El primer grito Constituyente: No Más Represión

Ese domingo, 4 de julio 2021, todo Chile estuvo expectante, tenso, emocionado hasta las lágrimas, sobre todo cuando, en medio de las fuerzas de orden público, personas de civil levantaban las manos para impedir el desplazamiento de los guanacos y se sentía en todo el mundo  el primer grito de la Constituyente: “No Más Represión”.

 

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En el ciclo Conversaciones por la Vida, quise hacer el Día Después, un programa que registrara el momento vivido ese 4 de julio, dejando el registro de las emociones que se entrecruzaban durante la tensa y vibrante jornada inaugural de instalación de la Convención Constitucional, pero las emociones nos rebasaban.   Junto  a mi compañera,  a mis hijos, sentíamos que un viento fresco llenaba un túnel extendido por casi 40 años. Ese domingo, todo Chile estuvo expectante, tenso, emocionado hasta las lágrimas, sobre todo cuando, en medio de las fuerzas de orden público, personas de civil levantaban las manos para impedir el desplazamiento de los guanacos y se sentía en todo el mundo  el primer grito de la Constituyente: “No Más Represión”.

Llegó el lunes 5 de julio: a las 15 horas los convencionales se daban cita para empezar su trabajo y allí donde se debía realizar la primera sesión, no había nada preparado. La rabia por esa falta de respeto, se elevó en una vorágine de bronca frente al Ejecutivo, frente  al despropósito - por simple estupidez, ineptitud o por  ramplona soberbia - de quienes tenían la responsabilidad de dar todas las condiciones para su funcionamiento y no lo hicieron.

En una semana, con la instalación tardía e incompleta en cuanto a logística, la Convención comenzó a dar sus primeros pasos. Resolviendo en la apertura un tema de principios, un reconocimiento a la génesis del proceso constituyente, gracias al cual se abrió este momento histórico.

Reconocer para la Historia de Chile que, estar donde estamos, no ha sido por generosidad del modelo, sino que se debió a los millones de compatriotas que nos sumamos a la  explosión social de octubre 2019, y que fuéramos declarados “un enemigo implacable y poderoso que no respeta a nada ni nadie” por el Presidente Sebastián Piñera, mientras la primera dama planteaba estar  frente “a una invasión alienígena y que tendrían que compartir sus privilegios”.  

Ese estallido social ha significado la represión brutal a través de agentes del Estado que han cometido violaciones persistentes y extendidas a los Derechos Humanos, con una reiterada intención de dañar a los manifestantes con sus escopetas a perdigones, sus bombas lacrimógenas y sus gases y agua tóxicos. Y siempre quedarán en la nebulosa esas situaciones registradas, en donde se evidenciaba que la fuerza policial se retiraba, para que enseguida ingresaran vándalos a saquear, en una táctica fascista que han usado todas las dictaduras, de cualquier tono, para criminalizar a sus opositores, permitiendo su exterminio.

Ha sido así como, junto a la represión brutal, ha venido la criminalización y ha aparecido el partido del orden, justificando y respaldando la barbarie y las violaciones sistemáticas a los DDHH. Se aplicó a los presos de la revuelta, medidas cautelares que les han significado de facto, la aplicación de  una pena corporal,  sin pruebas ni juicios, sólo mediante la denegación o dilación del debido proceso, obviando el principio de presunción de inocencia y retardando formular la imputación, por carecer de pruebas válidas y suficientes. Esto ha significado que, muchos jóvenes, de extracción popular, fueran detenidos por estar en las protestas y, por meras declaraciones de los carabineros que los detenían, han permanecido por más de año y medio, encarcelados y muchos de ellos, han salido exonerados de todo cargo por la falta de pruebas o la debilidad de las probanzas presentadas por la Fiscalía.

La necesidad de una justicia transicional, que venga a reconocer la situación de estallido social de Octubre de 2019, se presenta como una salida política para plantear la construcción de un país distinto. Piñera, enceguecido, no parece reconocer que se trata de una situación de crisis política y no de un asunto de orden público. El 80% de los chilenos votó por una Convención Constitucional, aprobando ir a una nueva constitución. Para iniciar el camino despejando esas situaciones que se mantienen como injusticias y actos de trinchera, la Convención Constitucional, sin pretender atribuirse facultades de los poderes del Estado, invocando a un espíritu republicano que procure la distensión del conflicto social que encaminó a Chile a este momento constituyente, acordó por amplia mayoría formular una Declaración, llamando a los poderes del Estado a que se apruebe una amnistía, actualmente en trámite en el Senado, para todos los presos de la revuelta que fueron detenidos y han sido objeto de querellas por Ley de Seguridad del Estado, a fin de restaurar con este gesto institucional una paz social que permita desarrollar el proceso constituyente, que el país se ha dado democráticamente.

En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH entró en crisis. La Asociación de funcionarios del INDH se declaró en paro, exigiendo la renuncia de Sergio Micco, su director y consejero. Esto ocurrió tras la toma el jueves 8 de octubre de  la sede central del INDH, por estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes exigían libertad para los detenidos en el contexto del estallido social, los presos políticos de la revuelta.

Aferrado a sus facultades de papel, un presidente fallido, que no ha sabido entender la crisis política en que se ha sumergido al país, pretende frenar un proceso soberano ratificado reiteradamente en las urnas y que no tiene parangón en el mundo: el inicio de un proceso democrático para poner término a un modelo instaurado a sangre durante una dictadura y que, ahora, con un costo social gigantesco, puede cerrar un ciclo político abyecto, permitiendo  recuperar un país  más humano, respetuoso y custodio de su ambiente y territorio.

Magistralmente, desde el alma tronchada de Chile, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, en forma bilingüe, mapudungun y español, ese 4 de julio expresó: “Vamos hacia un Estado Plurinacional, Intercultural y Plurilinguístico” .

Y, en la Historia de Chile quedará escrito que, esa mañana,  el Primer Grito de la Convención Constitucional fue: “No Más Represión”.

Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, Conversaciones por la Vida.

 

 

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