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¿Se debería legalizar el consumo de drogas en el mundo?


Inicio > Política Internacional
22/11/2011


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Por: Gonzalo Andrés Muñoz.




































El planeta entero está hablando nuevamente del fracaso de la lucha contra las drogas y de la necesidad de legalizar su consumo.















El pasado 24 de junio se lanzo en Bogotá el Informe mundial de drogas 2011 cuyas cifras muestran, aparentemente, un panorama positivo para Colombia en su combate contra el narcotráfico. El documento elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) destaca una reducción cercana a 13 % en el área de cultivos de coca en Colombia, que pasó de 68.000 a 59.000 hectáreas. La cifra es relevante si se tiene en cuenta que en 2000 el área con cultivos ilícitos alcanzaba las 163.000 hectáreas.

Y no es la única noticia buena. Además de la reducción de cultivos ilícitos, en 2010 se incautaron 173.000 kilos de cocaína y 292.000 de marihuana, fueron destruidos 2.602 laboratorios de procesamiento de alcaloides y se fumigaron 146.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Estos resultados permitieron que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) recomendara excluir a Colombia de la lista de países que requieren un monitoreo especial en materia de lucha contra la oferta y demanda de drogas ilícitas, en la que ha estado durante los últimos 20 años.

Sin embargo, estas cifras no ofrecen razones suficientes para celebrar. En el estricto sentido de la palabra, el país y el mundo han tenido una victoria pírrica en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del planeta, al proveer 80 % de la que se vende en Estados Unidos. Y por su parte EE.UU. es el principal comprador, con unos 35 millones de consumidores habituales.

En la Tierra ya hay 250 millones de usuarios de drogas (seis veces la población de Colombia), según los conservadores estimativos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, la estrategia de perseguir y penalizar ha terminado en el fortalecimiento de grandes bandas criminales, con poderosos ejércitos de asesinos que han puesto contra la pared a sociedades y gobiernos, tal como lo pone en evidencia el caso mexicano.

Claramente, la guerra contra las drogas es un estudio de caso sobre cómo lograr resultados contrarios, a costos elevadísimos y con beneficios muy limitados.

Es un documento de 24 páginas, que ratifica que la lucha contra las drogas es la estrategia mundial que más tiempo, recursos y vidas humanas ha invertido en fracasar estruendosamente, consignando a su paso cifras monumentales de dinero.

A Estados Unidos el principal abanderado en la materia le cuesta anualmente US$193.000 millones esta guerra que ellos mismos inventaron. La lucha contra las drogas está sustentada en el miedo y su tesis central es que de dos males, el menor. Hoy, ante este panorama, nadie puede afirmar que los carteles, la violencia, la corrupción y la amenaza real a las democracias son el "menos malo" de los resultados posibles.

A pesar de que el diagnóstico es tan claro y cada vez más personas están de acuerdo con él, nadie ha atinado a proponer salidas efectivas y reales al problema. Por eso, el consenso apunta a que la guerra contra las drogas es un fiasco que resulta imposible desmontar. No obstante, esta es una posición fatalista, que desconoce el contenido político del problema, pues con la voluntad de los pueblos y los gobiernos se pueden encontrar salidas.

Por eso es posible soñar con un cambio de rumbo. América Latina ha empezado a liderar la agenda internacional en los últimos diez años y hoy tiene la oportunidad para llevar esta discusión a instancias como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA). Es necesario empezar a hacer ruido, con una tarea seria de lobby internacional.

Aprovechar esta ventana de oportunidad para que el tema se consolide en la agenda global es una tarea inaplazable. En particular, es la oportunidad para que el gobierno colombiano deje de darle la bienvenida al debate y pase a ser su promotor e impulsor. En otras palabras, el presidente Santos debería pasar de sentirse un simple invitado a ser el anfitrión del debate. Si no lo hacen países como Colombia y México, nadie más tiene la autoridad y el conocimiento para hacerlo.

Esta recomendación le cae como anillo al dedo al presidente Santos, quien tiene interés en ejercer un liderazgo regional; el flagelo de las drogas es un tema ideal para tomar la vocería.

Impulsar una nueva estrategia para la política antidroga exige concretar las propuestas y divisar los escenarios donde se dará la pelea.

A pesar del pesimismo de muchos, el mundo no arranca de ceros. Hay experiencias que dejan enseñanzas innovadoras y, por eso, valiosas.

