¿Se debería legalizar el consumo de drogas en el mundo?
Por: Gonzalo Andrés Muñoz.
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El planeta
entero está hablando nuevamente del fracaso de la lucha contra las drogas y de
la necesidad de legalizar su consumo.
El pasado 24 de junio se lanzo en Bogotá el Informe mundial de drogas 2011
cuyas cifras muestran, aparentemente, un panorama positivo para Colombia en su
combate contra el narcotráfico. El documento elaborado por la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) destaca una reducción cercana
a 13 % en el área de cultivos de coca en Colombia, que pasó de 68.000 a 59.000
hectáreas. La cifra es relevante si se tiene en cuenta que en 2000 el área con
cultivos ilícitos alcanzaba las 163.000 hectáreas.
Y no es la única noticia buena. Además de la reducción
de cultivos ilícitos, en 2010 se incautaron 173.000 kilos de cocaína y 292.000
de marihuana, fueron destruidos 2.602 laboratorios de procesamiento de
alcaloides y se fumigaron 146.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Estos resultados permitieron que la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) recomendara excluir a
Colombia de la lista de países que requieren un monitoreo especial en materia
de lucha contra la oferta y demanda de drogas ilícitas, en la que ha estado
durante los últimos 20 años.
Sin embargo, estas cifras no ofrecen razones
suficientes para celebrar. En el estricto sentido de la palabra, el país y el
mundo han tenido una victoria pírrica en materia de lucha contra el tráfico de
estupefacientes.
Colombia sigue siendo el principal productor de
cocaína del planeta, al proveer 80 % de la que se vende en Estados Unidos. Y por
su parte EE.UU. es el principal comprador, con unos 35 millones de consumidores
habituales.
En la Tierra ya hay 250 millones de usuarios de drogas
(seis veces la población de Colombia), según los conservadores estimativos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, la estrategia de perseguir y penalizar ha
terminado en el fortalecimiento de grandes bandas criminales, con poderosos
ejércitos de asesinos que han puesto contra la pared a sociedades y gobiernos,
tal como lo pone en evidencia el caso mexicano.
Claramente, la guerra contra las drogas es un estudio
de caso sobre cómo lograr resultados contrarios, a costos elevadísimos y con
beneficios muy limitados.
Es un documento de 24 páginas, que ratifica que la
lucha contra las drogas es la estrategia mundial que más tiempo, recursos y
vidas humanas ha invertido en fracasar estruendosamente, consignando a su paso
cifras monumentales de dinero.
A Estados Unidos el principal abanderado en la materia
le cuesta anualmente US$193.000 millones esta guerra que ellos mismos
inventaron. La lucha contra las drogas está sustentada en el miedo y su tesis
central es que de dos males, el menor. Hoy, ante este panorama, nadie puede
afirmar que los carteles, la violencia, la corrupción y la amenaza real a las
democracias son el "menos malo" de los resultados posibles.
A pesar de que el diagnóstico es tan claro y cada vez
más personas están de acuerdo con él, nadie ha atinado a proponer salidas
efectivas y reales al problema. Por eso, el consenso apunta a que la guerra
contra las drogas es un fiasco que resulta imposible desmontar. No obstante,
esta es una posición fatalista, que desconoce el contenido político del
problema, pues con la voluntad de los pueblos y los gobiernos se pueden
encontrar salidas.
Por eso es posible soñar con un cambio de rumbo.
América Latina ha empezado a liderar la agenda internacional en los últimos
diez años y hoy tiene la oportunidad para llevar esta discusión a instancias
como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA). Es necesario empezar
a hacer ruido, con una tarea seria de lobby internacional.
Aprovechar esta ventana de oportunidad para que el
tema se consolide en la agenda global es una tarea inaplazable. En particular,
es la oportunidad para que el gobierno colombiano deje de darle la bienvenida
al debate y pase a ser su promotor e impulsor. En otras palabras, el presidente
Santos debería pasar de sentirse un simple invitado a ser el anfitrión del
debate. Si no lo hacen países como Colombia y México, nadie más tiene la
autoridad y el conocimiento para hacerlo.
Esta recomendación le cae como anillo al dedo al
presidente Santos, quien tiene interés en ejercer un liderazgo regional; el
flagelo de las drogas es un tema ideal para tomar la vocería.
Impulsar una nueva estrategia para la política antidroga exige concretar las
propuestas y divisar los escenarios donde se dará la pelea.
