Narcotráfico: hacia un Estado Fiscalizador Efectivo

El programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH. La propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores, con una coordinación eficaz del Estado, para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales

 

. La propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores, con una coordinación eficaz del Estado, para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales
 

El diagnóstico es duro en materia de seguridad pública. El Instituto Nacional de Estadísticas indica en el Informe Anual de Estadísticas Policiales de 2019 que el 86,2% de los casos policiales a cargo de Carabineros no concluye en detenciones. Que, del total de denuncias a la PDI, un 58,2% corresponde a Delitos de Mayor Connotación Social. Existe una cifra negra del delito que alcanza al 64,9% y la percepción ciudadana de que los delitos han aumentado alcanza un 76,8%.

Todos los indicadores apuntan a que Chile sufre desprotección en las comunas de mayor densidad y de menores recursos. Ha existido una objetiva y creciente falta de eficacia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, que fue elegido, precisamente, por su promesa de campaña, de terminar con la delincuencia, la cual se ha desbordado y aumentado en su violencia, ocupando territorios urbanos en todo Chile. Sobre este tema, existen diagnósticos diferentes, en los programas de los dos candidatos presidenciales en carrera para la segunda vuelta.

La variable corrupción es parte medular de la falta de seguridad en Chile. Que la plana mayor de Carabineros haya sido imputada por malversación de recursos públicos; que lo propio haya ocurrido en el Ejército y, en el caso reciente, con el Ex Director general de la PDI, ha constituido una serie de hechos en los que se ha faltado a la probidad , afectando la moral institucional a todo nivel.

Cuando, frente al financiamiento ilegal de la política, se desplegó en el gobierno de Michelle Bachelet una operación conducente a frenar las causas por delitos tributarios que se habían configurado a partir de los hechos investigados, se coartaron las facultades de la Fiscalía para investigarlos, enviando el Director de SII los casos a la vía administrativa de regularización, pese a haberse configurado delitos tributarios. Esto no deja de pesar en la memoria de los funcionarios de SII, quienes, de manera profesional y acuciosa, evidenciaron la emisión de facturas ideológicamente falsas, para justificar financiamientos ilícitos e impropios que recibían los políticos de SQM, PENTA y Corpesca.

La corrupción transversal, el tráfico de influencias, debilitó la legitimidad de las instituciones imbricadas en esta operación de encubrimiento y con esto se dio un golpe de gracia a los principios de integridad que la Constitución y las leyes determinaban para quienes ejercen funciones públicas.  Sin lugar a dudas, este proceso oscuro llevó a la impunidad en materia de delitos económicos y debilitó la autonomía y las facultades fiscalizadoras de organismos como el Servicio de Impuestos Internos, lo cual, en definitiva, dejó en total falencia al Estado que debe regular y aplicar la legalidad vigente. Esta variable, repito, ha sido relevante en las causas profundas del estallido social de octubre 2019, ya que incrementó el descontento social frente a la corrupción estructural y transversal observada.

El programa de Gabriel Boric, en materia de Seguridad Ciudadana, se focaliza en hacer más eficaz la acción de las policías, apuntando a una reformulación estructural de las mismas, para orientar sus energías al combate del delito principal que agobia a la población, el narcotráfico y sus redes. Frente a lo mismo, el programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH. Kast señala que el gobierno actual ha sido débil en ejercer sus atribuciones, justificando  así la represión y la militarización de la Araucanía, ofreciendo potenciar más el brazo represivo del Estado.

Por su parte, la propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores. Llegar a una coordinación eficaz del Estado, habrá de significar un esfuerzo mayúsculo de liderazgo para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales, con una eficacia que resulte de la acción colaborativa y coordinada de instituciones públicas que hoy permanecen como estancos, dentro de competencias limitadas por el poder político de turno.

En este orden de ideas, en este aspecto de seguridad ciudadana, el Gobierno de Boric deberá focalizar las energías en el problema de fondo del narcotráfico, cual es el financiamiento del mismo y los instrumentos de lavado de activos que va asociado a estos delitos. Pero, deberá tener para ello, una férrea voluntad política para eliminar las malas prácticas que limitan la autonomía o distorsionan la función fiscalizadora del Estado.

Se lee en el Programa de Gobierno de Gabriel Boric la urgencia en recuperar los espacios públicos y, con ello, se habla de asegurar un accionar participativo en los territorios. Para proteger a los pobladores de las bandas enquistadas en los barrios, se deberá reenfocar a Carabineros a su rol clásico de servidores públicos que deben proteger a la población. Esto significará una redistribución de sus efectivos en todos los barrios y comunas del país.

Sin la demagogia recurrente de incrementar el número de policías, el objetivo central de un gobierno democrático será gestionar, con una fuerte coordinación, los organismos que tienen injerencia y competencias para atacar este flagelo. Territorializar el ataque a los carteles establecidos en Chile, requerirá la participación proactiva de la ciudadanía, de los Alcaldes y Gobernadores. Y en la coordinación de instituciones, se deberá sumar esfuerzos en forma colaborativa y desburocratizada. En este esfuerzo prioritario deberán estar los Servicios de Aduanas e Impuestos Internos con sus cuerpos especializados , la Unidad de Análisis Financiero, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público, la PDI, entre otros, generando equipos integrados para dirigir de manera unificada la prevención y persecución de estos ilícitos.

A nivel de los funcionarios públicos existe una gran expectativa en que, con una nueva impronta de gestión pública, el Estado deje de ser un coto de caza que se distribuye entre los partidos en un perverso cuoteo político, que lleva a la incorporación de operadores sin experiencia ni competencia, ocupando niveles directivos en desmedro de funcionarios de carrera. El gran potencial para cumplir con este interés de Estado es empoderar a las instituciones, respetando su autonomía fiscalizadora, devolviéndoles las facultades cercenadas por el efecto corrupción reseñado. Esto daría una gran potencia y legitimidad a la lucha profunda y real contra el narcotráfico.   

Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 28.11.2021

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