. En la actualidad, la amenaza de grupos extremistas está a las
puertas de cualquier sociedad y, por tanto, se hace necesario establecer
políticas de control que minimicen su impacto o, de ser posible, su aparición.
El terrorismo como fenómeno global actual se
encuentra enraizado en el imaginario colectivo de la Sociedad Internacional,
especialmente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ahora con
las atrocidades del Estado Islámico.
La lucha contra el terrorismo se ha convertido en
una de las banderas dominantes de la política internacional de comienzos del
siglo XXI. Uno de los axiomas fundamentales de la sociología
histórica es que hay que conocer el pasado para no repetir en el presente los
errores de antaño, errores que en realidad fueron horrores, cuando pensamos en
el tremendo daño material, moral y económico que ocasionó en el Perú la
demencia e insania del terrorismo durante las décadas del ochenta y noventa a
manos de los movimientos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru. La violencia social ha trascendido los esfuerzos,
muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por fortalecer
instituciones públicas que lleguen a todo el país para construir por primera
vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas. En el Perú debemos considerar que el primer ministro
de gobierno, Guido Bellido, y el secretario general y fundador de la
organización gobernante Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, entre otros, se
encuentran investigados por el delito de terrorismo, según informó el
Ministerio Público (MPFN) (https://tinyurl.com/4tdfp8j5). La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía
Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de
Huánuco contra Guido Bellido, Vladimir Cerrón, el congresal de PL Guillermo
Bermejo y Alex Pimentel, presunto allegado a los cabecillas de la organización
criminal Sendero Luminoso (SL) en el centro del Perú. El doce de septiembre el titular del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Aníbal Torres Vásquez, consideró que el
sentenciado líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es una influencia negativa en
el Gobierno del Perú.“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia
dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene
una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que
define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”,
dijo en entrevista en el programa Agenda
Política.En esa línea, Torres Vásquez reveló que el
presidente de la República Pedro Castillo mantuvo al titular del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe), Íber Antenor Maraví
Olarte, porque de lo contrario se hubiera
considerado que el Poder Ejecutivo se encuentra a cargo del líder de la
organización gobernante, Vladimir Roy Cerrón Rojas. En su reciente comunicado “Las revelaciones en el
caso Iber Maraví” (https://tinyurl.com/35wjz3ru) la
organización de derechos humanos Waynakuna señala que según el registro
histórico de la región de Ayacucho se presentan importantes y punibles acciones
terroristas que ejecutó Sendero Luminoso. El documento registra la historia del terrorismo:
“Sin embargo hay un hecho emblemático en la historia del terrorismo y es el
referido al asalto a la cárcel de Huamanga, perpetrado por 100 senderistas con
el fin de liberar a Edith Lagos, Hildebrando Pérez, 76 terroristas y otros 226
reos comunes, el 2 de marzo de 1982. Distintos diarios titulaban en la ciudad
de Lima: ‘Nicaragua comienza en Ayacucho’. A raíz de este hecho el gobierno de
Fernando Belaúnde declaró el estado de emergencia en ese departamento”.Por lo
tanto debemos considerar que los grupos parlamentarios Renovación Popular,
Fuerza Popular y Avanza País presentaron un documento sobre la moción de
interpelación contra Íber Antenor Maraví Olarte,
para que responda por los atestados policiales que lo vinculan con acciones del
movimiento subversivo Sendero Luminoso en la región de Ayacucho.Según el organismo sobre derechos humanos Waynakuna
Perú la demanda tiene sustento en los atestados policiales: “N° 12-SE-JDp del 3
de agosto de 1981 y N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982”, donde Maraví está
involucrado. Debemos tener presente que los grupos terroristas
afectan seriamente los derechos humanos de primera generación como el derecho a
la vida, la integridad, la libertad, etcétera, pero también otros derechos
humanos considerados de segunda y tercera generación como el derecho a la
propiedad, el derecho al desarrollo o el derecho a la paz. Existe entonces una
íntima relación entre los atentados terroristas, violaciones a los derechos
humanos, el derecho a la paz y el desarrollo.
Así las cosas, enfrentar el terrorismo es una obligación del Estado para
proteger los derechos humanos de todas las personas.
