En estos días se están conociendo algunos de los hallazgos de lo que podría ser la ‘olla podrida’ en la operación de la Secretaría de Salud de Bogotá en varios de sus frentes durante la pasada administración. Prácticamente se está evidenciando que dicha Secretaría era un escenario más del teatro de operaciones del denunciado y corrupto ‘carrusel de la contratación’, que permeó a la capital de la República, correspondiéndole el capítulo del sector salud.
Cuando se revisan las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo como responsable actual de la dirección territorial de salud de Bogotá, se detecta que esa Secretaría estuvo al servicio de algunas personas que utilizaron los recursos de la salud para fines muy distintos a los definidos por la normatividad para su uso. Hace solo un par de días se anunció por parte de dicho funcionario que la misma escogencia de los gerentes de algunos de los hospitales públicos del resorte distrital estuvo amañada y fue producto de acuerdos burocráticos que desvirtuaron los procesos meritocráticos realizados para escogerlos de manera técnica y transparente.
Ese detalle demuestra que aunque en Colombia existe suficiente ilustración respaldada por un arsenal normativo vigente para temas como la escogencia de quienes deben gerenciar la operación de las empresas sociales del Estado del sector salud a nivel territorial, esas mismas disposiciones pueden ser utilizadas para que sirvan como fachada distractora y finalmente se aplique la dedocracia del gobernante para colocar en esos puestos a personas de su relativo manejo, pero gran confianza, que para nada resultan convenientes para los hospitales donde llegan de esa forma.
En síntesis, se ha conocido que la selección de seis de los gerentes de los 22 hospitales distritales fue manipulada, al no tener en cuenta el Alcalde Mayor de Bogotá los máximos puntajes obtenidos por los aspirantes en el último concurso de méritos, realizado hace dos años. Además, durante esa administración los gastos generados por la nómina de la Dirección Distrital de Salud se triplicó injustificadamente, principalmente por la contratación estratégica de personas a través de pseudoproyectos de inversión.
Sin descartar que ese tipo de malas prácticas estén también ocurriendo de manera similar en otras regiones del país, es importante mencionar que los infractores que cometieron estos actos se enfrentan al rigor de las nuevas disposiciones que de manera específica establece para los actores intervinientes en el sector salud la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, además de toda la normatividad vigente al respecto expedida con antelación. Las sanciones que allí se establecen para quienes dentro del sector salud infringen las disposiciones para cumplir sus funciones y obligaciones, especialmente en lo relacionado con los recursos del sector, deben ser suficientes razones para que no se trate de repetir o copiar en el resto del país lo que se venía haciendo con el gerenciamiento público de la salud en la capital de la República.
Gobernantes territoriales: ahora que está muy próxima la escogencia de los gerentes de los hospitales públicos en todo el país…¡respeten la normatividad y escójanlos observando la ley, y no copien ni repitan esas costumbres perversas que esquilmaron los recursos de la salud en Bogotá