La defraudación a una institución pública por
prestaciones médicas ascendente a más de 6 mil millones de pesos por parte de profesional
de la salud, abre una gran interrogante en torno a la operatoria del control
interno de la institución afectada, sus componentes y de otras entidades que les
competería una acción fiscalizadora.
En días previos
las portadas de algunos medios nos han compartido noticia relacionada con una
denuncia por fraude realizada por Fonasa de la Región del Bio Bio, el que ha sido calificado de
alta cuantía, y que se encuentra vinculado al pago de prestaciones médicas, las
que no habrían sido realizadas, comprometiendo recursos por más de $6 mil
millones de pesos.
Conforme a lo
que se ha mencionado, la acusada habría usado el sistema de venta de bonos de
Fonasa, actuando tanto como prestadora del servicio y beneficiaria, lo cual plantea
una gran interrogante sobre todo el proceso involucrado, ya que en una mirada
preliminar y ligera, deja la sensación que el circuito de las transacciones
adolece de vulnerabilidades en su implementación, o bien los controles no se
cumplieron adecuadamente. Así, ¿a cuántas prestaciones corresponderían los
valores?, ¿lo cobrado a qué periodo de tiempo se asocia?, y ¿nadie se percató
de lo que sucedía?
Como señalaron en Chilevisión Noticias: “las
alarmas se encendieron hace un par de semanas en los sistemas de control interno
de la entidad”. Ello no podría calificarse como favorable, dado lo ex temporáneo
de la alerta, y además porque los valores ya habían sido pagados a la
profesional.
Al respecto, es muy probable que en la
comunidad exista una duda razonable, como lo diría un abogado, en relación a la
operatoria de la institución, y naturalmente de las instancias que la componen,
ya que en una era en la que la transformación digital, la tecnología, la
instantaneidad de los procesos y registros, las métricas o kpi (key performance
indicator) y la analítica de datos son tendencia, por mencionar sólo algunos
elementos, sumados a monitoreos
constantes en los procesos e instalados y funcionando apropiadamente como
controles preliminares (antes), de monitoreo (durante) y post (después), probablemente
hubiesen evitado este “chascarro”.
Serán entidades tales como el mismo Fonasa,
el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía de Alta Complejidad, la
Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la República, por mencionar
algunas, las que deberán analizar lo sucedido, el papel que les ha
correspondido o no jugar en esta historia, así como también sus unidades, y que
eventualmente implicará modificar o
ajustar procesos con el fin de prevenir y evitar escenas como la acontecida, sancionando
lo que corresponda, de ratificarse la existencia de delito o alguna negligencia
de alguna de las partes.
Posiblemente, al igual que yo en este
momento, se estará preguntando: ¿será la única situación que no se ha detectado
o que ha sido detectada tardíamente? ¿Cuánto desconocemos al respecto?
Los recursos vinculados a un ente público
merecen una preocupación y responsabilidad mayor en su gestión, máxime si
provienen en todo o parte de aportes efectuados por esforzados usuarios, asegurando
su buen uso y evitando su despilfarro, pues al final, querámoslo o no, alguien
deberá cubrir ese déficit de dineros. ¿Desea ser usted?