.carlossalas.com/wordpress">por Carlos Salas Lind.
En la teoría económica, la propensión a pagar impuestos se
acrecienta a medida que aumenta el ingreso. A partir de esta simple
premisa, no es ilógico que los países más desarrollados en el ámbito
social y económico – como los escandinavos – posean una de las tasas
de impuesto a la renta de las empresas y de las personas más altas del
mundo.
En Chile – con tasas de crecimiento estables y robustas – se observa
un mayor interés (y transversal), en hacer realidad uno de los
preceptos económicos fundamentales para la implementación de un sistema
impositivo que fomente un desarrollo más incluyente y sostenible.
En el caso de prosperar un debate – en torno a una reforma
tributaria en Chile – todo indica que será la actividad productiva y
comercial la que sobrellevaría el financiamiento de la intensificación
de políticas sociales destinadas a reducir la desigualdad y – por ende
– a fortalecer la competitividad de nuestra economía.
Aunque la discusión sobre la necesidad de implementar una reforma
tributaria es legítima, el tema impositivo no puede seguir
suscribiéndose – casi exclusivamente – a modificar las reglas del juego
a quienes (para bien o para mal), han sido un motor importantísimo en
el posicionamiento de Chile como una economía abierta, próspera y
estable: el sector privado.
Unir siempre el tema de mayor carga tributaria – a la actividad
productiva y comercial – refuerza una idea de despojo, de dominio y
aprovechamiento de unos pocos empresarios (que antes se llamaban
hacendados), sobre una población vulnerable y explotada.
Estoy de acuerdo en que – a la hora de invertir o iniciar
actividades comerciales y productivas – Chile ofrece ventajas
comparativas indiscutibles en una región que aún no logra zafarse de
estereotipos nocivos para la confianza de quienes buscan abrir e
integrar nuevos mercados.
A estas alturas, Chile no necesitaría “bajar tanto los precios” para
la inversión con el fin de compensar los eventuales riesgos que
implicaría apostar al incremento del capital en un clima menos
predecible.
Aunque las cifras que respalden esta idea sean rebatibles, el
mejoramiento sostenido de la imagen de Chile – en tantos temas
centrales para el posicionamiento de un país en un mundo más
competitivo y emprendedor – no debería ser menospreciado a la hora de
“negociar” el acceso a nuestros recursos y mano de obra.
Sin embargo, un segmento social – que no incluye a quienes emprenden
una actividad comercial – también ha comenzado a experimentar un
aumento significativo de sus honorarios, llegando incluso a equiparar
(y en muchos casos a sobrepasar), el ingreso promedio de los países más
desarrollados. Una discusión menos prejuiciosa – en torno a un aumento
de la carga impositiva – no debería ignorar esta realidad.
Éste es el caso porque el impuesto a la renta de las personas – que
ganan una cantidad mucho mayor a la media nacional es bastante
escuálido, realidad que limita el sentido de responsabilidad colectiva
en la búsqueda de soluciones a problemas sociales que atañen a todos.
Más aún, es mi convencimiento, que independientemente del nivel de
ingresos (salvo casos extremos), todos los ciudadanos deberían estar
sujetos a un pago progresivo de impuestos. Este sistema existe en
Chile, pero una inmensa mayoría está exenta de pagar impuestos (por su
bajo ingreso), o paga demasiado poco (aunque su alto nivel de ingresos
no justificaría una carga impositiva tan “liberal”).
Lo otro, esperar que una mejor distribución llegue por cuenta
propia, o por las suculentas ganancias generadas por unos pocos –
específicamente en el sector privado – es condenar a amplios sectores
sociales al inconformismo y el resentimiento.
La cantidad – que los menos pudientes deben desembolsar – tendría
que retornar a ellos, a través de una ampliación y mejoramiento de los
servicios públicos, de mayores oportunidades para ellos y sus
descendientes de ver mejorada su calidad de vida a mediano y largo
plazo.
Y cuando todos los ciudadanos (en la medida de sus posibilidades),
aportan al financiamiento de las políticas sociales, crece – también –
la exigencia a la clase política a no abusar de los recursos que todos
están generando. En decir, aumenta el interés en participar en el
proceso de desarrollo nacional y controlar que la gestión - de quienes
son los elegidos para administrar el estado – responda al precio que
cada contribuyente le asigna a los costos de su aporte.
En gran medida, éste es el camino que han seguido las naciones más
desarrolladas del mundo, sociedades que han podido – de esta forma –
asegurar el acceso de sus ciudadanos a un nivel de gestión pública,
educación, salud y sistema previsional más que dignos.
