¿Dictadura o Régimen militar? - Política Internacional - Reeditor.com

En una evolución social que significó demandar cambios sociales de fondo, el gobierno de Eduardo Frei Montalva asumió en 1964 con mayoría absoluta, ofreciendo la Revolución en Libertad y la profundización de la reforma agraria iniciada por el gobierno de derecha de Jorge Alessandri Rodríguez. Salvador Allende asume constitucionalmente por acuerdo del Congreso Pleno el 4 de noviembre de 1970, siendo su propuesta la vía democrática al socialismo. En el contexto internacional de la guerra fría, la crisis de los misiles se había resuelto con el retiro de las plataformas de la isla de Cuba y con una tácita delimitación de las hegemonías de la URSS y de EEUU, en sus respectivas áreas de influencia. La revolución cubana, en principio respaldada por los EEUU representó un fuerte impacto sobre los intereses militaristas norteamericanos, que viendo fracasar la invasión a Bahía Cochinos, se focalizaron en contra del Presidente Kennedy, asesinado por su posición democrática y por no querer incrementar la presencia militar en Asia. Ese crimen político colocó al mando de la superpotencia occidental a los sectores ultra conservadores que hicieron entrar a EEUU en la desastrosa guerra de Vietnam. Esos mismos sectores apoyaron la campaña de Frei Montalva y su Revolución en Libertad, por considerarlo un freno a la expansión de la revolución cubana en América.

Cuando en 1970, 4 de septiembre, gana las elecciones Salvador Allende, Richard Nixon monta en cólera y ordena a Henry Kissinger frenar a como dé lugar la asunción de Allende al gobierno. Se inicia a partir de ese momento el complot para intentar disuadir a la Democracia Cristiana que apoye en el Congreso al candidato socialista que encabezaba la coalición denominada Unidad Popular, la vía chilena democrática hacia el socialismo. Y en esa dinámica, la ultra derecha intenta el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército.

The Pinochet File releva cómo Henry Kissinger lidera el complot para impedir que Allende asuma, vinculándose con Patria y Libertad, fuerza de choque de la ultra derecha criolla. El resultado del complot fue el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider Chereau, ocurrido el 25 de octubre de 1970, cuando se intentaba secuestrarlo para inculpar a la izquierda y así evitar que en el Congreso se diera el pase a la Unidad Popular para asumir el gobierno. En los archivos desclasificados de la CIA se lee que Kissinger se plantea implantar en Chile un régimen militar, que sea afín a los intereses hemisféricos de la superpotencia, en el contexto de guerra fría frente a la amenaza comunista. El TIAR, Acuerdo Interamericano de Asistencia Recíproca, equivalente a lo que era la OTAN en Europa o el CENTO (Central Treaty Organization) en Medio Oriente, representaba ese hilo conductor ideológico que construía la potencia militar con su periferia, traduciéndose en términos de hipótesis de conflicto, en prepararse para enfrentar al enemigo ideológico representado entonces por la China de Mao, por la URSS y por Cuba, enclavada con su revolución frente al mismo EEUU. Los militares chilenos recibían entrenamiento en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), Escuela de las Américas, en Panamá, donde se enseñaban prácticas de contrainsurgencia. Vale decir, en el concepto de guerra en que se formaron las tropas chilenas estuvo ese sustrato ideológico que significaba visualizar como enemigo a todo lo que oliera a “comunismo”. Por ende, su visión de la guerra tenía una fuerte connotación ideológica en el contexto de la guerra fría, donde su alineación era inequívoca.

Por lo tanto desde la óptica estratégico militar, cuando se habla de regímenes militares no es más que parte de esa visión belicista ideológica, que se tradujo en América Latina en la toma del poder total de los Estados, en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en pro de una guerra ideológica en contra del enemigo hemisférico, el imperio comunista, vertebrado a su vez en el Pacto de Varsovia, y en alianzas operativas regionales como lo fuera la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad). La reacción militar contra los movimientos revolucionarios que siguieron en América Latina la tesis de la vía armada, representados por los Montoneros, el ERP, los Tupamaros, el MIR, los socialistas Elenos, en definitiva movimientos que asumían la vía armada para la revolución y se preparaban para ello, fue una concertada acción de guerra “en contra del enemigo interno” articulada a nivel hemisférico, en consistencia con el gobierno norteamericano de ese período.

El crimen cometido por Patria y Libertad en contra del General René Schneider generó un efecto contrario al buscado por los complotadores. El Congreso vota por la primera mayoría (Allende 153 votos, Alessandri 35) y es designado Presidente de la República don Salvador Allende Gossens, que había obtenido un 36,6% de los votos en la elección presidencial. Pero para dar su respaldo, la Democracia Cristiana exigió un Pacto Político que implicaba una reforma constitucional consistente en un Estatuto de Garantías Constitucionales y la renuncia del Pdte. Allende a las facultades privativas para el nombramiento de mandos militares, que aseguraría que Allende no se saldría de la Constitución.

Durante el primer año de gobierno de la Unidad Popular, se avanzó en medidas económicas que temía EEUU, en particular la nacionalización del cobre por unanimidad y la extensión del área social productiva a través de resquicios legales, con uso de leyes que estaban vigentes y que venían de 1932, cuando había regido una breve período de 3 meses llamado república socialista en Chile. Sobre esa base legal, el proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a producir. El complot recibió fuerte financiamiento externo que permitió sostener las huelgas de camioneros, pagar la prensa que se convirtió en vocero y trinchera del golpismo.

