Organización mexicana colabora con Comisión Europea con gestión empresarial - Empresas - Reeditor.com

Esto sobre las directrices para implementar la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), uno de los principales marcos regulatorios desarrollados en los últimos años para prevenir y atender impactos empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

La consulta de la Comisión Europea, realizada entre el 12 de junio y el 14 de agosto de 2026, buscó recabar evidencia y experiencia práctica para definir orientaciones sobre aspectos centrales de la aplicación de la Directiva.

Entre ellos la identificación y priorización de riesgos, la reparación, la verificación por terceros y la participación de las personas y comunidades potencialmente afectadas.

Las aportaciones incorporan una perspectiva construida a partir de la experiencia de organizaciones que trabajan directamente con personas trabajadoras, pueblos indígenas, comunidades y personas defensoras de derechos humanos en distintas regiones del mundo.

Garantizar gestión adecuada

Entre sus principales recomendaciones, las organizaciones advierten que la implementación de la CSDDD debe mantenerse fiel al enfoque de la ley en la acción efectiva y la participación, en lugar de convertirse en un ejercicio formal de cumplimiento basado exclusivamente en auditorías, certificaciones o listas de verificación.

Las aportaciones plantean que la “debida diligencia debe partir de los riesgos para las personas, las comunidades y el medio ambiente, y no de criterios de materialidad financiera, facilidad de implementación o conveniencia empresarial”, dicen las organizaciones.

También proponen incorporar un “análisis estructural e interseccional, capaz de identificar quiénes enfrentan impactos desproporcionados y cómo las relaciones económicas, institucionales y territoriales pueden producir o profundizar dichos impactos”.

Desde esta perspectiva, las “futuras directrices europeas deberían reconocer explícitamente las condiciones particulares en las que se producen los impactos empresariales en el Sur Global, incluyendo contextos atravesados por desigualdades históricas, despojo, corrupción, impunidad, debilidad institucional o restricciones al espacio cívico”, explica ProDESC.

“La importancia de estas directrices radica en cómo van a traducir las obligaciones de debida diligencia en decisiones concretas para las empresas”, señaló Eduardo Villarreal, coordinador de Análisis e Incidencia de ProDESC.

Ya que “nuestra experiencia acompañando a comunidades, pueblos indígenas y personas trabajadoras nos demuestra que los impactos más graves muchas veces ocurren precisamente donde hay menos información, mayores asimetrías de poder y menores posibilidades de alzar la voz”, agregó el coordinador.

En materia de priorización de riesgos, las contribuciones reiteran que “priorizar significa establecer una secuencia sobre qué problemáticas de derechos humanos y medio ambiente abordar primero”.

Comunidades y personas trabajadoras

Otro eje central que proponen estas organizaciones, es garantizar una “participación significativa, segura y continua de las personas titulares de derechos en todas las etapas de la debida diligencia”.

Esto incluye “identificación y priorización de riesgos, prevención, medidas para poner fin y reparar abusos, así como el seguimiento de su efectividad a largo plazo”.

Las organizaciones sostienen que la participación no puede reducirse a consultas puntuales ni limitarse a interlocutores designados por las propias empresas.

En el caso de los pueblos indígenas, “sus instituciones y formas propias de representación deben ser respetadas, y los procesos bajo la CSDDD no pueden sustituir el consentimiento libre, previo e informado cuando este sea aplicable”.

Asimismo, “las empresas deben crear las condiciones materiales necesarias para una participación efectiva —incluyendo traducción, transporte, cuidados, asesoría jurídica y técnica independiente o mecanismos comunitarios de monitoreo—“.

Además de respetar “la autonomía de las personas representantes y asesoras de las comunidades, así como la independencia de la evidencia presentada por estas”.

Por lo que “una implementación efectiva de la CSDDD, centrada en las personas titulares de derechos, será clave para que esta pueda desplegar todo su potencial como motor de condiciones realmente equitativas”, dicen en el comunicado.

Reparación y auditorías sociales

Las recomendaciones también subrayan que la reparación debe ser “adecuada, efectiva, oportuna y construida con las personas afectadas, contemplando medidas tanto individuales como colectivas”.

Y esto puede “comprender restitución, compensación, rehabilitación, restauración ambiental, satisfacción y garantías de no repetición”.

En cuanto a las auditorías y verificaciones externas, las organizaciones advierten del riesgo de que las empresas continúen dependiendo en exceso de ellas, aun cuando la CSDDD exige un enfoque más inteligente, colaborativo y eficaz.

Las aportaciones presentadas, coinciden en una premisa centra que es “una debida diligencia efectiva debe ir más allá de los procedimientos de cumplimiento y generar cambios en las prácticas empresariales fundamentales”.

Entre ellas se encuentran las “prácticas de compra, los precios, el diseño de proyectos, el financiamiento y otras decisiones corporativas capaces de generar o agravar riesgos, incluso en las cadenas de suministro”.

Se espera que la Comisión Europea utilice las contribuciones recibidas durante esta consulta como evidencia para orientar la elaboración de las futuras directrices de implementación de la CSDDD.