Prevención de la Cibertortura. Parte III. Por María Alejandra Gámez Román.

Como comentamos en las anteriores entregas, la rendición de cuentas de los estados y gobiernos con respecto a la Cibertortura se debe exigir en todas las formas y a todos los niveles. Tanto individual, en el caso de los agentes que perpetran directamente el acoso, la tortura y cualquier otro trato inhumano o degradante, utilizando como medio tecnologías de nueva generación, armas de guerra electrónicas, electromagnéticas, sónicas, de microondas, psicotrónicas o de cualquier otro tipo que sea posible aplicar a distancia; sino también a los responsables dentro de su cadena de mando, como a los legisladores encargados de prever estos delitos y a los funcionarios designados para garantizar los derechos humanos individuales e impedir la aplicación de acciones y políticas que los violen. La cibertortura, o tortura efectuada a distancia y sin contacto, debe estar sujeta a la misma prohibición total que la tortura presencial. Y la responsabilidad legal sobre el delito deberá aplicar a todos los niveles, individual, colectivo, institucional y estatal. En todos los casos la cibertortura debe estar sujeta a responsabilidad civil, política y penal. Así como también se debe considerar cómo crímenes de guerra en los casos en que hubiera lugar; sin que se pueda invocar como excusa por parte de los funcionarios encargados de velar por los derechos humanos y civiles el desconocimiento de dichas técnicas, tecnologías de vigilancia encubierta, comunicación no consensuada, manipulación a distancia y armas de guerra, dado que su existencia y usos son ya del dominio público. Es obligación pues de estados y gobiernos formar al personal necesario y dotarlo de los recursos adecuados. En esta tarea de formación y capacitación deberían participar todos los organismos encargados de garantizar los derechos de las personas afectadas, de acuerdo a la legislación de cada país y a las normas fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos. Es imperioso formar comités de víctimas en todos los niveles que sea necesario para velar por la adecuada implementación de las medidas anteriores.

. Tanto individual, en el caso de los agentes que perpetran directamente el acoso, la tortura y cualquier otro trato inhumano o degradante, utilizando como medio tecnologías de nueva generación, armas de guerra electrónicas, electromagnéticas, sónicas, de microondas, psicotrónicas o de cualquier otro tipo que sea posible aplicar a distancia; sino también a los responsables dentro de su cadena de mando, como a los legisladores encargados de prever estos delitos y a los funcionarios designados para garantizar los derechos humanos individuales e impedir la aplicación de acciones y políticas que los violen. La cibertortura, o tortura efectuada a distancia y sin contacto, debe estar sujeta a la misma prohibición total que la tortura presencial. Y la responsabilidad legal sobre el delito deberá aplicar a todos los niveles, individual, colectivo, institucional y estatal. En todos los casos la cibertortura debe estar sujeta a responsabilidad civil, política y penal. Así como también se debe considerar cómo crímenes de guerra en los casos en que hubiera lugar; sin que se pueda invocar como excusa por parte de los funcionarios encargados de velar por los derechos humanos y civiles el desconocimiento de dichas técnicas, tecnologías de vigilancia encubierta, comunicación no consensuada, manipulación a distancia y armas de guerra, dado que su existencia y usos son ya del dominio público. Es obligación pues de estados y gobiernos formar al personal necesario y dotarlo de los recursos adecuados. En esta tarea de formación y capacitación deberían participar todos los organismos encargados de garantizar los derechos de las personas afectadas, de acuerdo a la legislación de cada país y a las normas fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos. Es imperioso formar comités de víctimas en todos los niveles que sea necesario para velar por la adecuada implementación de las medidas anteriores.
Por otra parte, nos parece primordial que todas las personas afectadas por las diversas formas de cibertortura, que hayan dado testimonio de haber sido víctimas deben ser consideradas cómo tales. El testimonio de la víctima debe ser suficiente para iniciar una investigación. En ningún caso se debería solicitar a la víctima la aportación de pruebas, sino que dicha aportación corresponderá a las autoridades competentes de la investigación en cada caso. Pretender que las víctimas suministren las pruebas forenses, o peor las pruebas del funcionamiento de dichas armas y dispositivos, no sólo es un exabrupto y un absurdo, sino un contrasentido desde el punto de vista jurídico. ¿Es que acaso se aplica semejante criterio ante una denuncia por oteros tipos de tortura, o por maltrato o violación?