Delitos de pandemia
. Si con la democracia representativa se trata de promover cierto acercamiento entre ambas partes, solamente es un fenómeno puntual en tanto unos son electores y los otros elegidos. Como de lo que se trata en esa fase es ir al ritmo de los tiempos ofreciendo —y luego no dando— más progreso y bienestar a las personas, frente a las posiciones del contrario político, todos se muestran abiertos. Este proyecto de apertura y cercanía se mantiene por el tiempo que dura el procedimiento para acceder al poder, luego cada uno vuelve a su sitio e incluso los elegidos, pese a declararse profundamente demócratas, no dudan si llega el caso en caminar abiertamente hacia el autoritarismo. En todo gobierno, el poder es como es y la autoridad que lo representa se impone mantenerse en su lugar.
Las cosas cambian cuando la actividad ordenada de gobierno se transforma en actividad desproporcionada de mandar. Conviene señalar que la tendencia no está reservada a ninguna posición del espectro político, porque a cualquiera que, saliendo fuera del guión, se incline por la tarea de mandar, de inmediato se le ven las intenciones, sea del color que sea. Basta con que las masas contradigan sus sabias determinaciones y lo de gobernar se complique para que el mandatario, por liberal, demócrata y progresista que se confiese públicamente, saque a relucir el palo y tentetieso. Con lo que los términos de buen entendimiento y tolerancia de las épocas electorales desaparecen y los que fueron electores pasan a ser vasallos sujetos a la voluntad de sus dirigentes por mandato legal. Incluso en la época de los grandes avances científicos la situación no ha cambiado, de manera que cuando el mandatario se siente desafiado y se le agota la paciencia, resulta que todo eso de los derechos y libertades queda en simple papel mojado. Claro está que el argumento para justificar lo de mandar siempre es el mismo: el interés general. El problema radica en determinar quien estaría capacitado para determinar lo que es interés general, pero para zanjar la cuestión se asigna en exclusiva al que manda. Pese a que, en algunos casos, las sociedades avanzan en la supuesta mejora de la calidad de vida de sus miembros, cuando la legislación acota todos los espacios de la existencia, ya se ve, en contra de lo que pudiera parecer, que las cosas no van bien para el ejercicio de la libertad. Mientras la legalidad permita garantizar la seguridad jurídica puede decirse que la sociedad ha mejorado, pero si se la inunda con demasiadas leyes represivas sucede lo contrario. Pese a su sentido del progreso, las sociedades avanzadas, con cierta sutileza caminan en esa dirección tanto por intereses del mercado como por los del ejercicio del poder político. Las leyes penales tradicionales acotaban los espacios de la acción o la omisión que se consideraban inapropiados, hoy ya avanzan en la dirección de tomar posiciones en el pensamiento individual, de manera que si no se tienen pensamiento limpios se está a las puerta de incurrir en ilícito penal, basta con abrirlos y expresarlos. A tal punto se ha llegado que existen delitos de odio, ciertamente cuidadosamente tipificados, pero que en la práctica suelen ser utilizados con cualquier fin, aunque sea espurio, y si prospera la manifestación externa del sentimiento íntimo de la persona pasa a ser delito. Está claro que no es posible pensar, sentir u opinar conforme a las convicciones de cada uno, ya que el poder exige ser castos de corazón. Cierto que odiar no es un sentimiento apropiado para el que lo experimenta, porque le desgasta emotivamente, pero de ahí a imponerle la renuncia o entregarse al amor hacia algo o alguien por ley resulta desproporcionado. Y habría que añadir que la supuesta bondad con vistas legales solo responde a producir ciudadanos dóciles. Más allá de razonables argumentaciones, que puedan ser utilizadas para la ocasión, en definitiva, al estrechar el cerco de la ley sobre las personas, adentrándose en sus sentimientos parece excesivo, pero sin duda marcha en la dirección prevista. Esto sucede incluso donde reinan las libertades y dicen acogerse a la línea del progreso. El adoctrinamiento está ahí, solapadamente presente y dispuesto para educar —que no a ilustrar— a la ciudadanía en el dogma político dominante, ya sea ocasional o permanente. El primero se manifiesta a lo largo de todo el espectro político y el segundo lo establece la ideología capitalista. En todo caso, al final resulta que la disidencia de la doctrina pasará a ser sutilmente calificada de infracción, a ser posible, de naturaleza criminal para que resulte más enérgico el castigo. Hacer de la simple crítica apología del mal, porque contradice la versión oficial, tampoco dice mucho en favor de los nuevos tiempos. En realidad son fórmulas que impone la democracia al uso, que no varían en lo sustancial desde las épocas absolutistas e inevitablemente apuntan en la dirección totalitaria si no se las pone freno. Y esa es labor exclusiva de la ciudadanía, que por ahora permanece adormecida, políticamente afectada, primero, por el consumismo capitalista y, en segundo término, por la pandemia. Habría que insistir en este planteamiento del mandar, en el que pese a los derechos y libertades constitucionales reconocidos a la ciudadanía, los que dicen gobernar atendiendo al interés general, ya sea en países avanzados o de medios pelos, se ponen en evidencia. Cabe citar las actuaciones con ocasión de la crisis sanitaria, dando vueltas y mas vueltas para tratar de incardinar en la legalidad el ordeno y mando, que según los expertos es preciso para atajar la difusión del virus, tratando de dejar a flote unos derechos y libertades, que cada día se hunden un poco más. Bajo la apariencia de buen hacer y racionalidad sigue latiendo el instinto de violencia, la vieja fuerza que ha movido el mundo, hoy suavizada por la represión legal. A propósito de la situación se quiere confeccionar, más allá de la infracción común, lo que podría llamarse delitos de pandemia, para quienes no obedezcan las órdenes de la autoridad y así darles fuerte. Aunque jurídicamente ya existen suficientes instrumentos al efecto para sancionar sin necesidad de que se recargue el ambiente jurídico, parece que con las disposiciones legales que se repiten casi a diario por aquí y por allá se quiere demostrar quien está en posesión de la verdad utilizando la permanente amenaza de la sanción. Una forma de mandar, acudiendo a las formas de represión más enérgicas cuando las masas no comparten el criterio apadrinado por la minoría dirigente y se empecinan en no seguir la doctrina de sus cuidadores y, puesto que no quieren seguirla, cabe la opción de conducirles a bastonazos por el camino de la obediencia. Esta claro que combatir la pandemia con la represión en vez de con soluciones sanitarias efectivas y no estrictamente burocráticas resulta imprudente, porque ya se ha demostrado que no lleva a ninguna parte. Lo aprovechable para los ejercientes del poder es que, aunque con ella no se resuelva el problema real, no obstante permite reforzar la autoridad. En cualquier caso lo de criminalizar cualquier disidencia con ocasión de la pandemia creando delitos o renovarlos para la ocasión no resulta procedente en el fondo ni en la forma. Máxime cuando los sistemas jurídicos de los más civilizados, alejados de la sencillez legal, están sobrecargados de normas farragosas, complejas y confusas como para agobiar a la ciudadanía con nuevas ocurrencias para lucirse políticamente. Probablemente hay otras medidas que, sin recurrir al rigor de la ley, sean más efectivas y asumibles por la población, con lo que se estaría en línea con la sociedad actual. El problema es que requerirían imaginación, de la que suelen andar escasos quienes han ascendido al sitial del poder por voluntad de la ciudadanía, tras la expresa designación de un partido. Antonio Lorca Siero
