Recientemente,
varios medios de comunicación informaron sobre el salvavidas que lanzará el
gobierno de Duque a Avianca Holding, empresa que el 10 de mayo del 2020
presentó ante un tribunal de quiebras estadounidense una solicitud para
acogerse al capítulo 11 del Código de Bancarrota de ese país. Avianca Holding
está conformado por más de 30 empresas latinoamericanas, entre ellas, la
aerolínea Avianca, fundada en Colombia, pero que hace mucho dejó de ser una
empresa nacional.
Actualmente,
las acciones del Holding están repartidas así: 51.53% son propiedad de Synergy
Group, mediante su firma BRW Aviation, corporación brasileña fundada por un
boliviano; el 14.46% es propiedad de Kingsland Holding Limited, un holding con
sede principal en las Bahamas y fundado por un salvadoreño, uno de los
hombres más ricos de ese país; el 34% restante de las acciones está
repartido en varios socios minoritarios.
El
anuncio se dio después de contar con la aprobación para el financiamiento de
370 millones de dólares por parte del Fondo de Mitigación de Emergencias
(FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda y su cabeza, Alberto
Carrasquilla. El FOME fue creado este mismo año por medio del polémico decreto
444 para soportar la crisis económica provocada por la pandemia en el país; «Los recursos del Fondo se podrán utilizar
para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio
nacional» expresó la presidencia.
Uno
pensaría que los billones de pesos del fondo serian invertidos en eso,
ayudas a colombianos, hogares vulnerables, empresarios y trabajadores dentro
del territorio nacional, para mitigar y soportar la crisis económica, además de
darle un mayor soporte financiero a la salud pública y a la educación pública.
Sin embargo, nada más alejado de la realidad, hasta ahora hemos visto cómo
todos los gastos generados a partir de ese dinero han sido
insuficientes, mal invertidos o inexistentes. Colombia enfrenta una de sus
peores crisis económicas y los mayores afectados son, como siempre, los
trabajadores independientes y dependientes, los emprendedores, los propietarios
de micro y pequeñas empresas, el colombiano de a pie. Millones de
ciudadanos han perdido sus trabajos, han cerrado sus empresas y han gastado sus
ahorros.
A la
fecha, el presupuesto del FOME ha ido aumentando hasta llegar a 31,8
billones de pesos, cifra importante que debemos tener en cuenta, toda vez que
la propuesta de la Renta Básica de Emergencia, liderada y apoyada por 68
congresistas de diferentes sectores políticos que van desde senadores de la
oposición como Jorge Enrique Robledo, del Polo, hasta parlamentarios de la
bancada de gobierno, como Roy Barreras, de la U, y que busca beneficiar a
9 millones de hogares, representados en 30 millones de colombianos, brindando
un salario mínimo durante 3 meses y medio salario mínimo durante el cuarto y
quinto mes; tiene un costo aproximado de 30 billones de pesos, es decir, que si
el fondo tuviese su presupuesto completo se habría podido cubrir ese monto. Los
ciudadanos se habrían podido quedar en sus casas, lo que a su vez habría
mitigado los contagios y la economía no estaría tan desestabilizada.
Las
proyecciones de la CEPAL estiman que la pobreza extrema en Colombia aumentará
hasta un 14,3% y la pobreza hasta el 34.1%, eso quiere decir que millones de
colombianos que estaban en la pobreza pasarían a la pobreza extrema y millones
de colombianos de clase media-baja pasarían a la pobreza.
El
gobierno Duque ha preferido apoyar y financiar con un billón trescientos
ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco millones de pesos ($
1.385.835.000.000) a una sola compañía privada con capitales extranjeros y a
sus accionistas en lugar de a millones de colombianos que viven las penurias en
el territorio nacional. Si me preguntan, considero un pésimo negocio prestar
dineros públicos a una empresa que ha estado al borde de la quiebra en más de
una ocasión y que ya le debe varios miles de millones de dólares a acreedores a
los que no les ha podido pagar.
Adicional
a ello, Avianca Holding traía problemas económicos desde antes del
surgimiento de la pandemia, su crisis financiera no está sustentada en la
crisis económica generada este año, por lo que no hay explicación del porqué va
a ser beneficiaria de los dineros públicos destinados a mitigar los efectos
económicos de la enfermedad.
Tal
vez, esta hubiese sido la oportunidad ideal para considerar una mayor apertura
económica en el comercio de la aviación. Durante 100 años Avianca ha hecho
lobby para monopolizar el mercado, impidiendo una competencia que ofrezca
mayores beneficios para los viajeros, esto ha generado tener que sufrir y
soportar sus abusos: tiquetes carísimos, atrasos injustificados,
penalidades y cobros extra arbitrarios.
Por
último, es curioso el interés del gobierno Duque en apoyar a Avianca Holding,
más que a otras empresas públicas o de capitales 100% colombianos, esperemos que
no tenga nada que ver con que su hermana, María Paula Duque, sea la
vicepresidenta Senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente de la
compañía, un alto cargo ejecutivo, ni tampoco que haya sido viceministra
de comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, es inevitable
sospechar.