Estrategias para la comunidad la planta, referente a justicia social y seguridad ciudadana. - Ciudadanía - Reeditor.com

. El concepto de comunidad y sus modalidades de expresión en la vida política, constituyen un aspecto problemático cuyas interpretaciones generan a menudo confusión y aproximaciones superficiales a la planificación participativa.
La naturaleza de la comunidad y sus formas de participación han venido evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, coexisten viejos y nuevos enfoques, concepciones contradictorias de la sociedad y de la participación que a menudo generan desconfianza y sospecha entre los planificadores y gestores.

Las soluciones a problemas encontrados a través del diagnóstico, para la consecución de los título de propiedad de los terrenos y seguridad ciudadana, como ejes transversales a las problemáticas aquí referidas como de primera línea, divergencias entre los habitantes en apoyos tanto del consejo comunal como de la asociación civil.

Igualmente, la orientación hacia estrategias que ayuden a atacar la inseguridad ciudadana existente en la zona en articulación de la comunidad y entes del gobierno municipal, regional y/o nacional.

La participación de la ciudadanía en la planificación constituye un tema de gran interés y complejidad y se refiere al conjunto de teorías, métodos y prácticas que introducen de forma interactiva la comunidad en los procesos de toma de decisión.

La comunidad desempeña un papel importante en relación con el Estado. Además, su participación activa y directa en los procesos de decisión puede interferir en la supuesta autonomía técnico-científica de los planificadores.

La propiedad de la tierra es un elemento fundamental para la planificación urbana, de allí la necesidad de conocer la titularidad de la misma para poder incidir sobre la ciudad por medio de la acción justicia social.

La no titularización de los terrenos donde se ubican geográficamente y la creciente ola de inseguridad que arropa no solo a ella, sino globalmente al país.

En la actual coyuntura política e institucional del país, el ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana de la población se encuentra severa y peligrosamente limitado. Se estableció que el derecho a la seguridad ciudadana en un Estado democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a todos los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos. El fin último de las políticas de seguridad desarrolladas por un Estado democrático, no es el de la protección de una parte de la sociedad a costa de la marginación y criminalización de otras, sino el de la inclusión de la totalidad o de la gran mayoría de los ciudadanos en la construcción de pautas compartidas de convivencia democrática.