La
segunda parte de esta entrega de los temas más relevantes de fin de año versa
sobre la recién aprobada y publicada “Ley de Asociaciones Público Privadas”
(APPS). Después de varios años de estar en la Cámara de Diputados sin que se
registrara algún proceso al respecto, la Cámara Baja aprobó dicha minuta y fue
regresada al Senado con algunas observaciones mínimas, para posteriormente
enviarse al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales a que hubiera
lugar.
La
iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas fue presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal el 10 de
noviembre de 2009 ante el Congreso de la Unión.
Esta
norma busca la creación de un marco jurídico para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF)
con particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los
que se requiera construir
infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los
contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector
Público.
En
otras palabras y de acuerdo con Alejandro Guerrero Monroy, del centro IDEARSE,
una Asociación Público- Privada es un contrato
entre un inversor privado y el Gobierno para proveer un servicio concreto,
en una combinación de recursos, riesgos y beneficios.
El
pasado 14 de diciembre, el Senado de la
República aprobó sin modificaciones la minuta enviada desde la Cámara de
Diputados, misma que estuvo en dicha instancia detenida durante varios meses. El martes 20 de diciembre, el Presidente
Felipe Calderón firmó el decreto para publicar la ley en el Diario Oficial
de la Federación.
La
urgente necesidad de contar con un marco
regulatorio y jurídico de avanzada no se hizo esperar, pues justamente en
el centro de un entorno económico global complicado y la amenaza de la recesión
en Estados Unidos y Europa especialmente, por la crisis de deuda, es de toral
relevancia contar con los instrumentos que permitan un mayor dinamismo de la
economía nacional.
De
acuerdo con la Revisa Obras, desde el 27 de septiembre de 2011, voces del
sector privado como el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
(CMHN) y académicos, pidieron al Congreso de la Unión que aprobara la
Ley de Asociaciones Público-Privadas, debido a que representaría una inversión de 240,000 millones de pesos,
disponibles para impulsar el desarrollo de infraestructura en el país.
Según Metro Internacional,
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes prevé un mayor desarrollo de proyectos e inversión en materia
de infraestructura durante 2012, a partir de la aprobación de la Ley de
Asociación Público-Privada (APPs). El titular de la dependencia Dionisio Pérez
Jácome, dijo que este panorama se registrará porque dicha legislación brindará
más certidumbre a las inversiones que se esperan en este sector.
Como conclusión: La aprobación, firma de decreto y publicación de la Ley
de Asociaciones Público Privadas permitirá a nuestro país contar con un marco jurídico de vanguardia que incentive
las inversiones en el sector de la infraestructura productiva y social,
para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, mediante esquemas que
resulten favorables para el sector empresarial y para la administración
federal, donde se compartan riesgos y
beneficios. En el marco de una crisis global en puerta y con el riesgo de
la recesión, la herramienta legal de que disponemos ahora es vital para
reactivar la economía y generar mejores condiciones de competencia y
desarrollo.