Despilfarro monetario en la gestión pública de medicamentos

El resguardo del buen uso de los recursos fiscales es algo que por naturaleza debiese ser parte del accionar de las instituciones públicas y de quienes las conforman. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con situaciones que nos evidencian que parte de la realidad no se condice con este principio esencial.

 

. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con situaciones que nos evidencian que parte de la realidad no se condice con este principio esencial.
Durante el mes de abril del presente año se dio a conocer el informe de auditoría realizado a 29 servicios de salud y a 191 recintos hospitalarios dependientes a nivel nacional, sobre el proceso de eliminación de medicamentos, preparado por la Contraloría General de la República (CGR), en el que se muestran los resultados sobre el periodo 2017 y 2018. El trabajo también incluyó validar el grado de cumplimiento de los procedimientos de baja y eliminación de los medicamentos, así como verificar las autorizaciones y documentación pertinente.

En tal sentido, las observaciones realizadas por la CGR resaltan en general: a) el alto número de comentarios sobre deficiencias relacionadas con el control de los inventarios, específicamente, almacenamiento, registro y operatoria de las bodegas; y b) el distanciamiento de los procesos respecto a la trilogía de control, eficiencia y eficacia en la gestión de recursos públicos.

En esta línea, tratando de precisar algunas de las observaciones que se hicieron, se puede mencionar particularmente cinco:

a) Los medicamentos dados de baja ascienden a una cifra levemente superior a 35 millones de unidades, las que se vinculan a variados hospitales y direcciones de servicios de salud, totalizando un valor cercano a los $4.500 millones.

b) Lo anterior se agrava, ya que un 96,38% de los medicamentos aludidos se encontraban vencidos. Asimismo, el reporte destaca que $359 millones corresponden a productos que vencieron antes del 2015.

c) Por otra parte, se señala que el 76% del stock de medicamentos dados de baja, esto es alrededor de $3.401 millones, los servicios de salud y establecimientos dependientes no contaban con la documentación que sustenta los motivos para la tenencia de dichos stocks. 

d) Del mismo modo, se exhiben deficiencias en la documentación que sustenta la eliminación de medicamentos e insumos.

e) Se determinó que algunas Secretarias Regionales Ministeriales de Salud no disponían de un procedimiento operacional estandarizado, instancia a través de la cual se formalizan las acciones para la eliminación y destrucción de residuos de productos farmacéuticos., lo cual está exigido por una circular de la Subsecretaria de Salud Pública.

Desde el punto de vista general de lo que significa el buen funcionamiento y gestión de una institución, sea pública o privada, resultan llamativas y sorprendentes las situaciones detectadas, sin embargo, se debe recordar que lo revelado por la CGR no constituye una excepción. Basta remontarse a finales del año 2020, en que la institución fiscalizadora detectó una situación similar, relacionada a la eliminación de medicamentos por una cifra superior a los $3.300 millones en la Central de Abastecimiento del Estado (CENABAST).  

También resulta llamativo del informe el que, encontrándonos en el 2021, sólo recién se esté conociendo los resultados (recordemos que la revisión se concentra en el periodo 2017 y 2018). Esta situación genera la sensación o idea, que puede ser errada, de que el ente fiscalizador gubernamental se encuentra sobrepasado en la disposición de recursos, de distinta índole, que le permitan de manera más oportuna ejercer los controles, intervenciones y/o sanciones pertinentes sobre los involucrados, de ser el caso.

Sin duda, es preciso y necesario mejorar la gestión de los inventarios, en un amplio nivel de aspectos, ya que conllevan y comprometen una elevada cantidad de recursos fiscales.

Una gestión financiera pública óptima, y por respeto a la ciudadanía, no puede darse el lujo de literalmente botar a la basura una suma sideral de dinero. Recordemos que se trata de una cifra cercana a los $4.500 millones, los cuales podrían dar cuenta potencialmente, entre otros, de que: a) se hicieron compras ineficientes; b) los medicamentos no llegaron a los ciudadanos objetivos; c) sobraron medicamentos producto de una mala proyección en los requerimientos de atención pública; o d) es el resultado de una negligencia o relajo operativo, tanto de quien debe ejecutar, así como de quienes deberían asegurar que los procesos funcionen.

Por otra parte, y sin ánimo de presentar todas las interrogantes que se me vienen a la mente: ¿cómo es que nada pudo alertar del próximo vencimiento de los medicamentos?, ¿ningún semáforo, si es que lo hay, estuvo en capacidad de señalar la presencia de medicamentos en exceso o anormal? Igualmente, ¿los medicamentos no son objeto, supuestamente, de la realización de inventarios, especialmente, aquéllos que son de mayor valorización? ¿existen? ¿se realizan? ¿funcionan apropiadamente?

Al ir finalizando, me asalta una inquietud. ¿Se estará repitiendo el despilfarro en otros lugares u organismos públicos? Los ciudadanos no merecemos se presenten estas negligencias en el funcionamiento de nuestras instituciones. El costo de oportunidad y daño sobre los recursos fiscales es enorme, pero no solo en lo monetario, sino también en algo tan importante como lo es la confianza.  

Mauricio Andrés Burgos Navarrete

UNETE



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