En
el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan
organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando
la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que
representa el presupuesto nacional.
El
resultado de este accionar ilegal es dramático: la alternación del orden social
y el daño pernicioso e irreversible a la sociedad, quitándole de esa forma la
posibilidad de un desarrollo sostenible. Y lo que es peor: la degradación moral
de nuestro país.
El
Perú está signado por la corrupción sistemática. Contando desde Alberto
Fujimori, hasta Martín Vizcarra, han sido seis los presidentes con procesos
judiciales, investigaciones, condenas, destituciones del Congreso, e incluso un
suicidio, por casos de corrupción. Un flagelo que socava la legitimidad de
las instituciones, y mantiene a la nación en constante inestabilidad política.
La
política peruana languidece una vez más en los ya treinta (30) años que
enmarcan a seis presidentes salpicados por escándalos de
corrupción. La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra,
comentó la reciente aprobación por parte del Congreso de la República de la
eliminación de la inmunidad parlamentaria y aclaró, que esta sólo protege de
delitos comunes, “los delitos de función, tipo corrupción están protegidos por
otra prerrogativa que se llama el antejuicio, esta garantía está regulada en el
artículo 99 de la Constitución”, dijo.
Neyra
explicó que lo que va a pasar a partir de ahora es que si un congresista comete
un delito cualquiera, quien va a decidir si se le acusa o no va a ser la Corte
Suprema, “y no es que esta autorice una acusación, sino que directamente es la
que va a juzgar el tema, este es el cambio que se ha formulado”, acota.
En
el mundo académico se afirma que el Estado es la organización política de la
sociedad con la finalidad de consolidar un sistema que beneficie a los
ciudadanos para alcanzar la paz y la justicia social.
Sin
embargo, nuestra realidad demuestra lo contrario. Se desarrolla una deformación
moral en todos los niveles del Estado. La soberanía peruana se ha verificado
pervertida durante lustros, expandiéndose a las masas que se encuentran
seducidas de manera obscena, y siendo atroz, se establece la doblegación
(tele)comunicacional.
El
Perú, que en el panorama de Latinoamérica tenía una de las economías más
estables, lamentablemente está siendo expoliado por políticos corruptos que
operan guiados por su ambición personal, aprovechándose del auge economicista,
empero violando los derechos humanos nacionales y por lo tanto son delitos de
lesa humanidad. Hasta el año pasado nos encontrábamos entre los treinta y dos
(32) países con mejor macroeconomía del mundo, según el World Economic Forum.
Es
importante señalar que la corrupción ocasiona daños socioeconómicos
incalculables que afectan en campos diversos, como por ejemplo la deficiente
prestación de servicios públicos elementales como la educación y la salud, y
por lo tanto se afectan los derechos fundamentales. Por esta razón es urgente
iniciar una profunda y radical reforma de Estado.