Despropósito

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11/10/2020

La maraña legislativa con que políticos de uno y otro partido vienen enredando al ciudadano madrileño resulta impropia de un Estado democrático y de Derecho. Existe un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico y que deberían tener muy presentes nuestros gobernantes, estatales o autonómicos. Se trata del principio de seguridad jurídica, que se encuentra recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española

Seguridad jurídica consiste sencillamente en tener la certeza de cuáles son las normas que me corresponde cumplir como ciudadano. Como no puedo sabérmelas todas, cuando menos puedo informarme de ellas en el BOE, en el periódico, en la web o en la cafetería de la esquina. Igual da que sean normas estatales, autonómicas o municipales, dictadas por un gobierno o un parlamento europeo, estatal o autonómico, por un consejo de ministros, un ministerio o un consistorio. También da lo mismo que me gusten o no. Se llama seguridad jurídica precisamente porque me siento razonablemente seguro de que son esas normas, aunque no me gusten, las que me corresponde cumplir, porque están sancionadas, vigentes y publicadas en el boletín oficial que corresponda. Y porque tengo, asimismo, la confianza de que seguirán siendo esas las normas durante un tiempo, y que la genialidad o el oportunismo del gobernante de turno no dictará otras distintas todas las semanas.

Se trata, en fin, de saber con un mínimo de convicción si, bajo estado de alarma o no, estoy transitando por una zona prohibida para mí, a qué me atengo si incumplo una norma que me impide moverme por tal sitio, y que me pasará si sencillamente mañana se me ocurre circular por donde me plazca. Eso es seguridad jurídica.

En tan sólo 23 días, los madrileños hemos sufrido un despropósito tras otro de normativas y actuaciones erráticas, descoordinadas, cuando no tendenciosas, que sólo han producido inseguridad y confusión en los ciudadanos, que ya no saben con certeza ni a dónde, ni cuando pueden ir, y con el consiguiente perjuicio económico de quienes desconocen si mañana van a poder levantar la persiana de su negocio. Por si fuera poco, hemos asistido al más hipócrita paripé de cumbre de presidentes de uno y otro gobierno en la Puerta del Sol, y de sus representantes, que no han sabido ni han querido (porque poder, claro que podían) llegar a un acuerdo que nos diera algo de confianza de que venceremos al virus al menor coste posible.

No es casual que la seguridad jurídica vaya acompañada en ese mismo artículo 9.3 de la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Una catástrofe como la que estamos viviendo no precisa de respuestas arbitrarias, improvisadas u oportunistas, sino de una eficaz coordinación entre administraciones, al menos a la altura de otros países donde el virus lo ha tenido más difícil que en el nuestro. Quizá porque en otros lugares han sido más conscientes de que si aquí hay una realidad tangible e indiscutible es que hay un bicho que mata y arruina, actuando en consecuencia y dejando sus rencillas partidistas para otro momento.

Fruto de la arbitrariedad y la prepotencia es el desfile de normas contradictorias y enfrentamientos entre administraciones al que asistimos impotentes en Madrid. Enfrentamientos que, insultando la inteligencia del ciudadano, han querido enmascarar con palabras hueras, falsas y mudables. Arbitrarios son los infames bailes de cifras de muertos e infectados, y estadísticas, con que nos desayunamos cada día, como si cada muerto y cada infectado (una vida humana, no sólo un DNI) no fueran más que un número que sumar o restar para beneficiar o perjudicar la postura de según qué partido. Arbitraria e irresponsable, finalmente, es la respuesta en clave electoralista de muchos representantes, que tratan de convertirse cada cual en adalid contra el virus a base de decretazo o descalificación al contrario, para obtener un puñado más de votos en unas u otras elecciones.

Si los que nos gobiernan creen que los ciudadanos se quedan impávidos como borregos ante esta situación de desconcierto y arbitrariedad, se equivocan.  Primero vienen el estupor y la impotencia, seguidas del escepticismo y la incredulidad; luego se suman la indignación y, finalmente, la desafección, no con un gobierno o un partido, sino con un sistema político en su conjunto cuyas normas y actuaciones habrán perdido a sus ojos la legitimidad de las urnas. La miopía de unos y otros les impide comprender lo que la mayoría de los ciudadanos deseamos, y es que haya acuerdo y coordinación entre los que ostentan el mando, al menos en cuanto al virus y a nuestro derecho a circular libremente.  Pero lo que más parecen olvidar es lo más obvio: que, sobre todo, lo que más anhelamos es que este maldito carnaval de muerte, máscaras, distancias y encierros acabe cuanto antes, y podamos volver a lo que quede de nuestra vida de hace siete meses.

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