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Chile envejece. La tasa de fecundidad
es de 1,68 hijos por mujer, según datos del 2017. Se proyecta para el 2050 una
población de 21,6 millones, en donde un 31% de la población será mayor de 64
años y donde los adultos mayores superarán el número de personas menores a 14
años. Por otra parte, la esperanza de
vida es de 82,38 años para las mujeres y 77,55 para los hombres.
Este pronóstico demográfico exige
pensar en el Chile de los próximos 50 años y es el momento de plasmar en la
Nueva Constitución, principios que consagren los derechos de los ancianos de
tercera y cuarta edad, quienes representarán un sector importante de la población.
En tal sentido, es preciso que
los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida
conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan
vivir en forma digna y sean una población valente y activa en la cosa pública
del país.
Para lograr dimensionar los
requerimientos de los adultos mayores, es necesario corregir la visión
paternalista con que se trata a los viejos en las políticas públicas del modelo
actual, en donde se les relega como sujetos inválidos, sin capacidad para
seguir participando en sus comunidades con nuevos roles. El lenguaje diminutivo
con que se les nombra, tatitas, abuelitos, refleja esa desconsideración como
personas, en donde se les invisibiliza en su historia y experiencia, por
considerárseles en el modelo neoliberal,
improductivos, pasivos, una carga para la economía.
Revertir esa cultura dominante
hacia los ancianos, habrá de traducirse en un cambio profundo de la seguridad
social, que permita hacer justicia en materia de pensiones, habida razón
del maltrato que ha significado el sistema de capitalización individual, que
otorga jubilaciones de hambre, situación que no amerita mayores explicaciones.
Súmese a ello la aplicación de contribuciones a los inmuebles que una familia
adquirió, que deben seguir pagando los ancianos y que resultan expropiatorias
en relación a los ingresos menguados que obtienen como pensionados. En este
sentido, la mirada hacia el Chile envejecido, requiere cambiar el sistema de seguridad
social para dignificar la situación paupérrima en que sobreviven los ancianos
en Chile.
Atendida dicha prioridad, es
preciso pensar en que el Estado que se refunde en la nueva Constitución, se
deberá consagrar los Derechos Humanos y Sociales en toda la vida de las personas,
lo cual deriva en pensar en espacios seguros y amigables para el desarrollo de
la vida desde la niñez hasta la vejez, introduciendo un principio de Buen Vivir
en todo ese devenir. La Nueva Constitución debe considerar, no sólo la consagración
de los Derechos, sino la implementación de ellos en términos de ordenar las
leyes y reglamentos necesarios.
En ese orden de ideas, se
debiera establecer en la orgánica de un Estado Democrático un órgano autónomo de
defensa de los derechos de las personas, que tenga por función pública la vigilancia
del funcionamiento de todo el sistema político y económico, con el objetivo de
prevenir los abusos de poder, la corrupción y las irregularidades que
perjudiquen a las personas y las comunidades. Ese organismo, autónomo del
gobierno de turno, se concibe como fundación de un cuarto poder del Estado, que
equilibre el poder de las instituciones sobre los ciudadanos, gestado desde la sociedad
civil, actuando, de oficio o a petición de parte, para defender a la ciudadanía
de los abusos, colusiones, corruptelas y todo tipo de medidas arbitrarias o
discriminadoras que perjudiquen a la gente, violando las normas establecidas. Este
organismo sería el Defensor del Pueblo y, en lo que respecta al ciclo de
vida de las personas, podría integrar las Defensorías de la Niñez y del Adulto
Mayor.
En una prospectiva del Chile del
2050, la Nueva Constitución debiera consagrar como principio, la responsabilidad
del Estado frente a los adultos mayores, en términos que las políticas públicas
atiendan a este sector relevante de la población, exigiendo que, en las
políticas públicas, de manera transversal, se implementen en todo tipo de
decisiones, criterios de consideración y respeto a los ancianos, procurando su
buen vivir y también su bien morir. De lo cual, derivarían consideraciones y
lineamientos para el urbanismo y planos reguladores de las ciudades; criterios
para la construcción de viviendas adecuadas a las personas mayores; directrices
para la salud pública en términos de ampliación de la cobertura de medicina geriátrica
en todos los territorios; programas
culturales que se orienten a los adultos mayores para reconocer su experiencia
y talentos, con transferencia de ello hacia las nuevas generaciones.
Los adultos mayores representan
un acervo d experiencias y una memoria viva que se debe comunicar en
actividades creativas que queden a disposición de los jóvenes. Son cívicamente lúcidos
y críticos y no aceptan ser tratados como idiotas. Tienen una mirada crítica y
mesurada, porque han sufrido en carne propia los efectos de la sin razón. Por
ello, son quienes generosamente pueden iluminar el camino del pueblo hacia el
Siglo XXI.
Los ancianos son los que se
levantan temprano para votar porque aprecian ese derecho a voto ya que sufrieron
la dictadura y buscan una democracia real y profunda que asegure la paz social
para sus nietos y descendientes. Con toda esa energía espiritual acumulada, los
viejos, los que han sufrido el país que tenemos, quieren que en la Nueva
Constitución se funde el nuevo Chile justo que siempre soñaron, no para ellos,
que han cumplido su ciclo vital, sino para los chilenos que caminan también inexorablemente
hacia la ancianidad y deben tener, para entonces, un buen vivir que a los
viejos de hoy les ha sido negado y arrebatado por el modelo.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo
Independiente, 19.marzo.2021
