Repensar el Comercio Internacional: Fortalecer la Fiscalización.

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11/10/2020

Fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado

Cuando se conversa de la construcción de un Nuevo Orden Económico Internacional, el carácter que alcance esa idea, dependerá de la recuperación que se logre del rol fiscalizador del Estado. 

Por décadas, el dogma neoliberal impuesto, ha estigmatizado al Estado en su calidad de gestión, se ha limitado sus facultades y se ha impuesto el concepto de Estado Subsidiario, que reserva toda actividad económica que pueda ser objeto de negocio, al sector privado, quitando al Estado su papel conductor de un desarrollo económico.

La transferencia de soberanía a organismos intergubernamentales, como la Organización Mundial de Comercio, significó en los últimos 30 años resignar la capacidad del Estado para regular su comercio exterior. Se ha adoptado reglas internacionales que han enmarcado a la autoridad nacional en diversos aspectos, los que debe respetar, pudiendo ser objeto de denuncias ante la OMC en caso de incumplimiento. Es así como, a partir de 1995, se ha debido asumir nuevos ámbitos en la fiscalización, como lo han sido la protección de los derechos de propiedad intelectual, las exportaciones de servicios, la compra pública, la valoración aduanera, el dumping y las subvenciones.

La influencia de los intereses de poderosas corporaciones multinacionales, se hizo sentir en el Acuerdo de Marraquech, que dio nacimiento a la OMC, ya que, en dicho Acuerdo, se instalaron límites al accionar soberano de los Estados para regular y fiscalizar su comercio exterior.

En términos de un cambio de fondo de los paradigmas neoliberales, se debe asumir la realidad de un comercio internacional que en sus dos terceras partes se realiza a nivel intracorporativo, con concentración de los flujos de comercio en empresas globalizadas, con poder global, integrando sistemas de producción, financiamiento, comercialización y logística. Repensar una fiscalización eficaz y eficiente del comercio exterior, exigirá por lo tanto, una reingeniería de los organismos fiscalizadores y superintendencias sectoriales del sector público, los que deben disponer de facultades sólidas para cumplir su función.

Como gran idea fuerza de ello, aparece, por ende, la necesidad de revitalizar de las facultades de los organismos públicos fiscalizadores, principalmente de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos, exigiendo un accionar enmarcado en paradigmas de probidad y transparencia, controles cruzados y fiscalización atenta de la prensa especializada, con un fortalecimiento interno de las competencias técnicas de estos organismos, para poder abordar con solvencia y comprensión, los diversos sectores productivos del país a fiscalizar.

Esto exigirá focalizar las energías del Estado Fiscalizador, buscando generar equipos de fiscalización, con un manejo fluido de big data y un conocimiento especializado de los sectores económicos y diferentes operadores del mercado, de manera que exista una acción inteligente en la gestión de riesgos, con una selectividad objetiva, que identifique puntos críticos y apunte a  focalizar el esfuerzo fiscalizador, entiéndase exámenes, aforos, revisiones, investigaciones, auditorías, sobre los riesgos probables, identificados en los flujos de comercio Se deberá contar con voluntad política para salvar el déficit de inteligencia fiscalizadora y reducir la permeabilidad de los organismos fiscalizadores al tráfico de influencias y otras malas prácticas. Es necesario dotar de autonomía afectiva a los servicios fiscalizadores, reduciendo la facultad de nombramiento en exclusiva confianza del Ejecutivo, favoreciendo la carrera funcionaria y la profesionalización interna.

Implantar la igualdad ante la ley, sin discriminaciones, habrá de significar, en un nuevo marco institucional democrático, que la fiscalización se ejerza sobre los sujetos pasivos sin tratos preferentes que resulten distorsionadores de dicho principio. La segmentación de Grandes Contribuyentes, con un tratamiento central en el SII, deberá ser revisada para una descentralización de los procesos fiscalizadores en las regiones, de manera que las empresas tributen y sean fiscalizadas en la jurisdicción territorial donde realice su principal actividad económica, corrigiendo la centralización en la capital, la misma que conlleva el riesgo de tráfico de influencias que, en definitiva, provoca evasión tributaria.

En materia arancelaria y de reglas de origen, la fiscalización deberá atender a riesgo de utilización fraudulenta de los tratados internacionales que han permitido obtener preferencias arancelarias en mercados de destino para productos originarios.

La valoración aduanera a las exportaciones, que no ha sido debidamente reglamentada, debiera constituir un tópico estratégico para enfrentar situaciones de pérdida de retornos de exportación. En exportación de commodities estratégicos, como productos del litio y concentrados de cobre y otros minerales, resulta prioritario fiscalizar que las ventas para exportación se realicen a precios reales de mercado, reduciendo la subvaloración que atenta contra el interés nacional.

En materia de Comercio Electrónico, cabe hacer notar que, debido al crecimiento exponencial de los ingresos por vía expresa, se enfrenta establecer mecanismos de control que sean adecuados a estos volúmenes y los riesgos que involucran. El tratamiento del comercio electrónico, como área de tramitación especial y simplificada, deberá ser revisada en la medida que se va convirtiendo en la modalidad normal de mercadeo planetario para el sector de tecnología y electrónica.

Especial hincapié se deberá colocar en la detección de triangulaciones y refacturación de los suministros, normalmente con uso de agenciamiento comercial con asiento en paraísos fiscales, lo que ha constituido una debilidad histórica de las economías de países menos desarrollados de exportaciones primarias, toda vez que han constituido una expoliación de divisas para dichas economías. Estas malas prácticas, extendidas en el comercio mundial, han sido materia de cooperación en la Organización Mundial de Aduanas y su Comité de Lucha contra el Fraude.

En una reformulación del modelo y pensando en una nueva institucionalidad, es necesario tener presente la imperfección de los mercados internacionales, la acción reiterada de subvaloración o sobrevaloración, que demanda respuestas inteligentes del Estado.

Se requiere la conformación de equipos profesionales multidisciplinarios para actuar en la fiscalización del comercio exterior, lo cual exige una reingeniería de los servicios fiscalizadores y superintendencias, que concentre su actividad en la fiscalización, reduciendo áreas improductivas, una verdadera burocracia estructural o incipiente, que no sirvan al propósito propio de una fiscalización efectiva y de máxima cobertura.

Todo lo cual exige pensar   en la reformulación de las políticas públicas con un acento en la ética pública, para impedir que el lobby y otras prácticas corruptas las frenen o distorsionen. En síntesis, fortalecer la fiscalización exigirá implantar un principio fundamental de Probidad y Transparencia, erradicando malas prácticas históricas, que han distorsionado ese objetivo de interés nacional.



Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 11 Octubre, 2020.

 

 

 

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