de la presidencia nacional del PRI.

Con estos antecedentes se puede entender que las designaciones, sobre todo para las candidaturas, no dependen de una estrategia general, de una planificación política determinada, sino a la circunstancia particular que cada caso representa, de acuerdo a los intereses que influyen en cada coyuntura, no hay pues una metodología u normatividad para ello.

Sin embargo, independientemente del mecanismo irregular para tomar estas decisiones, lo más importante será en adelante analizar el tipo de oferta de cada candidato, toda vez que es evidente que no se pueden medir con la misma intención todas las postulaciones, ya que estas no son uniformes y materialmente dependen de la personalidad y circunstancia de cada candidato y de la región a la que pertenecen, de los intereses que propiciaron su postulación, hablando sobre todo de su influencia regional

Estos candidatos, que son parte de una muy limitada baraja de opciones, dependiente de lo que los partidos presentan y en esto tenemos que generalizar, porque la situación es la misma para todas las fuerzas políticas, tendrán pues que manejarse individualmente, cada uno tendrá que defender su personal oferta, la colectiva no es homogénea.

De tal forma se puede concluir que los elementos para definir las candidaturas no obedecen a una plataforma, lo hacen de acuerdo a intereses y estos pueden ser tan contrastantes como disímbolos y eso significa como resultado, que no puede establecerse una oferta común, basada en una ideología determinante, capaz de orientar una política gubernamental definida y uniforme.

Ese desequilibrio de criterios es precisamente el síndrome que ha deteriorado la cultura política nacional, encauzando una mayúscula decepción social, que convertida en hartazgo común, invalida la credibilidad de la clase política y por ende sus resultados.

Porque como hemos explicado, la distribución del poder se construye por equilibrios orientados a repartir los beneficios de ese mismo poder, no para crear bienestar colectivo como debería de ser por definición.

Precisamente por esta forma de imponer equilibrios basados en la distribución de los beneficios entre los grupos, la clase política ha estado inmersa en la lucha por la conservación de los mismos, abandonando la agenda social, sin preocupación real por la entrega de resultados y mucho menos por la rendición de cuentas, partiendo de la base de que por la forma en que está organizada la estructura legal, de cualquier forma la elección de autoridades tiene que pasar por los partidos políticos, que son los que se convierten en los grandes electores, en función de la asignación de las postulaciones.

El ciudadano irremediablemente debe remitirse a escoger entre lo que los partidos le presentan, vamos eso ni siquiera es opcional, eso pone en entredicho el valor esencial de la libre determinación democrática, porque este método realmente es una especie de dictadura, toda proporción guardada, ya que la verdadera definición de la asignación de la autoridad corresponde a los partidos. La participación ciudadana es por tanto muy limitada a pesar de ser quien ejerce el voto.

 

guillermovazquez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

 



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