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Migración en Chiapas; Las estadísticas y la discriminación hablan por si solas.

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17/09/2020

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México siempre se ha caracterizado por ser el puente de paso para miles de migrantes provenientes de muchos países de Centroamérica. Mujeres, hombres y niños oriundos de Venezuela, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala cruzan diariamente las fronteras mexicanas situadas en los estados del sur del país.

Nunca en años anteriores se había suscitado fenómeno igual al acontecido en 2019 con las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica y demás países del mundo. México enfrenta un inédito fenómeno migratorio: según datos oficiales, entre enero y marzo más de 300.000 personas han cruzado el país de forma irregular con rumbo a Estados Unidos. Según organizaciones civiles y autoridades, se trata de una cifra histórica, ya que el promedio anual de personas en tránsito suele ser de entre 150.000 y 400.000.

Ante tales acontecimientos ocurridos en suelo mexicano, no queda más que solidarizarse con los hermanos centroamericanos y ser un buen puente de paso, para que su estadía momentánea o permanente en caso de darse sea la mejor para ellos, y siempre respetándose los derechos humanos de todos los migrantes así como también evitando los sucesos de violencia que son comunes por parte de autoridades mexicanas y de la propia ciudadanía.

El abuso de autoridad presente en las autoridades mexicanas es visible al tener acercamientos con la población migrante, así como el racismo desfasado en contra del sector migrante por el simple hecho de provenir de un país centroamericano.

La Declaración de Durban señaló que la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, constituye una de las causa principales del racismo contemporáneo. A menudo los migrantes son objeto de discriminación en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. Se trata de un problema mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino.

En la actualidad, uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y su acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades anfitrionas son los sentimientos arraigados que existen contra los inmigrantes y las prácticas discriminatorias.

Discriminación, racismo y abusos policiales son algunos de los problemas que enfrentan muchos de los migrantes en su paso o estadía por México. Sin contar las escasas oportunidades de empleo que se les pudiesen llegar a presentar y sus muy escasos recursos para subsistir a lo largo de su travesía.

Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que un 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repatriados y la desconfianza en las autoridades provocan que solo se denuncie 1 de cada 10 casos.

Los índices de violencia presentados en los migrantes centroamericanos superan por completo la barra de estadísticas comparado a los migrantes de origen mexicano que también parten su travesía hacia el suelo americano. Pero a pesar de eso y pesar a experimentar abusos y atracos, 9 de cada 10 migrantes deciden continuar su camino.

Durante años el ser migrante ha sido referenciado a ser un delincuente y llegar a un país ajeno a provocar caos e inseguridad, cientos de personas se sienten incomodas al tener que rodearse de migrantes centroamericanos y vivir día a día con su presencia en las calles, hablando específicamente de Chiapas. La presencia de personas de distintas razas con distintos acentos al hablar, anatomías diferentes y costumbres radicales, causa cierta incertidumbre en la ciudadanía mexicana y su sentimiento de seguridad en las calles.

Pero también existe otro sector de la sociedad que realmente se preocupa por la situación vivida por los migrantes, diversas organizaciones civiles y de índole no gubernamentales que se dan a la tarea de velar por el cumplimiento de los derechos humanos así como también el refugio y protección legal para con diversos migrantes a su paso por México y en todo el mundo.

Un claro ejemplo es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), la cual se creó el 14 de diciembre de 1950 al término de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a los millones de europeos desplazados por el conflicto.

ACNUR reconoce que los esfuerzos para proteger a los refugiados no pueden llevarse a cabo de forma aislada de las tendencias, políticas y prácticas más amplias que configuran la movilidad global. También reconoce que las personas bajo su mandato, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas, se ven directamente afectadas por las políticas y los procesos de migración, en particular cuando participan en movimientos mixtos.

Por lo tanto, ACNUR se esfuerza por abordar las cuestiones de migración que afectan a los refugiados y otras personas de su interés, incluidos los solicitantes de asilo, los desplazados internos y las personas apátridas. En determinadas circunstancias, la Asamblea General de la ONU ha pedido al ACNUR que contribuya con su experiencia y competencias en los procesos relacionados con la migración.

Frente a la exclusión social, la indiferencia, la discriminación y las políticas restrictivas que laceran y dañan la individualidad y la condición de ser humano del migrante centroamericano, la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional ha venido articulando organizaciones de migrantes y de personas en general que tienen en común una agenda que considera el bienestar de los aludidos en las sociedades de origen, tránsito y destino.

El racismo, discriminación y violación de los derechos humanos seguirá estando presente en la ciudadanía mexicana mientras no se fomente un ambiente claro de respeto de tales derechos y se siga comparando a los migrantes con personas fuertemente peligrosas para la integridad de muchos.

Por ello se tiene que implementar un modelo, proyecto o programa que ayude y fomente un ambiente de pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes de Centroamérica, también así como buscar apoyarlos en su travesía.

El propósito principal de los gobiernos federal, estatal y municipal debería consistir en contribuir al desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Este empeño se alcanza a medida que se provean servicios públicos de manera adecuada, oportuna y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, y se construya la infraestructura social que facilite el acceso a vivienda, educación, salud, seguridad y empleo.

Las políticas públicas, legal y socialmente sustentadas, pueden derivar en programas y proyectos adecuados a las necesidades de los municipios migratorios, con bases sólidas de coordinación y administración, que pueden trascender los periodos de gobierno municipal conforme a la evaluación y a los resultados que arroje cada una de las estrategias y políticas implementadas. En este contexto, consideramos que el municipio debe mantener, en todo momento, un sentido social, buscando de manera permanente el bien común, basado en principios rectores, como la responsabilidad social y la subsidiariedad.

Siendo así y examinando lo planteado anteriormente, se tienen que implementar urgentemente políticas publicas desde la esfera municipal para con los sectores vulnerables de todos los ayuntamientos, siendo en este caso el sector migrante. Y con ello logrando así un desarrollo social y político en bienestar tanto de los ciudadanos mexicanos como los migrantes que van y vienen de paso.

Maximiliano Lucca Cardona Ángeles - Director de Soconusco Joven

Etiquetas: Migración

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