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La explosión social de octubre, un año después.


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18/10/2020


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No fueron los treinta pesos de aumento del pasaje del Metro, fueron treinta años acumulados de abusos. Por décadas se ha vivido en Chile un placebo de democracia y una complicidad, colusión, corrupción, vasos comunicantes de las élites políticas con los grupos económicos.




La plutocracia, el poder de los ricos, incluye hoy a esos mismos actores que se sirvieron de la dictadura para usurpar el patrimonio público y mantener al Estado con camisas de fuerza, dejando que el libertinaje fuese el marco para el saqueo y el abuso. La mentira de un Chile jaguar se hizo añicos, hace un año.

En estos 30 años no hubo una alternativa programática diferente al neoliberalismo, vivimos la realidad de una pseudoizquierda sin alma, sin utopías, habilosa para escalar tras el poder, mercantil y traidora del mandato popular, llena de excusas para disfrazar su falta de voluntad política para avanzar en cambios al modelo. Por ello, su primera reacción fue alinearse con la defensa del orden, facilitando sus bancadas a Piñera para implantar más leyes represivas.

El Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución fue gestado, sin el mundo social, entre cuatro paredes, en ese miedo de la élite de ver derrumbarse la institucionalidad de la que son parte.

No fue fruto de la comprensión o defensa del sentir de las calles, sino una forma de mantenerse esos políticos en el juego del poder, que se les había ido de las manos, se había instalado en las calles, en un pueblo que ponía en jaque a todo el Estado.

La pandemia sirvió al gobierno para ganar tiempo, posponer el plebiscito de abril e imponer la militarización del país.

Su objetivo central fue, desde el inicio de la pandemia, fortalecer la capacidad represiva del Estado, antes que la salud pública. La estrategia fallida de inmunidad de rebaño y la mezquindad para respaldar con ayuda directa a las familias y las personas, más su sordera frente a las recomendaciones de especialistas para implantar un confinamiento efectivo parar frenar los contagios, han llevado al país a una situación crítica, con más de 17 mil muertos.

En este período de pandemia, Piñera ha mantenido el toque de queda y el sistema ha funcionado con descaro, generando medidas y permitiendo situaciones que han ido echando bencina al fuego del descontento popular.

El 18 de octubre de 2019 la explosión social fue visceral, la expresión de millones de personas movidas por una emoción profunda de desencanto, desesperanza y rabia frente a la indolencia y crueldad del modelo.

A un año del estallido y en la perspectiva del Plebiscito del 25 de octubre próximo, la ciudadanía ha ido debatiendo en múltiples foros sobre el sueño colectivo que se espera construir para las futuras generaciones.

En este año la gente, el pueblo agobiado por la desprotección, ha descubierto la solidaridad, los espacios locales se han rearticulado, las ollas comunes han significado recuperar tejido social, las ideas han fluido y se ha logrado un ejercicio cívico multitudinario que permite llegar a esta gran oportunidad de desmontar la constitución de la dictadura con un Apruebo contundente, que permita romper de hecho la trampa del quorum de 2/3.

Estamos en un momento crucial, donde la derecha fascista propicia una máxima represión para recuperar su orden.

La estrategia sensata de la civilidad debiera ser llegar en forma masiva al plebiscito, evitando provocaciones. Se ha comprobado, gracias al periodismo investigativo de CIPER, que ha existido infiltración de funcionario de Carabineros en las protestas, que incitaba a la violencia en la comuna de Lo Hermida, comprando bencina para preparar bombas molotov, llevando a otras personas a atacar un retén de carabineros.  

Esta evidencia comprueba un hecho histórico en las protestas, la presencia de encapuchados que después de marchas pacíficas y multitudinarias, aparecían vandalizando semáforos, saqueando al comercio.

Se ha verificado en instancias judiciales que Carabineros ha desarrollado una fuerza desmedida con una violación reiterada de los derechos humanos, mutilando, torturando, realizando apremios ilegítimos y fuerza desmedida. Los montajes para criminalizar la protesta social han constituido una política de Estado.

En la explosión de octubre del año pasado, se vivió la omisión a todas luces de las fuerzas policiales, dejando hacer a turbas que se infiltraban y disfrazaban de manifestantes, provocando y justificando la reacción que significó el arresto de gente inocente y pacífica. Se entiende que los violentistas son funcionales a la represión y existe una presunción de que se trate de bandas del narcotráfico haciendo su negocio. Las sirenas que elevan mensajes engañosos, como no votar o marcar el voto, deben ser excluidas por ser funcionales al sistema que se quiere cambiar.

El mensaje de sensatez que se siente en la base social, en las comunidades populares que han estado luchando por sobrevivir a la pandemia y la indolencia del Estado, es cuidarse, evitar provocaciones y llegar a un plebiscito con la conciencia clara en los objetivos fundamentales que debe plasmar una nueva carta magna.

En un común denominador, como un mosaico con millones de voces, hay coincidencias medulares de lo que se busca alcanzar: reglas del juego que enmarquen una sociedad más justa donde el pueblo ejerza una democracia participativa y donde se elimine la corrupción estructural que cruza nuestra sociedad y que resume la causa profunda de la explosión social de octubre.



Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 18 Octubre,2020



Etiquetas:   Política   ·   Sociedad Civil

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