. A pesar de ser una de las organizaciones más relevantes en la gestión del riego en Piura, sus debilidades estructurales, técnicas y sociales comprometen seriamente la sostenibilidad del recurso hídrico y el bienestar de miles de agricultores.
La infraestructura que administra esta junta está lejos de responder a las demandas actuales. Canales con fugas, reservorios deteriorados y escasa tecnificación son el reflejo de años de abandono y desinversión. En plena era de cambio climático, perder más del 30% del agua disponible en el trayecto desde la fuente hasta el cultivo no solo es ineficiente, sino irresponsable. La modernización del riego no puede seguir siendo un discurso técnico sin acción política y presupuestal concreta.
Pero el problema no es solo técnico. La Junta de Usuarios La Chira reproduce dinámicas de exclusión que afectan la equidad en el acceso y la toma de decisiones. Los pequeños agricultores, que son mayoría, tienen escasa representación. Las mujeres y los jóvenes, aún menos. Esto evidencia un serio déficit democrático en la gestión del agua, donde los intereses de los grandes agroexportadores suelen imponerse. La Ley N.º 30157, que promueve una gestión más participativa y plural, aún no logra materializarse en la práctica.En paralelo, el contexto ambiental se vuelve cada vez más adverso. La sobreexplotación del recurso para cultivos intensivos en agua, como el banano o el mango, sin una estrategia de recarga o conservación hídrica, acelera el agotamiento de los acuíferos. Mientras tanto, la Junta permanece al margen de los espacios de gestión integrada del agua a nivel de cuenca, perdiendo la oportunidad de incidir en decisiones clave sobre uso, planificación y sostenibilidad.Es evidente que no basta con mantener operativa la infraestructura o cobrar tarifas de riego. La Junta necesita transformarse en una organización con visión territorial, capaz de representar de forma justa a sus usuarios y de actuar con responsabilidad ambiental. Esto implica transparentar sus decisiones, reformar su gobernanza, invertir en innovación y, sobre todo, asumir el agua no como un bien comercial, sino como un derecho y un bien común.No se trata de señalar culpables individuales, sino de reconocer una crisis sistémica que exige respuestas colectivas. El Estado, los gobiernos regionales, las comunidades de usuarios y la sociedad civil deben articularse para garantizar una gestión del agua más inclusiva, eficiente y resiliente. La oportunidad está en transformar esta crisis silenciosa en una agenda urgente de reforma y justicia hídrica.
