El Día Después: urgencias del soberano.

Cimentar una Constitución en el Bien Común


. El pueblo fue muy claro al votar en un 77%  por el Apruebo y optar por la Convención Constitucional, por un 80% de los votos emitidos. Esto último, ha sido dejar clarísimo que Chile no acepta que sean los mismos políticos, que son cómplices de estos 30 años de pseudo democracia representativa, los que pretendan redactar la nueva constitución.

La oportunidad de recoger el guante que nos ofrece la historia, significa generar poder constituyente desde las organizaciones sociales, los colegios profesionales, las organizaciones gremiales y sindicales.

La política está ahora, desde el 18 de octubre de 2019, en la ciudadanía, instalada en la calle, a fuerza de movilizaciones, exclusiones y muerte de mapuches, dirigentes sociales y jóvenes que abrieron camino, en un largo camino de movilizaciones y frustraciones acumuladas.

Tenemos que construir un Estado Responsable que se haga cargo de asegurar los derechos sociales, el desarrollo sustentable y la justicia social. Ese esfuerzo significa redimensionar la institucionalidad para darle a la sociedad civil canales permanentes de participación y fiscalización, con capacidad de iniciativa legislativa y de revocación del mandato.

La clase política que se vendió al modelo neoliberal será pasado ignominioso, porque lo que viene depende de la capacidad y sentido común de los territorios.

El pueblo no debe dar un cheque en blanco a los constituyentes, sino que los debe mandatar con un plan de acción, que fije las sensibilidades populares para que, con convicción técnico jurídica y esa legitimidad otorgada por el soberano, el delegado constituyente pueda defender y generar mayorías en pro de esos principios. Los constituyentes deben ser los interlocutores que canalicen la energía de la base social y esto debe ser reglamentado en la Convención Constitucional para ser un método de trabajo democrático, con una comunicación permanente entre el pueblo llano y la Convención Constituyente.

Como órgano soberano, la Convención Constitucional puede, y es conveniente que lo haga, fijar en el reglamento para su trabajo, la realización de plebiscitos vinculantes para ir fijando el avance de los capítulos temáticos de la nueva Constitución. Hay experiencia constituyente valiosa en países como Sudáfrica y su Constitución plurinacional. Ese aprendizaje forma parte del desafío para una democracia profunda.

Cuando se fijen estas formas democráticas de llevar el trabajo constituyente, el pueblo recuperará confianza en la política, se depondrán los prejuicios, dogmas y etiquetas con las que nos han dividido, para generar una unidad basada en la sensatez de la base social empoderada, sobre la base  de programas de corto, mediano y largo plazo, conformando un gran camino hacia una sociedad más justa.

En esos escenarios, esa abstención que llega hoy al 49% del electorado potencial, irá diluyéndose en una política nueva, manejada desde los barrios, las comunas, las regiones, en un tejido social que ejerce la soberanía constante. Y eso que planteo no es utopía, sólo requiere sensatez para ir debatiendo, articulando una voluntad política colectiva, que se enclave en principios de bien común y solidaridad, erradicando los vicios y corruptelas que hoy asolan nuestra institucionalidad.

Construir un Estado diferente requerirá reingeniería profunda, prioritariamente para sacar los derechos sociales de la visión mercantil del actual sistema, generando un Estado que sea capaz de generar inversión, con descentralización y participación de los territorios, que deberán aprender este nuevo estilo proactivo de construir sueños colectivos, autogestión y proyectos asociativos.

Hay sectores que, desde la evidencia de 47 años de un Estado cooptado y corrompido para beneficiar los grupos económicos, plantean la desaparición del Estado como máxima organización de la sociedad. La respuesta a ellos es que no se puede construir desde una autoridad licuada, que lo que debemos buscar es un Estado que se sacuda sus vicios y recupere su esencia para la protección de la vida, la seguridad de la población frente al narcotráfico y el crimen organizado, el desarrollo descentralizado de los territorios, cambiando el capitalismo salvaje por relaciones de colaboración y justicia social, procurando una paz estable con nuestros vecinos, basada en la cooperación.

Reactivar la economía habrá de significar que se eliminen los mecanismos que han favorecido la concentración de la riqueza, erradicando la corrupción asociada que se despliega hacia un Estado cooptado. Se debe fomentar una industria alejada de esos vicios, la que en principio ha sido víctima del poder hegemónico de los grandes grupos.

Es un tema el reorientar la energía del Estado en lo económico, procurando inversiones propias o asociadas, recuperando su rol conductor de un desarrollo sólido de un sistema productivo nacional. Lo que significará fiscalizar debidamente el quehacer económico, eliminando las prácticas depredadoras de los grupos económicos, eliminando subsidios y tratos fiscales preferentes que los han beneficiado por décadas, que han llevado a la concentración de la riqueza, la evasión fiscal y la depredación de los recursos naturales.

Volver al fomento de una industria nacional que de valor agregado a nuestros recursos naturales, con una expansión de la mediana empresa y los emprendimientos, debiera ser parte de la redefinición de la economía que se oriente al bien común, sobre lo cual existe un largo camino por recorrer.

Periodismo Independiente, 26 Octubre,2020.

 

 

 

 






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