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La imagen del presidente cae tras el Mundial: su intento de prohibir cualquier mención a Malvinas en canchas quedó ridiculizado por los jugadores. Se sumaron las operaciones falsas: la mentira de que “entregaron la final” por la bandera o por cuestiones de la AFA. No solo no capitalizó nada: la gente vio claro toda la maniobra. Y aun así, cuando el país se siente más celeste y blanco que nunca, va por todo: eliminar todo límite a la compra de tierras por extranjeros, quitando restricciones de seguridad, porcentajes y soslayando que zonas estratégicas ya superan los umbrales vigentes. La alerta la dio hace años Leopoldo Despouy (AGN): se estimaba en 31,4 millones de acres —cerca de 13 millones de hectáreas— la superficie en manos o proceso de compra extranjera, muy concentrada en frontera, agua y recursos. Esa cifra se difundió erróneamente como “31 millones de hectáreas”; hoy confirma que es el 5% del total rural, bajo el techo legal del 15% de la Ley 26.737, pero con gravedad: 36 departamentos ya superan ese límite, algunos al 50%, ocultos bajo figuras societarias. La ley puso límites; decretos como el de Macri los flexibilizaron. Hoy se busca borrarla por completo. La pregunta es inevitable: ¿cómo funcionan las normas en los países que se toman como referencia? ESTADOS UNIDOS Compra de tierras: Sin techo nacional; la Ley AFIDA obliga declarar desde 4,05 hectáreas; cada estado define sus reglas. En total, el 2% del territorio y 3,6% de la tierra agrícola está en manos extranjeras. Pueblos originarios: Son naciones soberanas reconocidas. Administran reservas y co-gestionan áreas protegidas con gobierno propio. Cualquier explotación en sus tierras requiere su consentimiento y pago de regalías directas. No tienen escaños fijos, pero participan obligatoriamente en consultas legislativas y cuentan con representantes electos en el Congreso. Sus tierras son inalienables a extranjeros por ley federal. UNIÓN EUROPEA Compra de tierras: Igualdad de trato entre ciudadanos y empresas de la UE; personas de fuera suelen necesitar autorización previa. Sin porcentaje uniforme, el promedio de tierras en manos extranjeras es menor al 3%. Pueblos originarios: La protección varía según el país; en general, sus territorios quedan fuera del mercado libre, con reconocimiento de derechos históricos y gestión comunitaria. AUSTRALIA Compra de tierras: Rige la Ley de Adquisiciones Extranjeras: se necesita autorización para activos rurales mayores a 15 millones de dólares australianos; desde 2025 está prohibido a extranjeros comprar viviendas ya construidas. El 2,7% de la tierra agrícola es extranjera. Pueblos originarios: Tienen propiedad comunitaria intransferible. Toda explotación requiere su aprobación y pago de regalías, que pueden llegar hasta el 40%. Administran sus territorios mediante consejos propios con autonomía de gestión. NUEVA ZELANDA Compra de tierras: Control estricto para no residentes; autorización obligatoria para superficies o zonas estratégicas. Pueblos originarios (maoríes): Por el Tratado de Waitangi cuentan con 7 escaños reservados en el Parlamento nacional. Cualquier uso de sus tierras o recursos necesita acuerdo y pago de regalías; existen tribunales especiales para resolver reclamaciones históricas. ARGENTINA La Ley 26.737 fija el 15% máximo de tierras rurales para extranjeros; 1.000 hectáreas por titular en zona núcleo; prohibición expresa en frontera y zonas hídricas estratégicas. A su vez, la Ley 26.160 de 2006 ordena reconocer y regularizar tierras de pueblos originarios, con una prórroga que vence en septiembre de este año. Ambas responden al mandato constitucional de respetar su preexistencia étnica y la propiedad comunitaria inajenable. ⚖️ EL PARALELISMO QUE LO DICE TODO Con los capitales extranjeros: se avanza rápido, se quitan límites, se flexibilizan normas y se apura para entregar tierras. Con los pueblos originarios: la ley existe hace 20 años (de los cuales 13 años fueron del gobierno Kirchnerista que la aprobó y tampoco reglamentó), la Constitución lo manda, pero no se aplica del todo, se prorroga indefinidamente y se demora lo que les pertenece por derecho y por historia. Mientras en otras naciones los pueblos originarios tienen voz, decisión, control y beneficios sobre sus tierras; aquí se apura la entrega del suelo nacional a intereses externos, y se sigue postergando el reconocimiento de quienes estuvieron aquí desde antes de ser Argentina. Se quita la Ley. Se entrega la tierra. Y se olvida —o se traiciona— el sentido profundo de lo que significa ser argentino.