Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley

En los procesos de modernización del Estado, en el próximo gobierno de Gabriel Boric, se deberá trabajar en el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, reorientando sus energías con mayor eficacia, coordinación y descentralización, como un primer paso hacia un Estado Responsable, que retome las riendas del control fiscal, actuando en una economía mixta que evite la concentración económica y combata la evasión.

 

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Alcanzar la necesaria mayor recaudación, que permita sustentar el mayor gasto público que requerirá asegurar  los derechos sociales, como salud, vivienda, educación, seguridad social, no debiera depender sólo de cambios legislativos, que de suyo representan un proceso complejo, sino partir desde la Presidencia de la República ordenando una gestión pública que rompa paradigmas, que termine con los compartimentos estancos en el ámbito de la Administración Pública, con un propósito de coherencia y eficacia. En este sentido, el Ejecutivo podrá articular una política fiscalizadora transversal que, con el liderazgo del primer mandatario y Jefe de Estado, decrete que los organismos fiscalizadores complementen sus competencias para enmendar situaciones que limitaron, en el marco del Estado Subsidiario, su autonomía y su potencial como Servicios Fiscalizadores. Lo que es un sentir de los trabajadores de Hacienda, es que exista una voluntad política manifiesta para dejar que se ejerza con idoneidad técnica y moral la función pública que la ley les fija, añadiendo la coordinación y complementación a través de planes maestros contra la evasión tributaria.

 El gobierno debe lograr que la energía fiscalizadora se concentre y despliegue profesionalmente, desde el 11 de marzo en adelante, para aplicar la energía fiscalizadora del Estado, con toda la legalidad vigente, en aquellas áreas en que los trabajadores de Hacienda conocen y que son ámbitos que permiten la elusión o evasión de impuestos y que han generado espacios de omisión fiscalizadora o falta de rigurosidad en la fiscalización ejercida.

El próximo gobierno democrático deberá colocar las mayores energías en una gestión eficaz de los organismos fiscalizadores, la cual, al mismo tiempo, deberá ser coherente y descentralizada. Trasladar capacidades de fiscalización a los espacios regionales, sería una medida de carácter emblemático, evitando con ello que existan cúpulas centrales, que toman decisiones respecto a planes de fiscalización y auditorías que ocurren en los territorios. Exigir que se tribute donde se produce sería una medida en esta dirección.

Será el deber del próximo Gobierno viabilizar los principios  que se fije en la Convención Constitucional, en materia de ingresos fiscales. Ello exige recuperar la capacidad del Ejecutivo en cuanto liderar y conducir al Estado a esta dimensión fiscalizadora que garantice que los Derechos Sociales, hasta ahora mercantilizados, puedan ser asegurados con una mirada de bien común.

El sentimiento de compromiso de los funcionarios públicos dependerá de que sientan que existe voluntad política real por imponer la ética y la transparencia en la función fiscalizadora, entendiendo que se les dejará aplicar la ley y llegar a fondo en el objetivo de la fiscalización, sin que los grupos de presión, el tráfico de influencias, detenga, distorsione o entrabe la labor de los equipos fiscalizadores. Este aspecto es crucial si se aspira a un cambio ético en la gestión pública y una revalidación de la función pública al servicio de los intereses de Estado y no de los gobiernos de turno.  

Poder cumplir con esa misión, exigirá reformular esta dimensión de Estado Probo y Fiscalizador, que genere los ingresos al erario público, con una gestión coherente, transparente y equitativa en todos los ámbitos del aparato público.

Gabriel Boric lo expresó en distintos debates: sabrá escuchar y las políticas públicas las formulará escuchando a los trabajadores. En esta línea, el futuro Presidente de Chile debe saber que los trabajadores de Hacienda esperan ponerse al servicio de los grandes intereses de Estado que se definan en la Convención Constitucional.

El Estado al que aspiramos debe conducir la inserción internacional del país y esto implica revisar a fondo las asimetrías que enfrenta una economía centrada en las exportaciones primarias como la minería, erradicando las malas prácticas con que se ha manejado el extractivismo, sin responsabilidad ambiental, eludiendo o evadiendo el debido pago de tributos.

Una fiscalización aduanero tributaria eficaz, que aplique con inteligencia y rigurosidad las leyes y tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, uniendo competencias del Servicio Nacional de Aduanas y del SII, permitiría fiscalizar el comercio exterior en defensa del interés nacional, lo que podría llevar, incluso sin subir los impuestos, sino determinándolos con rigurosidad, a un aumento importante en la recaudación.

Proponer un Estado que en su rol Fiscalizador haga cumplir, ni más ni menos , la ley significa recuperar la legitimidad y asegurar la autonomía efectiva de los organismos fiscalizadores, exigiéndoles complementariedad y unidad de dirección, para alcanzar una mirada coherente de Estado, en defensa del interés fiscal, evitando la fuga de divisas y la evasión. Necesariamente, poder reorientar al país hacia un Estado de Derechos, requiere una política fiscalizadora eficaz y eso parte logrando una gestión pública fiscalizadora bien orientada, que erradique cajas negras y la corrupción asociada.

Hernán Narbona Véliz, Administrador Público, Periodismo Independiente, Diario La Razón.cl, 16/diciembre/2021

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