Los ancianos en la Nueva Constitución

Es preciso que los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan vivir en forma digna, como una población valente y activa en la cosa pública. 



Chile envejece. La tasa de fecundidad es de 1,68 hijos por mujer, según datos del 2017. Se proyecta para el 2050 una población de 21,6 millones, en donde un 31% de la población será mayor de 64 años y donde los adultos mayores superarán el número de personas menores a 14 años.  Por otra parte, la esperanza de vida es de 82,38 años para las mujeres y 77,55 para los hombres.

Este pronóstico demográfico exige pensar en el Chile de los próximos 50 años y es el momento de plasmar en la Nueva Constitución, principios que consagren los derechos de los ancianos de tercera y cuarta edad, quienes representarán un sector importante de la población.

En tal sentido, es preciso que los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan vivir en forma digna y sean una población valente y activa en la cosa pública del país.

Para lograr dimensionar los requerimientos de los adultos mayores, es necesario corregir la visión paternalista con que se trata a los viejos en las políticas públicas del modelo actual, en donde se les relega como sujetos inválidos, sin capacidad para seguir participando en sus comunidades con nuevos roles. El lenguaje diminutivo con que se les nombra, tatitas, abuelitos, refleja esa desconsideración como personas, en donde se les invisibiliza en su historia y experiencia, por considerárseles  en el modelo neoliberal, improductivos, pasivos, una carga para la economía.

Revertir esa cultura dominante hacia los ancianos, habrá de traducirse en un cambio profundo de la seguridad social, que permita hacer justicia en materia de pensiones, habida razón del maltrato que ha significado el sistema de capitalización individual, que otorga jubilaciones de hambre, situación que no amerita mayores explicaciones. Súmese a ello la aplicación de contribuciones a los inmuebles que una familia adquirió, que deben seguir pagando los ancianos y que resultan expropiatorias en relación a los ingresos menguados que obtienen como pensionados. En este sentido, la mirada hacia el Chile envejecido, requiere cambiar el sistema de seguridad social para dignificar la situación paupérrima en que sobreviven los ancianos en Chile.

Atendida dicha prioridad, es preciso pensar en que el Estado que se refunde en la nueva Constitución, se deberá consagrar los Derechos Humanos y Sociales en toda la vida de las personas, lo cual deriva en pensar en espacios seguros y amigables para el desarrollo de la vida desde la niñez hasta la vejez, introduciendo un principio de Buen Vivir en todo ese devenir. La Nueva Constitución debe considerar, no sólo la consagración de los Derechos, sino la implementación de ellos en términos de ordenar las leyes y reglamentos necesarios.

En ese orden de ideas, se debiera establecer en la orgánica de un Estado Democrático un órgano autónomo de defensa de los derechos de las personas, que tenga por función pública la vigilancia del funcionamiento de todo el sistema político y económico, con el objetivo de prevenir los abusos de poder, la corrupción y las irregularidades que perjudiquen a las personas y las comunidades. Ese organismo, autónomo del gobierno de turno, se concibe como fundación de un cuarto poder del Estado, que equilibre el poder de las instituciones sobre los ciudadanos, gestado desde la sociedad civil, actuando, de oficio o a petición de parte, para defender a la ciudadanía de los abusos, colusiones, corruptelas y todo tipo de medidas arbitrarias o discriminadoras que perjudiquen a la gente, violando las normas establecidas. Este organismo sería el Defensor del Pueblo y, en lo que respecta al ciclo de vida de las personas, podría integrar las Defensorías de la Niñez y del Adulto Mayor.

En una prospectiva del Chile del 2050, la Nueva Constitución debiera consagrar como principio, la responsabilidad del Estado frente a los adultos mayores, en términos que las políticas públicas atiendan a este sector relevante de la población, exigiendo que, en las políticas públicas, de manera transversal, se implementen en todo tipo de decisiones, criterios de consideración y respeto a los ancianos, procurando su buen vivir y también su bien morir. De lo cual, derivarían consideraciones y lineamientos para el urbanismo y planos reguladores de las ciudades; criterios para la construcción de viviendas adecuadas a las personas mayores; directrices para la salud pública en términos de ampliación de la cobertura de medicina geriátrica en todos los territorios;  programas culturales que se orienten a los adultos mayores para reconocer su experiencia y talentos, con transferencia de ello hacia las nuevas generaciones.

Los adultos mayores representan un acervo d experiencias y una memoria viva que se debe comunicar en actividades creativas que queden a disposición de los jóvenes. Son cívicamente lúcidos y críticos y no aceptan ser tratados como idiotas. Tienen una mirada crítica y mesurada, porque han sufrido en carne propia los efectos de la sin razón. Por ello, son quienes generosamente pueden iluminar el camino del pueblo hacia el Siglo XXI.

Los ancianos son los que se levantan temprano para votar porque aprecian ese derecho a voto ya que sufrieron la dictadura y buscan una democracia real y profunda que asegure la paz social para sus nietos y descendientes. Con toda esa energía espiritual acumulada, los viejos, los que han sufrido el país que tenemos, quieren que en la Nueva Constitución se funde el nuevo Chile justo que siempre soñaron, no para ellos, que han cumplido su ciclo vital, sino para los chilenos que caminan también inexorablemente hacia la ancianidad y deben tener, para entonces, un buen vivir que a los viejos de hoy les ha sido negado y arrebatado por el modelo.

Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 19.marzo.2021






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