A pesar del pesimismo de muchos, el mundo no arranca
de ceros. Hay experiencias que dejan enseñanzas innovadoras y, por eso,
valiosas.
En Portugal, la legalización al consumo y porte de
drogas se dio en 2001. La medida sirvió especialmente para frenar el consumo de
heroína, una de las preocupaciones centrales de los lusitanos y de muchos
países europeos. Eso vino acompañado de un fortalecimiento en el sistema de
atención a los adictos, muchos de los cuales empezaron a acudir al médico en
busca de ayuda una vez sintieron que ya no eran vistos como delincuentes.
Holanda asumió un esquema de liberalización del
consumo a través de los coffee shops. En esos sitios se puede comprar y
consumir libremente la marihuana. Por el contrario, San Francisco mantuvo una
política de penalización para los consumidores de cannabis. La conclusión es
que ni la liberalización (como en Holanda) aumenta el consumo, ni la
prohibición (como en San Francisco) lo reduce.
Otro caso interesante es el del estado de Australia
Occidental, que empezó desde 2004 a flexibilizar su sistema de penas para el
consumo de marihuana. El asunto no era permitir libremente los estupefacientes,
sino cambiar el tipo de sanción al que se exponían los ciudadanos. El
experimento consistía en reemplazar las sanciones penales por sanciones
administrativas. El resultado fue una caída en el consumo de esa droga.
Países Bajos, Suiza y Reino Unido también han
implementado otros programas para enfrentar las dificultades derivadas del uso
de la heroína, la más problemática de las drogas. Todos ellos con resultados
más efectivos que los obtenidos en el marco de la penalización.
El otro asunto clave en la discusión sobre el futuro
de las estrategias antidrogas es el aspecto político. Hasta el momento, los
académicos han sido los que han puesto el tono en la discusión. Es hora de
llevar el asunto a otro nivel y otros escenarios: el tema tiene que pasar por
las urnas.
No serán los gobiernos sino los ciudadanos quienes
deberán terciar en una salida para despenalizar el consumo. La legalización,
despenalización o tolerancia como se le quiera llamar, es un tema políticamente
radiactivo para cualquier gobierno en Washington, Bogotá o México. Por eso, el
cambio no vendrá por la vía de los gobiernos sino de los electores o votantes,
a través de mecanismos directos.
No será posible modificar la estrategia de la Guerra,
si la ciudadanía no asume una actitud distinta frente a la problemática y exige
de sus gobiernos estrategias nuevas, más eficientes, menos costosas y, al final
de cuentas, más humanas.
El narcotráfico se está volviendo una amenaza para los
sistemas democráticos. El comercio de las drogas, la politización de los
criminales y la criminalización de los políticos. El enfoque principal de la
lucha no debería ser frenar el uso de drogas por parte de los adictos. Debería
ser sobre cómo detener a los criminales para impedir que se tomen los gobiernos
alrededor del mundo.
Otro punto importante es llevar el tema hacia un
escenario multilateral. En ese caso sería necesario revisar la convención
internacional contra las drogas de 1961. Sin embargo, recuerden que, en 2009,
el presidente Evo Morales planteó ante Naciones Unidas la despenalización del
mambeo de coca, una actividad que está permitida por la Constitución de Bolivia
por ser una costumbre ancestral y una expresión cultural del pueblo. El
resultado: 17 países del foro internacional se opusieron radicalmente al tema, comenzando
por naciones como Francia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y
México, entre otros.
Lo que el mundo no ha logrado resolver es cómo reducir
el incentivo que tiene la actual estructura del mercado de drogas. Los altos
precios y los márgenes que crecen a medida que se utilizan cadenas de
distribución más compleja son la nuez del negocio.
Aquí el reto es enorme. ¿En algún momento de la
discusión será posible hablar de despenalizar la producción? Aunque hoy es
prácticamente imposible tratar el tema, algunos ya han planteado opciones para
intervenir el mercado y reducir sus elevados beneficios económicos.
Así como es posible regular la producción, habría que
pensar en esquemas para regular la comercialización de materias primas e
insumos, por ejemplo. Sin lugar a dudas, el portafolio de propuestas puede ser
más amplio; pero si no se reducen los incentivos económicos, es imposible que
las bandas criminales asociadas al negocio piensen en otras opciones de
ingreso.
Dar un cambio de rumbo a la política antidrogas mundial es una urgencia.
Colombia tiene una buena oportunidad para insistir en el tema. Participar
activamente de esta revolución sería un logro histórico.
