. Y si ello es así en el orden
económico-productivo, o en el institucional-político, o en el ámbito de la
seguridad personal y ciudadana, también lo es y de manera más ostentosa y
dramática en el campo de la vulnerabilidad nacional ante los cambios
climáticos.
Cierto que éstos tienden ha
acrecentar las dificultades propias de los prolongados inviernos o de las
extendidas sequías, en Venezuela o en cualquier región de América Latina y el
mundo, pero no lo es menos que la disminuida capacidad de prevención y
respuesta del Estado venezolano hace que esas dificultades connaturales se
conviertan en tragedias sociales que, además, ponen de manifiesto la situación
de extrema precariedad de la infraestructura del país.
Los temporales invernales de estos
mismos días hablan por sí mismos. Medio país está en emergencia y la población
anda en ascuas apenas empieza la lluvia del día. La sensación de desamparo se
generaliza y cunde una indignación plenamente injustificada ante la falta crasa
de previsión, coordinación y dedicación a enfrentar los problemas puntuales. Y
hasta hay algo más, porque la concentración oficial en la realización de la
reciente cumbre de la Celac hizo que se ignoraran las implicaciones de las
anunciadas tormentas.
Peor aún, la mayoría de los
damnificados y refugiados de las vaguadas de diciembre de 2010, se encuentran
igualmente damnificados y refugiados. La cacareada Ley Habilitante del 2010,
supuestamente sustentada en la necesidad de dotar al Gobierno nacional de
instrumentos legales y suficientes recursos para encarar eventualidades
similares, se fue por las quebradas de la negligencia. Y si en el 2010 se
constituyó un comando central para tratar de canalizar las urgencias, en el
2011 nada de eso ha ocurrido, por lo menos hasta la fecha.
El mantenimiento preventivo de las
principales vías urbanas y nacionales se ha desatendido de forma dolosa, y ello
explica la incomunicación de la región andina y zuliana, o la grave
descomposición de arterias caraqueñas, o de las carreteras y autopistas del
centro-norte-costero del país. La corrosión operativa del MTC, ahora MTT, salta
a la vista. Mientras crece la burocracia decrece la posibilidad de siquiera
cumplir el mínimo de responsabilidades legales.
El sectarismo gubernativo del
oficialismo rojo hace imposible, por ejemplo, que todas las autoridades
municipales de Caracas puedan trabajar en conjunto, o que lo hagan los
gobernadores del Táchira, Zulia, Miranda, Lara, Carabobo y Nueva Esparta con
los responsables civiles y militares del Estado nacional. La re-centralización
de competencias administrativas de estados y municipios a los despachos
ministeriales complica todavía más las tareas técnicas del sector público. Ni
lavan ni prestan la batea, y si algunos medios se afincan en el tema de las emergencias,
de inmediato se les acusa de alarmistas y fabricantes de zozobra.
En fin, el proceder improvisado,
excluyente y arrogante del Estado bolivarista logra que se potencien los
resultados nocivos de las inclemencias climáticas, y todo ello a pesar de los
cuantiosos recursos presupuestarios que se disponen pero que no se ven ni se
sienten. No hay derecho que una temporada de aguaceros ponga a Venezuela en
tres y dos. Y es que los aguaceros que más causan perjuicios no son los
ambientales sino los de la "revolución".
flegana@gmail.com
