. Su existencia no es solo una herencia organizativa del sector agrícola, sino una expresión concreta de gestión territorial desde abajo. En el contexto de la Visión Perú al 2050, estas organizaciones pueden y deben asumir un rol más estratégico, no solo operativo. Son actores intermedios entre el Estado y las comunidades, con capacidad de articulación, gestión y representación, siempre que su estructura interna esté fortalecida.
Desde su diseño institucional, las juntas operan en los márgenes del Estado, pero con respaldo normativo y legitimidad social. Distribuyen el recurso, operan infraestructura, cobran tarifas, resuelven conflictos locales y canalizan demandas colectivas. No obstante, su desempeño no es homogéneo. En muchos casos, subsisten brechas en capacidades técnicas, autonomía financiera y calidad de liderazgo. El reto no es solo ampliar su cobertura, sino asegurar que funcionen con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad.
La coordinación con el Estado es un punto neurálgico. Si bien existen mecanismos formales (como los consejos de cuenca o los espacios de planificación regional), en la práctica muchas veces la articulación es débil o simbólica. El Estado suele actuar de forma fragmentada y vertical, lo cual reduce la efectividad de estas instancias. Invertir en fortalecer los vínculos técnicos y políticos entre las juntas y los distintos niveles de gobierno no es un lujo institucional, sino una condición básica para una gestión descentralizada y participativa del agua.En relación con las comunidades, las juntas tienen un potencial que aún no se ha desplegado del todo. Cuando funcionan bien, permiten canalizar la participación directa de los usuarios, sostener acuerdos mínimos y establecer prácticas colectivas. Pero en zonas rurales dispersas o con conflictos latentes, el proceso organizativo es más frágil. En esos casos, el soporte estatal debe ir más allá de la fiscalización y concentrarse en la formación de capacidades, la mediación de conflictos y el reconocimiento de formas locales de organización que no siempre coinciden con el molde normativo.Con respecto al desarrollo sostenible, el aporte de las juntas es doble. Por un lado, gestionan el uso agrícola del agua, que representa la mayor parte de la demanda hídrica nacional. Por otro, actúan como guardianas operativas de la infraestructura menor, muchas veces sin respaldo presupuestal ni reconocimiento técnico. La sostenibilidad del sistema depende en buena medida de que estas organizaciones logren autonomía técnica y financiera. Eso implica repensar el modelo tarifario, revisar el enfoque de intervención estatal y valorar de forma más justa el servicio colectivo que prestan.La Visión Perú al 2050 plantea una transformación estructural del país en términos de institucionalidad, territorio y sostenibilidad. En ese horizonte, las juntas de usuarios no deben ser vistas como actores secundarios o puramente agrarios. Son nodos de gobernanza local que, si se fortalecen adecuadamente, pueden articular intereses, construir legitimidad y sostener procesos concretos de gestión integrada. No basta con normarlas o fiscalizarlas. Se requiere una estrategia pública que reconozca su rol estructural y las integre activamente en el diseño del futuro hídrico del país.
