Hace poco más de dos meses y a pesar de
que la maestra Elba Esther Gordillo, en ese entonces lo negaba tajante,
argumentando fidelidad al pacto que sostenía con Felipe Calderón, comentábamos
la posibilidad de que esta rompiera ese acuerdo para que su partido fuera en
coalición con el PRI en la elección presidencial, esa reflexión evidentemente
no provino de un acto de predicción o adivinación, simple y llanamente del
análisis del entorno y sus circunstancias, pero sobre todo en atención al
característico oportunismo de la líder sindical, como finalmente sucedió.
El nuevo pacto no transita por supuesto en
el debate ideológico, en el de las propuestas electorales y de gobierno, camina
solamente por la vía de las probabilidades señaladas en las encuestas que en
este momento favorecen al virtual candidato priista Enrique Peña Nieto.
Considerando que la lealtad no forma parte
de los postulados ni del PANAL y mucho menos del modo de actuar de Elba Esther
Gordillo, la alianza recién signada con el PRI, remite pues a un acto de
oportunismo a ultranza, un pragmatismo que fundamentalmente se basa en la
conveniencia, mediante la cual pensando en su propio provecho, rompe con Felipe
Calderón, en su momento un cómodo aliado sin el menor miramiento o
cargo de conciencia, porque de hecho no la hay, porque Calderón simplemente
dejo de ser útil a sus intereses, para dar el giro de trescientos sesenta
grados en la dirección mas opuesta posible.
Igual a la situación del partido verde
ecologista en su momento satélite del PAN, en la campaña presidencial de
Vicente Fox, ahora tanto el verde como el PANAL se suman al revolucionario
institucional para colgarse de su posible triunfo, porque así les conviene, sin
embargo lo único que se les puede reprochar en ese sentido es precisamente el
pragmatismo de su desempeño, la simplicidad de sus objetivos, porque hay que
reconocer que ninguno de ambos partidos trata de engañar a nadie, se trata de
un acto de practicidad extrema, en el que no se involucra, nunca han pretendido
hacerlo, ningún elemento objetivo que se relacione con la propuesta política
gubernamental, es pues una estrategia de sobrevivencia y permanencia
al amparo del generoso sistema de partidos vigente, el signo de la escases de
fondo y profundidad de la clase política mexicana, que en sus nuevas formas
adopta el cinismo como herramienta de trabajo y exposición, sin que importe lo
que eso refleja en la sociedad.
La renta que el verde ecologista y el
PANAL le cobran al PRI, se antoja demasiado cara en el mercado de valores
políticos, no corresponde pues a la realidad, pero de cualquier manera
pareciera que para el priismo, vale la pena la sobre oferta, a cambio de la
rivalidad y el enfrentamiento, por pequeño que pueda ser.
Primero fueron los presidentes municipales
de José María Morelos y Bacalar, Domingo y Francisco respectivamente, los dos
de apellido Flota, los que en plena contingencia por la llegada del huracán
Rina, se fueron alegremente juntos a París.
Y finalmente le toco el turno a Julián
Ricalde de Cancún, que por supuesto no podía ni quería quedarse atrás, cuando
en medio del zafarrancho que el mismo provoco con el inexplicable aumento del
predial y de las acusaciones públicas de su administración por el
multimillonario desvió de recursos de su antecesor, Gregorio Sánchez, con quien
colaboro como director de servicios y obras públicas, se va a la ciudad de Las
Vegas Nevada a presenciar la que resulto, la polémica pelea de box, entre Juan
Manuel Márquez y el pugilista filipino Manny Pacquiao.
Precisamente cuando en esta columna
exponíamos la contratación de los despachos Macero Urquiza de la ciudad de
México y otro de nombre Bates Domínguez y asociados, para asesorar a su
tesorero Leonel Saury Galue, por un monto de quince millones de pesos, sin
licitación de por medio.
Situación que como apuntábamos en esa
ocasión es una absoluta aberración técnica y financiera, sobre todo
considerando la crisis por la que atraviesan las finanzas del municipio, una
asesoría para vigilar el correcto desempeño de las actividades de la tesorería,
cuando lo único que hay que hacer es apegarse a los marcos jurídicos que
reglamentan la operación, como se establece en la ley de los municipios, en
donde se especifica las funciones y obligaciones de esta área y que solo basta
con leerla para saber lo que hay que hacer y cómo hacerlo.
A esta coyuntura habrá que sumar el nombre
de uno más, servicios ambientales jurídicos, propiedad del ingeniero Arturo
Mosso, contratado para la revisión del POEL de ese municipio y que se presume,
es utilizado por Ricalde para facturar otros servicios adicionales, que nada
tienen que ver con ese concepto.
En los tres casos se ha trascendido que de
lo que se trata, es que esos contratos son utilizados para justificar egresos
que ciertamente son ficticios y cuyos montos, se destinan a cosas que nada
tienen que ver con el desempeño gubernamental.