La Cibertortura. Desafíos Legales. Por María Alejandra Gámez

Este artículo pertenece a una serie de tres que iré publicando en este medio. Refleja la experiencia personal del autor y de otras víctimas de cibertortura cuyas voces no han sido escuchadas. 

 

. Refleja la experiencia personal del autor y de otras víctimas de cibertortura cuyas voces no han sido escuchadas. 
Son inmensos y abrumadores los desafíos legales que enfrenta la sociedad respecto a las nuevas formas de tortura existentes, muchas de las cuales se realizan sin contacto, haciendo uso de avanzadas tecnologías que no requieren la presencia de torturado y torturador en un mismo espacio físico. Es decir, la cibertortura se realiza a distancia, por medio de tecnología y en el más absoluto anonimato e impunidad.

El Relator Especial de la ONU contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes Dr. Nils Melzer, ya ha definido este crimen:

"La cibertortura puede definirse como el empleo de diversas formas de tecnología de la información y las comunicaciones con fines de tortura". Y agrega que los Estados, las empresas y los delincuentes organizados no sólo tienen la capacidad de realizar operaciones cibernéticas que inflijan graves sufrimientos a innumerables personas, sino que también pueden decidir realizarlas con cualquiera de los fines de la tortura.

De acuerdo a su opinión experta, en la práctica, la cibertecnología ya desempeña la función de “propulsor” de la comisión de formas de tortura tanto físicas como psicológicas, mediante la recopilación y transmisión de información de vigilancia e instrucciones a los interrogadores. Pero además alerta acerca del hecho de cada vez más se usa para la tortura mediante el control o la manipulación a distancia de cinturones de descargas eléctricas, implantes médicos y, posiblemente, dispositivos nanotecnológicos o neurotecnológicos. Así como para la apropiación, la supresión o la manipulación de información.

“La cibertecnología puede usarse para infligir sufrimientos mentales graves evitando el conducto del cuerpo físico, en concreto a través de la intimidación, el acoso, la vigilancia, la vergüenza y la difamación públicas”, concluye.

El principal problema a enfrentar por la sociedad contemporánea en este tema, es que hasta el momento no existe ninguna legislación conocida que ampare a las víctimas, permitiéndoles a ellas denunciar y a las autoridades responsables  investigar los delitos involucrados en estas prácticas; como tampoco la hay para regular la rendición de cuentas de los estados y gobiernos, o para impedir su uso por los órganos represivos de los estados, o por delincuentes comunes. Pero esto no sería tan grave si existiera al menos la voluntad de hacerlo. Y si a la falta de voluntad, no se le aunara el desconocimiento general de la existencia y usos de estas tecnologías, que no se produce sólo a nivel del público, sino también de los especialistas, legisladores, políticos, defensores de derechos humanos, fiscales, defensores del pueblo y demás garantes del respeto de los derechos individuales de los ciudadanos.

En segundo lugar las características de la cibertortura, sus efectos y daños sobre la víctima a corto y largo plazo, son totalmente ignorados. Los efectos psicológicos y las alteraciones que se producen en la víctima a nivel físico, neurológico y psicológico son desconocidos y suelen ser diagnosticados médicamente cómo una enfermedad mental o un desorden de orden fisiológico.

Por todo lo anterior denunciar este delito se hace prácticamente imposible. Estamos ante formas de acoso y tortura difíciles de detectar, principalmente debido al hecho de que la persona víctima no necesariamente ha sido aprendida, encarcelada o procesada, aunque de hecho si haya sido privada de libertad; ya que la cibertortura puede tener lugar en cualquier localización en la cual se encuentre la víctima, generalmente en su propio domicilio, en su habitación e incluso en su propia cama.

Por otra parte, debido a las características de las armas y tecnologías involucradas, tanto el torturador como el grupo o institución a la cual pertenece permanecen ocultos y desconocidos para la víctima, como muchas veces su ubicación geográfica. Sin embargo, no por ser difícil de probar debamos cruzarnos de brazos. Difícil no es imposible. La tortura deja huellas detectables por los expertos, tanto físicas, como neurológicas psicológicas; pero, y aquí se presenta el tercer obstáculo para las víctimas, no existe un sólo protocolo médico forense de detección conocido. No lo tienen los gobiernos, las organizaciones gubernamentales y ni siquiera los entes independientes especializados en la prevención de la tortura, que serían los encargados de certificar el delito para su posterior investigación.

Es innegable que sin una base legal sólida para la detección y castigo del delito, no es posible procesar a los responsables, y tanto ellos como los perpetradores permanecerán impunes. Se requiere con urgencia una nueva legislación, clara y específica, que permita procesar y encarcelar a los criminales y las víctimas obtener justicia y reparación.

¿Qué estamos esperando para exigir que se legisle en este campo?

Los delitos se están cometiendo justo ahora.

1 de Junio 2021

UNETE



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