Pero, de suyo, el Presidente Salvador Allende debía sumar a la crisis, los costos de un cuoteo perverso y la indisciplina de sus propios aliados, sectores ultra izquierdistas que postulándose como vanguardia de una revolución por la vía armada, formaban cuadros para la defensa y se entrenaban en Cuba, sin obedecer al Presidente de la República, generando a su gobierno múltiples focos de conflicto que aumentaban la sensación de desgobierno. El MAPU Garretón, los socialistas de Altamirano denominados los Elenos (por pretender Ejércitos de Liberación nacional), el MIR y sus Frentes, buscaban desarrollar en la agudización de las contradicciones, la validación de la vía insurreccional. El hecho más grave fue el intento de infiltración de la Armada, que obligó al Pdte. Allende a querellarse en contra de miembros de la marinería que se organizaba para desobedecer órdenes y tomarse los buques de guerra, situación de gravísimas repercusiones. A su vez, la inteligencia de las fuerzas Armadas infiltraba esos grupos y así se fueron incubando las acciones de desestabilización y jaqueo institucional para frenar al gobierno del Presidente Allende.

En este contexto y en medio de esta escalada, se fueron clausurando los puentes de negociación. El crimen político de la VOP en contra de Pérez Zujovic cercano a Frei Montalva y sostenedor de una visión democrática para zanjar la crisis, y el asesinato posterior del edecán Arturo Araya Peters a manos de Patria y Libertad, ocurrieron justo cuando se tendían negociaciones para una salida no violenta. El efecto social del mercado negro, de las tomas indiscriminadas, de la falta de una Unidad de dirección en el Gobierno, llevaron durante Agosto, a que vox populi se hablara del golpe de Estado, sin dimensionar que el revanchismo y la soberbia de la ultraderecha militarista aportarían una crueldad inusitada a la represión que sobrevendría.

Cuando el 11 de septiembre se rodea la Moneda y se la bombardea, el golpe de Estado se instituye a través de la Junta de Gobierno, organismo cuatripartito donde estaban el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. Por DL N°5 del 12 de Septiembre se decreta el Estado de Guerra interna. En esa lógica, todos los procedimientos en contra de los enemigos internos se realizaban con el principio de disciplina en tiempos de guerra, donde las órdenes no se representan y si alguien desobedece puede ser ejecutado inmediatamente. Por otra parte, ese estado de guerra interna permitió entregar a las Fuerzas Armadas y Carabineros los beneficios de trabajo bajo riesgo lo que significó que previsionalmente durante el período en que rigió ese DL 5, se les reconociera los años de servicio con una bonificación de 100% por riesgo.

Pero, ese estatus jurídico de “Estado de Guerra interna” significó que en el trato con los prisioneros de guerra el Estado de Chile debía respetar la Convención de Ginebra sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra. Así no haya habido un ejército irregular que haya realizado acciones territoriales de posicionamiento, jurídicamente el DL 5 del 12 de septiembre tuvo implicancias estratégicas, ya que ponía en funcionamiento práctico el TIAR, validando la injerencia durante el golpe de mandos norteamericanos, como lo fuera el Teniente Coronel Patrick Ryan que asumió el mando de las fuerzas de tarea que organizaron el golpe en la Armada de Chile. En este contexto de Guerra Interna todos los Prisioneros de Guerra capturados por esas Fuerzas Armadas Rebeldes debían haber sido tratados de acuerdo al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, Ley Internacional que el Estado de Chile había ratificado el año 1951 y que estaba plenamente vigente al 11 de septiembre de 1973. La violación flagrante de este Convenio de Ginebra en el caso de los miembros del GAP capturados en la batalla de La Moneda, que fueron torturados y asesinados, y posteriormente "desaparecidos" para no dejar huella del crimen cometido, constituye un Crimen de Guerra de Lesa Humanidad de acuerdo a las leyes de la Guerra y una Infracción Grave al Convenio de Ginebra ya señalado, que ha sido declarado imprescriptible e inamnistiable por los artículos 129, 130 y 131 de ese mismo Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, Ley Internacional que tiene prioridad de aplicación sobre las leyes chilenas de acuerdo a la Constitución Política vigente en nuestro país en la actualidad.

La disolución del Congreso y el control ejercido sobre el Poder Judicial configuraron la Dictadura Militar que asumió tras un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente electo. Desde el punto de vista internacional las Fuerzas Armadas estaban implementado un régimen militar que era funcional a los intereses hemisféricos de la superpotencia a la que estaban institucionalmente alineados. Por lo tanto, desde su punto de vista estratégico militar, asumir el poder total e implantar un régimen militar se justificaba en ese DL 5 que establecía el estatus jurídico de Guerra Interna, con prisioneros, interrogatorios, campos de concentración, tribunales militares en tiempo de guerra y consejos de guerra. Desde el punto de vista del derecho constitucional, su actuar fue violentar la institucionalidad, clausurando la democracia que se basa en la división de los poderes y las libertades públicas.

Esta discusión sería bizantina si no conllevase un trasfondo cultural. El intento de negar en la memoria histórica un hecho efectivo de insurrección armada en contra de un gobierno constitucional y una serie de abusos en contra de prisioneros, acciones ilegales, que estaban expresamente prohibidos por las reglas de la guerra. En lo medular, más allá de la argumentación política en pro o en contra del golpe militar, su justificación o repudio, en los hechos objetivos las fuerzas armadas actuaron siguiendo una doctrina de Seguridad Interior del Estado que estaba delineada en un contexto de alianza hemisférica en contra del enemigo ideológico en la guerra fría que se luchaba en las periferias de ambos imperios.

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Periodismo Independiente, Hernán Narbona Véliz, enero 2012.