. Y acto seguido,
cayó pesada la espada de la ciega mujer -que con la otra mano sostenía una
balanza- sobre el lomo del acusado a la espera del
veredicto. Y si el duro golpe no llegó, no llegó
nomás. Porque el sistema no funciona al son de castigo o
premio. Es simplemente castigo o no castigo.
A pesar de la caricatura, así de drásticos pueden llegar a ser los alcances
de los acuerdos que adopta un país en torno a sus procedimientos y cánones de
justicia. Consensos, por cierto, no axiomas absolutos.
Y es en la historia, el debate presente y también observando lo que ha
ocurrido en otros pagos que se va constituyendo la norma de un
país. En los acuerdos y desacuerdos, que permean a quienes tienen
que elaborar las leyes, a los que deben aplicarlas y a los que las ejecutan,
dijera Montesquieu.
Pero en este grupo queda aún un segmento no considerado. ¿Qué
pasa con los usuarios de lo que deciden todos los anteriores? Alguien dirá
que en Chile existen los canales para que el ciudadano participe, con las
elecciones en el caso de Parlamento y la Presidencia, y la carrera funcionaria
en el del Poder Judicial, pero eso no es tal a la luz de un entramado electoral
poco representativo, y una sociedad falsamente meritocrática como la nuestra.
En un reciente artículo publicado en El Mostrador daba
cuenta de la íntima relación entre un sistema educacional que reproduce la
desigualdad, el restrictivo acceso al ejercicio del poder económico y público,
y las decisiones estatales verticales y poco participativas. Este
escenario genera que algunos desde la cuna estén programados para ser sujetos
de la aplicación de la justicia y otros para ocupar alguna de las tres cúpulas
antes mencionadas. Incluida, por cierto, la del Poder Judicial que,
con excepciones, sigue esta regla sistémica chilensis.
Pero algo está ocurriendo. Hoy hay un quinto poder (entregando el popular
cuarto lugar fáctico a la prensa) que siente que también tiene derecho a opinar
en tan elevadas materias, en tan sacras disquisiciones. Es la
ciudadanía que discute con las nuevas tecnologías y sabe que la justicia que se
aplica en Chile es distinta a la de otros territorios. Que en muchas
naciones la noción del derecho no es tan propietarista como acá, donde ya no
suena tan chistoso que a quien roba una gallina lo condenen a la cárcel y al
que contamina el agua de todo un pueblo le salga gratis.
Nuestros jueces eso lo saben desde hace bastante tiempo, pero antes tal
conocimiento sólo a ellos pertenecía. Hoy cada día forma más parte
del consciente colectivo de los ciudadanos. Y éstos presionan por
correr el cerco mental que fuerzas conservadoras (y muchas veces interesadas)
instalan en el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Todo con la
aspiración de que nuestra justicia sea paulatinamente, aunque suene a obviedad,
más justa.
En esta carrera de postas hay momentos clave. Los que hacen la
diferencia. Estamos ad portas de uno. Es la decisión que
deberá adoptar la Corte Suprema sobre los recursos de protección interpuestos
contra la aprobación de HidroAysén. Será el momento en que los
ministros decidirán si continúan con una visión restrictiva de los derechos
humanos de toda índole, incluidos los ambientales y de las comunidades, o se
adaptan definitivamente a la noción internacional al respecto. A la
que los países con los que nos gusta compararnos están aplicando. Y
lo que se decida será relevante no sólo para Aysén, sino para tantas otras
causas conexas que existen en el país.
Por cierto que la Corte Suprema chilena en algún día futuro incorporará la
doctrina mundial. Pero los ciudadanos queremos que lo haga hoy, no
mañana ni en dos décadas más, cuando ya muchos ecosistemas y comunidades no
podamos recuperar.
