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“Estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas: uno, que Sendero ha sido
en gran parte obra de la CIA y de los Servicios de Inteligencia”, dijo,
demostrando un desconocimiento de la historia del Perú.
Partimos de este axioma fundamental: entre el año
1980 y el 1992, el terrorismo dejó un saldo de alrededor de 70 mil víctimas
mortales, de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(CVR), disponible en https://www.cverdad.org.pe/ifinal/.
Y fueron los sanguinarios y demenciales grupos terroristas Sendero Luminoso
(SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) los que, en su afán de
tomar el poder por la vía de las armas y el terror, dejaron una secuela de
sangre en el país.
Ahora, con nuevo maquillaje, los “neosenderistas”
tratan de construir una nueva narrativa llena de mentiras y falacias. Como lo
he señalado en esta columna (https://tinyurl.com/28dn2by8),
muchos peruanos ignoran esta realidad y son manipulados por quienes tratan de
maquillar el terrorismo y quieren justificarlo, señalando equivocadamente que
fue un movimiento que buscaba la justicia social. Gran mentira, que defienden
también los organismos de fachada de estas agrupaciones.
En otro artículo llamado “El fantasma del terror” (https://tinyurl.com/4wj3j2at)
también expresé que, en su informe final, la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR) atribuye a Sendero Luminoso ser causante de la mayor
cantidad de crímenes y masacres durante el período de violencia terrorista en el
Perú.
El cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán
–sentenciado a cadena perpetua por el delito de terrorismo–, ocasionó una
verdadera tragedia en el Perú. El informe es contundente y no quedan dudas: “La
CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de
69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas
por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus
182 años de vida independiente”.
Para la CVR, el Partido Comunista del Perú (PCP-SL)
fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos
tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas.
Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR.
Y lamentablemente, hay una tendencia a
responsabilizar y hasta “satanizar” a los valerosos policías y militares que
ofrendaron sus vidas por el Perú. Aunque hubo casos aislados de abusos de
autoridad, y que se han ventilado en el Poder Judicial, la cuestión de fondo es
que fue una “guerra” contra el terrorismo. Al final, las autoridades
detuvieron, procesaron y sentenciaron a los cabecillas de estas sanguinarias
organizaciones, entre ellos Abimael Guzmán.
Condenamos
el terrorismo
La Real Academia Española (RAE) atribuye tres
significados a la palabra “terrorismo”: “dominación por el terror”; “sucesión
de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y “actuación criminal de
bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende
crear alarma social con fines políticos”.
Por su parte el Título 22 del Código de los Estados
Unidos, sección 2656f (d) señala lo siguiente: «Terrorismo: Violencia
premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por
grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de
influenciar a un público determinado.»
El terrorismo es uno de los problemas más
recurrentes en las agendas políticas de los Estados occidentales a lo largo de
las últimas dos décadas. En la actualidad, la amenaza de grupos extremistas
está a las puertas de cualquier sociedad y, por tanto, se hace necesario
establecer políticas de control que minimicen su impacto o, de ser posible, su
aparición.
El terrorismo como fenómeno global actual se
encuentra enraizado en el imaginario colectivo de la Sociedad Internacional,
especialmente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ahora con
las atrocidades del Estado Islámico. En los últimos años, organizaciones
terroristas han aprovechado la debilidad de ciertos Estados para alojarse en
territorios no controlados por éstos y desde allí planear o cometer atentados,
entre otros delitos.
La lucha contra el terrorismo se ha convertido en
una de las banderas dominantes de la política internacional de comienzos del
siglo XXI. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados
Unidos inició un despliegue militar con el fin de aplicar en los agresores lo
que Rancière llama la “justicia infinita”, aquella que “ataca a todo lo que
suscita o que podría suscitar terror” y que se ubica “por encima de toda regla
de derecho”.
Uno de los axiomas fundamentales de la sociología
histórica es que hay que conocer el pasado para no repetir en el presente los
errores de antaño, errores que en realidad fueron horrores, cuando pensamos en
el tremendo daño material, moral y económico que ocasionó en el Perú la
demencia e insania del terrorismo durante las décadas del ochenta y noventa a
manos de los movimientos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru.
La violencia social ha trascendido los
esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por
fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país para construir por
primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.
Debemos tener presente que los grupos terroristas
afectan seriamente los derechos humanos de primera generación como el derecho a
la vida, la integridad, la libertad, etcétera, pero también otros derechos
humanos considerados de segunda y tercera generación como el derecho a la
propiedad, el derecho al desarrollo o el derecho a la paz. Existe entonces una
íntima relación entre los atentados terroristas, violaciones a los derechos
humanos, el derecho a la paz y el desarrollo.
Así las cosas, enfrentar el terrorismo es una obligación del Estado para
proteger los derechos humanos de su población.
