.contraloria.cl/SicaProd/SICAv3-BIFAPortalCGR/faces/detalleInforme?docIdcm=0ee781aab153c76e7ee8a2552f81f657&_adf.ctrl-state=ap4bqiw5r_3&_afrRedirect=372347367457000" target="_blank" rel="nofollow nofollow" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px; line-height: 17.99715805053711px; background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.contraloria.cl/SicaProd/SICAv3-BIFAPortalCGR/faces/detalleInforme?docIdcm=0ee781aab153c76e7ee8a2552f81f657&_adf.ctrl-state=ap4bqiw5r_3&_afrRedirect=372347367457000
El doble
estándar es una forma de descomposición de las relaciones humanas y de la
política. En Chile hay una endeble escala de valores respecto a lo que es o no
correcto. Porque se condiciona el juicio a la condición de adversario o aliado:
Lo que es malo cuando lo hace el otro, se tolera o se encubre cuando lo hace
alguien de tus filas.
Ha sido el caso
de la forma como se ha tratado en los gobiernos de la Concertación el tema de reparación a víctimas de apremios
ilegítimos, de torturas, prisión política, exilio o exoneración política
durante el régimen de facto que irrumpió vía golpe de Estado, el 11 de septiembre
de 1973.
“Reparaciones simbólicas” fue el
argumento empleado por el Pdte. Lagos Escobar para justificar pensiones que se
concedieron por el monto mínimo, sin considerar, como decía la ley de
exonerados, el grado y cargo que desempeñaba la persona al momento de su desvinculación
forzada.
En ese sentido,
la ley era clara, si el solicitante, declarado exonerado político percibía al
ser exonerado una remuneración acorde a su jerarquía y función, se debía tomar
esa suma para los cálculos de la pensión. Tal predicamento ha sido establecido
en los dictámenes Nos 28.585, de
2004, y 10.343 de 2006, entre otros, de
la Contraloría General de la República.
En materia de
retornados, en el libro “Crónicas de Dos Siglos” relevé el tratamiento cuasi ilegal que se dio a las
reparaciones de los retornados, los que pudieron traer por un período, un
vehículo de hasta 10 mil dólares, pero esa franquicia la podían transferir a
terceros. Esto rompió las reglas básicas
aduaneras, toda vez que una franquicia es siempre personal e intransferible,
pero acá se permitió que se vendiera el
cupo a terceros. Muchos personeros partidarios del gobierno militar adquirieron
automóviles usados al amparo de esta franquicia, que le compraban a retornados.
A quienes se
beneficiaron con el bono de la Comisión Valech por haber sido declarados
“víctimas de prisión política y/o torturas”
se les otorgó una pensión vitalicia. Sin embargo, Lagos Escobar
declaró secretos por 50 años los
testimonios de las víctimas. Por lo tanto ellas se vieron impedidas de usar
esos testimonios en la vía judicial, lo que claramente buscó favorecer a los
victimarios.
En las medidas
reparatorias a las víctimas calificadas por la Comisión Valech , destacaba la
posibilidad que daban al afectado por torturas y/o prisión política de estudiar
a nivel universitario. Allí hubo una nueva veta para las malas prácticas, toda
vez que por edad y formación muchos de los potenciales beneficiarios no tenían
posibilidades de acceder a estudios superiores. Sin embargo, como había dineros
disponibles, hubo universidades como la de Humanismo Cristiano o la ARCIS, que
inventaron programas especiales para esos destinatarios, lo que se convirtió en
cursos que fueron ficticios, con matriculas a nombre de personas que nunca se
enteraron de haber sido alumnos, logrando de esta forma obtener recursos,
malversando y defraudando la fe pública.
En materia de
exonerados políticos, las prácticas corruptas significaron que se diera
pensiones a personas que para los hechos de 1973 eran menores o adolescentes, y a miles de
personas que declararon ser funcionarios de partidos políticos como si aquello
fuese parte del Estado o de la Administración pública. Para dar curso a esta
forma retorcida de entregar el beneficio reparatorio a quienes no calificaban,
parlamentarios extendieron vergonzosas
certificaciones en serie para la clientela electoral, lo que se tradujo en un
reparto de pensiones como prebendas o
cohecho. Raya para la suma, una corrupción entronizada, que si quieren
explicarla agrava más el delito cometido.
Todos los que
firmaron certificados acreditando que las personas habían sido exonerados
políticos son responsables de una mentira, ya que en gran número esas personas
eran a la fecha del golpe, menores de edad y se les justificó como militantes
de partidos asimilándolos a funcionarios públicos, situación de suyo irregular.
En la ley de Exonerados políticos, Nº 19.234 la calidad de exonerado político
dice relación con haber sido funcionario público o trabajador de empresas de
las señaladas expresamente por la ley y haber sido privado de su trabajo
(exonerado) por motivos políticos en el
lapso comprendido entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Desde una visión
progresista y como exonerado real de un
servicio público bajo el régimen militar, considero que la actitud clientelista
de todos esos parlamentarios que traficaron pensiones entre sus seguidores,
merece un fuerte repudio ético, por ser,
además, de una inconsecuencia intolerable. Con
este tipo de acciones se desprestigia el concepto de reparación y se pierde el
respeto por las víctimas efectivas, que sufrieron la exclusión de las listas negras. El reparto
populista e inmoral de pensiones significó, además, pasar a llevar la ley que
indicaba que la reparación debía ser calculando una remuneración concordante a
la que se tenía al momento de la medida política de exoneración. Claro, dando
pensiones al mínimo pudieron hacer la repartija grosera a mucha más gente que
significaba en definitiva, votos cautivos para los caudillos.
La corrupción no
se zanja jugando a empatar en corruptelas con el adversario político, por lo
tanto, querer argumentar que “más
robaron ellos”, es patético. Habla de
estilos canallescos en el quehacer político. Si ya la ciudadanía no los votó y
perdieron el poder después de 20 años, con estos antecedentes a la vista
debiera aumentar el repudio de la gente honesta a sus reiteradas conductas.
Por lo tanto,
ese tipo de especímenes deben ser erradicados del sistema político por la
ciudadanía, en especial por aquella que vivió las utopías y que se ha sentido
estafada por los 20 años de conductas que han violentado la ética pública,
llegando en casos como los mencionados al delito puro y simple.
Periodismo
Independiente, Hernán Narbona Véliz, 4
de enero de 2012.
