Ahora que se iniciaron los
registros de candidatos priistas a senadores primero y a diputados federales
esta semana, después de la ruptura de la alianza electoral con el PANAL, que no
es cosa menor y mientras se definen en la polémica algunas postulaciones para
los gobiernos estatales, por ejemplo las de Tabasco, Morelos y Chiapas. Surge
por obligación la necesidad de tratar de entender los criterios de selección,
los elementos que se toman en cuenta para definir nominaciones y como estos
contrastan con el discurso oficial y la imagen que se pretende ofrecer,
finalmente como esto influye en el desarrollo político del sistema en general.
El análisis aun y cuando se centra en lo
que sucede al interior del revolucionario institucional, por ser el que está en
proceso, no es limitativo, muchos de los elementos expuestos a continuación,
coincidirán en acción nacional y la coalición de las izquierdas, que en su
momento serán también objeto de revisión y comentario.
Primero para poner en contexto las cosas,
recordemos que el revolucionario institucional ha pugnado insistentemente por
establecer que hoy está conformado por una nueva generación, sin explicar en
que es diferente a las anteriores, porque la edad o la temporalidad no pueden
ser solamente los criterios de la afirmación.
El PRI ha querido ponderar un respeto a la
capacidad individual de los personajes por encima de padrinazgos y abiertamente
se ha manifestado en contra de la reelección inmediata de legisladores y
alcaldes, criticando y hasta condenando legalmente el nepotismo y la corrupción
de los gobiernos federales y estatales panistas, como la reciente
inhabilitación del ex gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, precisamente
por tener a familiares cercanos en la nomina del gobierno de esa entidad.
Si como en Tlaxcala esa fuera parte de la
mecánica de selección, difícilmente ningún priista podría ser sujeto de ser
candidato a ninguna posición y la gran mayoría estarían inhabilitados para la
función pública también.
En ese orden, en el nuevo PRI se
privilegia el retorno de figuras de antaño, que por definición nada tendrían
que ver con la llamada nueva generación, lo que para empezar tampoco tendría
nada de particular si se valoraran la experiencia y los resultados de estos
personajes, considerando que estos hubieran sido positivos en sus gestiones
previas, sin embargo la contradicción proviene del hecho de que quienes
reaparecen son precisamente los impresentables.
No se puede vislumbrar a un nuevo PRI en
donde se incorpora a José Murat, Ulises Ruiz, Mario Marín, René
Juárez Cisneros o Arturo Montiel, entre tantos otros, si han sido ellos quienes
han deteriorado la imagen corporativa del partido.
La nueva generación teóricamente parte de
la base de estar integrada por un grupo eficiente y con capacidad política,
pero eso tampoco es una medida exacta, ahí está el ejemplo más evidente, el de
su anterior dirigente Humberto Moreira, quien tuvo que renunciar a la
dirigencia nacional por el escándalo todavía no aclarado del sobre
endeudamiento de las finanzas estatales en su gestión como gobernador de
Coahuila.
Independientemente del discurso oficial
que celebra esa aparente tendencia a privilegiar la capacidad y preparación
para administrar y gobernar, en algunos casos el criterio de asignación
proviene de la popularidad personal, como sea que esta se haya conseguido,
naturalmente en la mayoría de los casos financiada por el erario, mientras que
en otros casos, se define por las relaciones de grupo y sus influencias, como
sucede en Tabasco, Morelos y Chiapas actualmente.
Decíamos también que el PRI a través de su
precandidato presidencial, Enrique Peña Nieto, detuvo la reforma para permitir
la reelección, mientras que en contraposición designa a una muy buena cantidad
de figuras de su partido para que vuelvan a ser legisladores.
Finalmente la inhabilitación por nepotismo
del ex gobernador panista de Tlaxcala, operada por quien lo sucedió en el
cargo, el priista Mariano González Zarur, mas allá de los argumentos que
favorecieron la condena, que no están a discusión, toda vez que existen las
pruebas suficientes para sustentarla, no corresponde tampoco al comportamiento
que con ello se quiere enmendar. Solo fue una venganza política, no una forma
de conducta.
Humberto Moreira designo como su sucesor
en el gobierno de Coahuila a su propio hermano Rubén, el alcalde de Acapulco
Manuel Añorve, pretende que su esposa lo suceda en el cargo, en este
preciso momento son cuantiosos los casos de candidaturas para diputaciones
federales y senadurías en los que el método de acceso es el parentesco y ni que
decir del padrinazgo, sin omitir encargos oficiales, como la designación de la
hija del senador Beltrones, como secretaria adjunta de la presidencia nacional
del PRI.
Con estos antecedentes se puede entender
que las designaciones, sobre todo para las candidaturas, no dependen de una
estrategia general, de una planificación política determinada, sino a la
circunstancia particular que cada caso representa, de acuerdo a los intereses
que influyen en cada coyuntura, no hay pues una metodología u normatividad para
ello.
Sin embargo, independientemente del
mecanismo irregular para tomar estas decisiones, lo más importante será en
adelante analizar el tipo de oferta de cada candidato, toda vez que es evidente
que no se pueden medir con la misma intención todas las postulaciones, ya que
estas no son uniformes y materialmente dependen de la personalidad y
circunstancia de cada candidato y de la región a la que pertenecen, de los
intereses que propiciaron su postulación, hablando sobre todo de su influencia
regional
Estos candidatos, que son parte de una muy
limitada baraja de opciones, dependiente de lo que los partidos presentan y en
esto tenemos que generalizar, porque la situación es la misma para todas las
fuerzas políticas, tendrán pues que manejarse individualmente, cada uno tendrá
que defender su personal oferta, la colectiva no es homogénea.
De tal forma se puede concluir que los
elementos para definir las candidaturas no obedecen a una plataforma, lo hacen
de acuerdo a intereses y estos pueden ser tan contrastantes como disímbolos y
eso significa como resultado, que no puede establecerse una oferta común,
basada en una ideología determinante, capaz de orientar una política
gubernamental definida y uniforme.
Ese desequilibrio de criterios es precisamente
el síndrome que ha deteriorado la cultura política nacional, encauzando una
mayúscula decepción social, que convertida en hartazgo común, invalida la
credibilidad de la clase política y por ende sus resultados.
Porque como hemos explicado, la distribución
del poder se construye por equilibrios orientados a repartir los beneficios de
ese mismo poder, no para crear bienestar colectivo como debería de ser por
definición.
Precisamente por esta forma de imponer
equilibrios basados en la distribución de los beneficios entre los grupos, la
clase política ha estado inmersa en la lucha por la conservación de los mismos,
abandonando la agenda social, sin preocupación real por la entrega de
resultados y mucho menos por la rendición de cuentas, partiendo de la base de
que por la forma en que está organizada la estructura legal, de cualquier forma
la elección de autoridades tiene que pasar por los partidos políticos, que son
los que se convierten en los grandes electores, en función de la asignación de
las postulaciones.
El ciudadano irremediablemente debe
remitirse a escoger entre lo que los partidos le presentan, vamos eso ni
siquiera es opcional, eso pone en entredicho el valor esencial de la libre
determinación democrática, porque este método realmente es una especie de
dictadura, toda proporción guardada, ya que la verdadera definición de la
asignación de la autoridad corresponde a los partidos. La participación
ciudadana es por tanto muy limitada a pesar de ser quien ejerce el voto.
guillermovazquez991@msn.com
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