Barra libre para la insolvencia

. Se trata de que los participantes en el festín del pedir y no pagar disfruten de los beneficios que se derivan de esta otra barra libre, a cuenta de los que obligadamente tienen que contribuir a la fiesta, y aportar su dinero para que lo disfruten otros, porque así lo ordenan los que mandan. Semejante política a nivel de ciudadanía debe de estar orientada a cumplir con eso de la solidaridad, que está de moda, y que se demanda al personal por mor de la doctrina oficial. Se trata de atender necesidades ajenas, mientras los verdaderos obligados a solucionar los problemas públicos se escaquean, aunque sin renunciar a la propaganda del modelo del Estado del bienestar oficializado. Hay que tener en cuenta que la oficialidad, a base de barras libres, como método para que unos financien no tanto a los verdaderos necesitados como procurar un festín a los oportunistas, no actúa por altruismo o por dedicación al progreso, sino porque pone el ojo en los previsibles dividendos electorales, aunque sin haber invertido ni un euro de su bolsillo.

Con tanta generosidad política no parece excluirse que se trate de hacer más cortas de entendimiento a las víctimas del engaño solidario y más avispados a los que se mueven en el entramado de la insolvencia como negocio. El hecho es que lo de la insolvencia va camino de generalizarse, cuando antes solo era privilegio de los más adelantados, que iban dejando pufos a cuenta de los incautos de turno e incluso del erario. Ahora la insolvencia parece que está consentida, y basta con cumplir ciertos requisitos burocráticos para acogerse a ella y ejercer como insolvente. A los que se habilitan, se les concede título de insolvencia. Para obtenerlo, el trámite es fácil, a diferencia de otros que exigen especial preparación y cierto grado de esfuerzo. Acogerse al estado de insolvencia tampoco impone sacrificio alguno, a menudo, basta con echarle cara al asunto y decir, aquí estoy, dispuesto para que mis necesidades las pague el vecindario, porque me he declarado vulnerable. Tales necesidades, que en esta época son muchas, tal como impone la sociedad del consumismo, van desde las exigencias naturales de estar debidamente conectado con aparatos de ultima generación, hasta el suministro de la cuota de estupefacientes variados y la financiación del alterne cotidiano, con el fin de socializar —este último también para que la hostelería no decaiga más en su ya alicaído negocio—; para completar, habría que añadir vivienda, a ser posible de lujo, y comida de restaurantes debidamente acreditados por su calidad, amén de otras menudencias complementarias. En virtud de la barra libre para la insolvencia, estas necesidades básicas, cuya cobertura se hace obligado que la financien los demás ciudadanos, es decir, los que no disponen del carnet de vulnerables, han pasado a ser declaradas derechos naturales de facto, aunque ya se apuntan también en el panorama jurídico, por lo que acabarán siendo atendidas a plenitud por los poderes públicos y, en cuando a los ciudadanos comunes, toca a aguantarse por decreto en la parte que negativamente les afecte de rebote por la acción de los vulnerables.

Hay dos afectados directos en esto de la barra libre para la insolencia, aunque el que paga solo es uno. De un lado, el Estado y, de otro, la ciudadanía. A nivel público, entre los benefactores de esta práctica seguida con los vulnerables están los gobernantes y, como pagano, han colocado al Estado. A nivel privado no hay beneficiados, ni los propios vulnerables, porque el beneficio se lo comerá el mercado, solamente quedan perjudicados, puesto que en virtud de la protección oficial de la que gozan los otros se ha impuesto que el que consume, si no tiene, y no paga al que se lo procura, no debe nada. De esta manera, invocándose la justicia social, la posición económica está haciendo estragos en la igualdad, estableciendo privilegios en favor de los no pudientes, es decir, de los que viven de la caridad ajena, como mejor opción que la de trabajar en serio y atender por ellos mismos a satisfacer sus necesidades. De tal manera que la nueva situación, tal y como se ha planteado, permite a los insolventes estar a los derechos que se brinda a la ciudadanía, pero no a las obligaciones. Justificaciones para lo de haber impuesto la barra libre para la insolvencia y el culto al pufo generalizado pueden invocarse algunas, y muchas más a raíz de la consabida pandemia.

Aunque es sabido que lo de no pagar crea malos hábitos entre las masas, porque están dispuestas a vivir a cuenta de los demás y que produzcan las máquinas, tiene su punto aprovechable para otros. Del lado de los que mandan, la cara del negocio es evidente, se traduce en posibilidad de seguir mandando, contando con un mayor número de agradecidos radicales. El problema es que, bajo el blindaje de esta barra libre, la inseguridad jurídica permanece al acecho. En cuando a los medios que contribuyen a la propagación de la doctrina oficial, con el tema de la vulnerabilidad al menos disponen de material lacrimógeno para llenar páginas o hacer horas de programación de bajo coste, lo que redunda positivamente en la cuenta de resultados.

Ya en un plano de humanidad, es loable lo de perdonar las deudas y aliviar a los auténticos necesitados, en atención a preceptos que, aunque no jurídicos, se recogen como manifestación de caridad religiosa, el problema es que el asunto se ha salido de control. La insolvencia, que suele ser el resultado de entregarse al crédito, cuando se sabe que no se va a pagar, porque se está blindado frente acciones como los embargos, pugna con el sentido de responsabilidad personal, alienta el parasitismo social y fomenta la picaresca. Ofertada en plan barra libre, en cuanto ha pasado a ser práctica tolerada, cuasi-legal y sin responsabilidad alguna, los más astutos hacen de ella el medio generalizado para vivir por encima de las posibilidades personales, cumpliendo con lo que impone la sociedad del espectáculo.

Antonio Lorca Siero






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