. Profesionales que por conocimientos teóricos o por experiencias que conocieron, consideraban que sus propuestas serían viables, si no lo has vivido y experimentado difícilmente puedes argumentar y presentar alternativas de solución.
A inicios de los años 2000, se concibió que era necesario que la planificación territorial se realice mediante un diálogo con la población que vivía el día a día en su comunidad; es así que surge, la planificación y presupuesto participativo en diversos municipios, a fin de que las alcaldías realicen obras que realmente necesita la población. Es decir, la participación ciudadana era importante para la toma de decisiones por parte de la gestión gubernamental, en la asignación de los recursos y de las acciones que se debería desarrollar en la mejora de sus territorios. Esto en respuesta, a que se observaba casos, en la que las alcaldías, habían construido infraestructuras sobredimensionada que muchas veces la población ni siquiera la necesitaba y no se estaba respondiendo a las auténticas necesidades de la población. Es así, que, en los últimos años, este momento de participación se ha institucionalizado en la ciudadanía, incluso la población está atenta cada año para participar en el Presupuesto Participativo, con la finalidad de expresar sus necesidades de forma organizada.
Este proceso que se viene implementando con sus aciertos y errores entre los municipios y la ciudadanía, debería trasladarse a otros sectores, como el sector agrario que necesita que los gobiernos emitan políticas públicas que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible (en la búsqueda principalmente de la reducción de la pobreza rural), las cuales deben ser formuladas de forma participativa con la expresión de la problemática, soluciones y desafíos de las organizaciones de productores (cooperativas agrarias, asociaciones de productores y otros modelos representativos), en vista que son los protagonistas de los hechos que afrontan a diario durante cada uno de los eslabones de la cadena productiva; desde la producción, procesamiento, manejo postcosecha, transformación, transporte, distribución y comercialización de su producción agraria.Este modelo de participación debe ser emprendido por los gobiernos nacionales, para asegurar que el sector agrario, pueda solucionar problemas álgidos que vienen por más de 30 años, cuya protagonista es la agricultura familiar, que está postergada en su mejoría económica y por ende en mejorar el nivel de vida de millones familias agricultoras. Este proceso al que me refiero es la Gobernanza Agraria, entendida como la capacidad para generar políticas públicas que resulten del diálogo y de la concertación entre el Estado y la sociedad civil que participa activamente en la cadena productiva, buscando beneficios en la gestión de la cadena. Esta gobernanza implica que esta concertación participativa debe estar definida por reglas de juego o normas que permita que todos los actores puedan expresarse con libertad.Estos procesos son transcendentales, porque se obtendrán: leyes, normas, reglamentos, decretos y todo modelo de política pública, que realmente necesitan las familias agricultoras, mediante la representación de sus organizaciones de productores y de sus gremios nacionales, y así evitar que gestores o consultores públicos del gobierno, desde un sesgo o con conocimientos netamente teóricos pueda proponer políticas públicas que no se ajustan a la realidad.Desde mi experiencia, “escuchar” a las familias agricultoras sobre sus vivencias diarias en el manejo productivo o de postcosecha o de la comercialización de sus productos, me ha permitido que se formulen propuestas que responden realmente a sus necesidades; y que estas propuestas puedan implementarse con toda su dedicación, porque responden a su sentir. Lo que hace el profesional es “ayudarlos a que técnicamente sea viable” y lo que hace el gobierno es que políticamente además sea viable, porque tiene las facultades para hacerlo política pública, debido a que este documento regirá las normas y procedimientos para que la ejecución presupuestal de un gobierno llegue a la población, contribuyendo así a la reducción de brechas y a la reducción de la pobreza.Los organismos privados como las ONGs o la Cooperación Internacional pueden hacer todos estos esfuerzos por promover innovaciones de desarrollo rural sostenible como producto de la participación consensuada con las familias agrarias y sus organizaciones de productores, pero solo el Estado lo propone como política pública y puede liderar este equilibrio perfecto de articulación entre el sector público, el sector privado, el sector cooperante y la sociedad civil para hacer procesos sostenibles, a todo esto se llama Gobernanza Agraria. No es difícil hacerlo, sí requiere mucha dedicación, pero cuando existe voluntad todo es posible.
