. Pero,
estas protestas surgen del descontento social frente al alto índice de
corrupción.
Un
total de cinco expresidentes del Perú están inmersos en procesos penales o
investigaciones fiscales por presuntos delitos de lesa humanidad y de
corrupción, incluso algunos de ellos ya cumplen prisión. Ellos son Alberto
Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y
recientemente Martín Vizcarra, investigado por presuntos cobros ilícitos para
adjudicar obras públicas en Moquegua cuando fue gobernador de dicha región.
Con
el suicidio de Alan García Pérez se extinguió la acción penal contra él, pero
hay muchos funcionarios implicados en estos casos.
A
raíz del escándalo mundial del caso Lava Jato, actualmente se sabe que la
empresa constructora Odebrecht habría pagado sobornos (coimas) a funcionarios
del gobierno para obtener la buena pro de obras como la ruta Interoceánica.
Además, según las declaraciones de Jorge Barata (representante de esa empresa
en el Perú), Odebrecht habría financiado las campañas electorales de Alejandro
Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano
y Susana Villarán. La investigación sobre este proceso está en marcha a cargo
de un grupo especial del Ministerio Público encabezado por el fiscal José
Domingo Pérez.
En
el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan
organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando
la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que
representa el presupuesto nacional. Las estadísticas son contundentes. De
acuerdo al portal Ojo Público: "En septiembre del 2018, la Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de su Unidad de
Análisis de la Información, publicó el informe temático ‘La corrupción en los
gobiernos regionales y locales’, que identificó 4.225 casos de corrupción
ocurridos en los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional, y por
autoridades electas entre el 2002 y 2014”.
Esto
es grave y está generando protestas. Lo estamos viendo, el descontrol social
está estallando en violencia. Los violentistas toman carreteras en el norte,
sur y centro, atentando contra la Policía Nacional y alterando la paz social.
Urge una solución.
EXPRESO, 07.12.2020
