En defensa de la Policía Nacional del Perú

Sin duda, la mayoría de peruanos están hastiados de la corrupción política. Y este rechazo latente a un sistema en proceso de descomposición, alentó las marchas y manifestaciones, tras la declaración de vacancia del expresidente Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción.






. Y este rechazo latente a un sistema en proceso de descomposición, alentó las marchas y manifestaciones, tras la declaración de vacancia del expresidente Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción.
Lamentablemente, estas protestas no fueron pacíficas. La ONG de derechos humanos Waynakuna Perú ha emitido un contundente informe, donde denuncia el vandalismo de manifestantes que utilizaron piedras y cohetones contra los policías, esto último, con la clara intención de dañar físicamente a efectivos del orden. Además, los grupos violentistas infiltrados en las marchas también destruyeron la propiedad pública y privada, destruyendo cajeros electrónicos y uno de los terminales del Metropolitano de Lima.

Cumpliendo su deber, la PNP tuvo que imponer los medios a su alcance para restablecer el orden. Sabido es que la institución policial usa armas "no letales". Sin embargo, dos jóvenes fallecieron por el impacto de perdigones de vidrio (canicas). Su muerte fue injusta, nos duele a los peruanos, pero se debe investigar a fondo. Hay una hipótesis que cobra fuerza: habrían sido victimados por vándalos infiltrados en las protestas.

Pero sin pruebas ni investigación, se responsabilizó a la policía, calificándolos con términos denigrantes, pese a que en estas marchas varios efectivos resultaron heridos. Esto, a todas luces es parte de una campaña de sectores radicales, quienes quieren imponerse. Incluso, los radicales denunciaron que la policía había desaparecido medio centenar de manifestantes. Todo esto resultó ser falso, no hubo ningún desaparecido.

Desde el gobierno, el presidente Francisco Sagasti, anunció una reforma policial y nombró un nuevo comandante general. Al respecto, Juan José Santiváñez, especialista en derecho constitucional y procesos administrativos de la Policía según la Red de Comunicación Regional (RCR), considera que ‘el presidente Francisco Sagasti tendría responsabilidad política por nombrar a un nuevo comandante general de la Policía sin tener en cuenta el artículo 168 de la Constitución Política, que establece que el pase a retiro y los nombramientos se realizan de acuerdo al reglamento policial’.

Hay que defender a nuestra PNP y Fuerzas Armadas. Ellos son los verdaderos héroes, que defendieron la patria de la insanía del terrorismo y aún ahora, en tiempos de pandemia, siguen luchando en defensa de los peruanos.

EXPRESO, 30.11.2020






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