En el Perú, aunque el marco legal, como la Ley de Recursos Hídricos, reconoce el valor ambiental del agua y exige una gestión sostenible, la aplicación práctica de estos principios es deficiente. Las juntas de usuarios, que tienen el rol de operar infraestructura de riego y formar parte de los consejos de cuenca, a menudo se limitan a ser simples distribuidoras del recurso sin asumir una responsabilidad ecosistémica.