En Portugal, la legalización al consumo y porte de drogas se dio en 2001. La medida sirvió especialmente para frenar el consumo de heroína, una de las preocupaciones centrales de los lusitanos y de muchos países europeos. Eso vino acompañado de un fortalecimiento en el sistema de atención a los adictos, muchos de los cuales empezaron a acudir al médico en busca de ayuda una vez sintieron que ya no eran vistos como delincuentes.

Holanda asumió un esquema de liberalización del consumo a través de los coffee shops. En esos sitios se puede comprar y consumir libremente la marihuana. Por el contrario, San Francisco mantuvo una política de penalización para los consumidores de cannabis. La conclusión es que ni la liberalización (como en Holanda) aumenta el consumo, ni la prohibición (como en San Francisco) lo reduce.

Otro caso interesante es el del estado de Australia Occidental, que empezó desde 2004 a flexibilizar su sistema de penas para el consumo de marihuana. El asunto no era permitir libremente los estupefacientes, sino cambiar el tipo de sanción al que se exponían los ciudadanos. El experimento consistía en reemplazar las sanciones penales por sanciones administrativas. El resultado fue una caída en el consumo de esa droga.

Países Bajos, Suiza y Reino Unido también han implementado otros programas para enfrentar las dificultades derivadas del uso de la heroína, la más problemática de las drogas. Todos ellos con resultados más efectivos que los obtenidos en el marco de la penalización.

El otro asunto clave en la discusión sobre el futuro de las estrategias antidrogas es el aspecto político. Hasta el momento, los académicos han sido los que han puesto el tono en la discusión. Es hora de llevar el asunto a otro nivel y otros escenarios: el tema tiene que pasar por las urnas.

No serán los gobiernos sino los ciudadanos quienes deberán terciar en una salida para despenalizar el consumo. La legalización, despenalización o tolerancia como se le quiera llamar, es un tema políticamente radiactivo para cualquier gobierno en Washington, Bogotá o México. Por eso, el cambio no vendrá por la vía de los gobiernos sino de los electores o votantes, a través de mecanismos directos.

No será posible modificar la estrategia de la Guerra, si la ciudadanía no asume una actitud distinta frente a la problemática y exige de sus gobiernos estrategias nuevas, más eficientes, menos costosas y, al final de cuentas, más humanas.

El narcotráfico se está volviendo una amenaza para los sistemas democráticos. El comercio de las drogas, la politización de los criminales y la criminalización de los políticos. El enfoque principal de la lucha no debería ser frenar el uso de drogas por parte de los adictos. Debería ser sobre cómo detener a los criminales para impedir que se tomen los gobiernos alrededor del mundo.

Otro punto importante es llevar el tema hacia un escenario multilateral. En ese caso sería necesario revisar la convención internacional contra las drogas de 1961. Sin embargo, recuerden que, en 2009, el presidente Evo Morales planteó ante Naciones Unidas la despenalización del mambeo de coca, una actividad que está permitida por la Constitución de Bolivia por ser una costumbre ancestral y una expresión cultural del pueblo. El resultado: 17 países del foro internacional se opusieron radicalmente al tema, comenzando por naciones como Francia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y México, entre otros.

Lo que el mundo no ha logrado resolver es cómo reducir el incentivo que tiene la actual estructura del mercado de drogas. Los altos precios y los márgenes que crecen a medida que se utilizan cadenas de distribución más compleja son la nuez del negocio.

Aquí el reto es enorme. ¿En algún momento de la discusión será posible hablar de despenalizar la producción? Aunque hoy es prácticamente imposible tratar el tema, algunos ya han planteado opciones para intervenir el mercado y reducir sus elevados beneficios económicos.

Así como es posible regular la producción, habría que pensar en esquemas para regular la comercialización de materias primas e insumos, por ejemplo. Sin lugar a dudas, el portafolio de propuestas puede ser más amplio; pero si no se reducen los incentivos económicos, es imposible que las bandas criminales asociadas al negocio piensen en otras opciones de ingreso.







Dar un cambio de rumbo a la política antidrogas mundial es una urgencia. Colombia tiene una buena oportunidad para insistir en el tema. Participar activamente de esta revolución sería un logro histórico.

 

                                                       

                                                                          



Etiquetas:   Política   ·   Tráfico de drogas

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