Cuando se conversa de la construcción
de un Nuevo Orden Económico Internacional, el carácter que alcance esa idea,
dependerá de la recuperación que se logre del rol fiscalizador del Estado.
Por
décadas, el dogma neoliberal impuesto, ha estigmatizado al Estado en su calidad
de gestión, se ha limitado sus facultades y se ha impuesto el concepto de Estado
Subsidiario, que reserva toda actividad económica que pueda ser objeto de
negocio, al sector privado, quitando al Estado su papel conductor de un
desarrollo económico.
La transferencia de soberanía a
organismos intergubernamentales, como la Organización Mundial de Comercio,
significó en los últimos 30 años resignar la capacidad del Estado para regular
su comercio exterior. Se ha adoptado reglas internacionales que han enmarcado a
la autoridad nacional en diversos
aspectos, los que debe respetar, pudiendo ser objeto de denuncias ante la OMC en
caso de incumplimiento. Es así como, a partir de 1995, se ha debido asumir
nuevos ámbitos en la fiscalización, como lo han sido la protección de los
derechos de propiedad intelectual, las exportaciones de servicios, la compra
pública, la valoración aduanera, el dumping y las subvenciones.
La influencia de los intereses de poderosas corporaciones
multinacionales, se hizo sentir en el Acuerdo de Marraquech, que dio nacimiento
a la OMC, ya que, en dicho Acuerdo, se instalaron límites al accionar soberano
de los Estados para regular y fiscalizar su comercio exterior.
En términos de un cambio de fondo de los paradigmas neoliberales,
se debe asumir la realidad de un comercio internacional que en sus dos terceras
partes se realiza a nivel intracorporativo, con concentración de los flujos de
comercio en empresas globalizadas, con poder global, integrando sistemas de
producción, financiamiento, comercialización y logística. Repensar una
fiscalización eficaz y eficiente del comercio exterior, exigirá por lo tanto, una
reingeniería de los organismos fiscalizadores y superintendencias sectoriales
del sector público, los que deben disponer de facultades sólidas para cumplir
su función.
Como gran idea fuerza de ello, aparece, por ende, la necesidad
de revitalizar de las facultades de los organismos públicos fiscalizadores, principalmente
de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos, exigiendo un accionar enmarcado en
paradigmas de probidad y transparencia, controles cruzados y fiscalización
atenta de la prensa especializada, con un fortalecimiento interno de las competencias
técnicas de estos organismos, para poder abordar con solvencia y comprensión, los
diversos sectores productivos del país a fiscalizar.
Esto exigirá focalizar las energías del Estado Fiscalizador, buscando
generar equipos de fiscalización, con un manejo fluido de big data y un conocimiento
especializado de los sectores económicos y diferentes operadores del mercado, de
manera que exista una acción inteligente en la gestión de riesgos, con una
selectividad objetiva, que identifique puntos críticos y apunte a focalizar el esfuerzo fiscalizador, entiéndase
exámenes, aforos, revisiones, investigaciones, auditorías, sobre los riesgos
probables, identificados en los flujos de comercio Se deberá contar con voluntad
política para salvar el déficit de inteligencia fiscalizadora y reducir la
permeabilidad de los organismos fiscalizadores al tráfico de influencias y otras
malas prácticas. Es necesario dotar de autonomía afectiva a los servicios
fiscalizadores, reduciendo la facultad de nombramiento en exclusiva confianza
del Ejecutivo, favoreciendo la carrera funcionaria y la profesionalización
interna.
Implantar la igualdad ante la ley, sin discriminaciones,
habrá de significar, en un nuevo marco institucional democrático, que la
fiscalización se ejerza sobre los sujetos pasivos sin tratos preferentes que
resulten distorsionadores de dicho principio. La segmentación de Grandes Contribuyentes,
con un tratamiento central en el SII, deberá ser revisada para una
descentralización de los procesos fiscalizadores en las regiones, de manera que
las empresas tributen y sean fiscalizadas en la jurisdicción territorial donde realice
su principal actividad económica, corrigiendo la centralización en la capital,
la misma que conlleva el riesgo de tráfico de influencias que, en definitiva, provoca
evasión tributaria.
En materia arancelaria y de reglas de origen, la
fiscalización deberá atender a riesgo de utilización fraudulenta de los tratados
internacionales que han permitido obtener preferencias arancelarias en mercados
de destino para productos originarios.
La valoración aduanera a las exportaciones, que no ha sido debidamente
reglamentada, debiera constituir un tópico estratégico para enfrentar
situaciones de pérdida de retornos de exportación. En exportación de
commodities estratégicos, como productos del litio y concentrados de cobre y
otros minerales, resulta prioritario fiscalizar que las ventas para exportación
se realicen a precios reales de mercado, reduciendo la subvaloración que atenta
contra el interés nacional.
En materia de Comercio Electrónico, cabe hacer notar que,
debido al crecimiento exponencial de los ingresos por vía expresa, se enfrenta establecer
mecanismos de control que sean adecuados a estos volúmenes y los riesgos que involucran.
El tratamiento del comercio electrónico, como área de tramitación especial y
simplificada, deberá ser revisada en la medida que se va convirtiendo en la
modalidad normal de mercadeo planetario para el sector de tecnología y
electrónica.
Especial hincapié se deberá colocar en la detección de
triangulaciones y refacturación de los suministros, normalmente con uso de agenciamiento
comercial con asiento en paraísos fiscales, lo que ha constituido una debilidad
histórica de las economías de países menos desarrollados de exportaciones
primarias, toda vez que han constituido una expoliación de divisas para dichas
economías. Estas malas prácticas, extendidas en el comercio mundial, han sido
materia de cooperación en la Organización Mundial de Aduanas y su Comité de
Lucha contra el Fraude.
En una reformulación del modelo y pensando en una nueva
institucionalidad, es necesario tener presente la imperfección de los mercados
internacionales, la acción reiterada de subvaloración o sobrevaloración, que
demanda respuestas inteligentes del Estado.
Se requiere la conformación de equipos profesionales multidisciplinarios
para actuar en la fiscalización del comercio exterior, lo cual exige una
reingeniería de los servicios fiscalizadores y superintendencias, que concentre
su actividad en la fiscalización, reduciendo áreas improductivas, una verdadera
burocracia estructural o incipiente, que no sirvan al propósito propio de una
fiscalización efectiva y de máxima cobertura.
Todo lo cual exige pensar en la reformulación
de las políticas públicas con un acento en la ética pública, para impedir que
el lobby y otras prácticas corruptas las frenen o distorsionen. En síntesis,
fortalecer la fiscalización exigirá implantar un principio fundamental de
Probidad y Transparencia, erradicando malas prácticas históricas, que han
distorsionado ese objetivo de interés nacional.