Enfoque ambiental en las juntas de usuarios de agua: una perspectiva nacional - Agronomía - Reeditor.com

. La Ley de Recursos Hídricos reconoce el valor ambiental del recurso y exige, al menos en principio, que las organizaciones de usuarios lo gestionen no solo como insumo productivo, sino como componente de un ecosistema. Las juntas de usuarios tienen un rol explícito en esa arquitectura: operan infraestructura menor, distribuyen agua de riego, y forman parte de los consejos de cuenca. También están obligadas, por norma, a usar el recurso de forma eficiente y sostenible. Pero lo cierto es que ese mandato ambiental rara vez se traduce en acción concreta.
En la práctica, muchas juntas siguen operando como simples repartidoras del recurso, sin mayor responsabilidad frente al ecosistema. La capacidad técnica para aplicar criterios ambientales es limitada o inexistente. No se mide calidad del agua, no se calcula caudal ecológico, no se planifica con lógica de cuenca. La infraestructura responde a criterios hidráulicos antiguos, no a procesos ecológicos. Y en varios casos, la preocupación principal sigue siendo recaudar aportes y mantener canales, lo cual no está mal, pero tampoco es suficiente si se busca sostenibilidad.

Algunas herramientas han intentado corregir esa inercia. El Programa de Fortalecimiento a Juntas de Usuarios (PROFOJUA) propone un camino progresivo: diagnosticar capacidades, elaborar planes de mejora, profesionalizar la gestión. En teoría, cada junta debería tener un plan operativo con metas, asistencia técnica y evaluación periódica. Pero en la práctica, muchas veces el proceso se reduce a un trámite o se ejecuta sin convicción.

Algo similar ocurre con los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Existen experiencias valiosas en varias regiones del país donde juntas de usuarios han financiado protección de cabeceras, reforestación o cosecha de agua. Pero estas iniciativas son todavía excepcionales, no la regla. La lógica dominante sigue siendo la de aprovechar el agua disponible, no la de proteger la fuente.

Este rezago tiene implicancias serias. Sin una gestión ambiental activa, las juntas corren el riesgo de volverse irrelevantes frente a los desafíos actuales: sequías prolongadas, sobreexplotación, conflictos entre usos, pérdida de fuentes. Y, al mismo tiempo, pierden legitimidad social ante otras instituciones o actores que sí operan con criterios ambientales.

No se trata de sobrecargar a las juntas con funciones que no pueden asumir, sino de exigir que aquello que ya está en la ley se vuelva operativo. Que el enfoque ambiental no sea solo un enunciado, sino una práctica. Eso implica capacitar, fiscalizar, pero también decidir. Porque mantener el statu quo no es neutral: es elegir no hacer nada frente a un deterioro cada vez más evidente.