Megafraude en FONASA

La defraudación a una institución pública por prestaciones médicas ascendente a más de 6 mil millones de pesos por parte de profesional de la salud, abre una gran interrogante en torno a la operatoria del control interno de la institución afectada, sus componentes y de otras entidades que les competería una acción fiscalizadora. 

 


En días previos las portadas de algunos medios nos han compartido noticia relacionada con una denuncia por fraude realizada por Fonasa de la  Región del Bio Bio, el que ha sido calificado de alta cuantía, y que se encuentra vinculado al pago de prestaciones médicas, las que no habrían sido realizadas, comprometiendo recursos por más de $6 mil millones de pesos.

Conforme a lo que se ha mencionado, la acusada habría usado el sistema de venta de bonos de Fonasa, actuando tanto como prestadora del servicio y beneficiaria, lo cual plantea una gran interrogante sobre todo el proceso involucrado, ya que en una mirada preliminar y ligera, deja la sensación que el circuito de las transacciones adolece de vulnerabilidades en su implementación, o bien los controles no se cumplieron adecuadamente. Así, ¿a cuántas prestaciones corresponderían los valores?, ¿lo cobrado a qué periodo de tiempo se asocia?, y ¿nadie se percató de lo que sucedía?

Como señalaron en Chilevisión Noticias: “las alarmas se encendieron hace un par de semanas en los sistemas de control interno de la entidad”. Ello no podría calificarse como favorable, dado lo ex temporáneo de la alerta, y además porque los valores ya habían sido pagados a la profesional.

Al respecto, es muy probable que en la comunidad exista una duda razonable, como lo diría un abogado, en relación a la operatoria de la institución, y naturalmente de las instancias que la componen, ya que en una era en la que la transformación digital, la tecnología, la instantaneidad de los procesos y registros, las métricas o kpi (key performance indicator) y la analítica de datos son tendencia, por mencionar sólo algunos elementos,  sumados a monitoreos constantes en los procesos e instalados y funcionando apropiadamente como controles preliminares (antes), de monitoreo (durante) y post (después), probablemente hubiesen evitado este “chascarro”.

Serán entidades tales como el mismo Fonasa, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía de Alta Complejidad, la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la República, por mencionar algunas, las que deberán analizar lo sucedido, el papel que les ha correspondido o no jugar en esta historia, así como también sus unidades, y que eventualmente  implicará modificar o ajustar procesos con el fin de prevenir y evitar escenas como la acontecida, sancionando lo que corresponda, de ratificarse la existencia de delito o alguna negligencia de alguna de las partes.

Posiblemente, al igual que yo en este momento, se estará preguntando: ¿será la única situación que no se ha detectado o que ha sido detectada tardíamente? ¿Cuánto desconocemos al respecto?

Los recursos vinculados a un ente público merecen una preocupación y responsabilidad mayor en su gestión, máxime si provienen en todo o parte de aportes efectuados por esforzados usuarios, asegurando su buen uso y evitando su despilfarro, pues al final, querámoslo o no, alguien deberá cubrir ese déficit de dineros. ¿Desea ser usted?

Mauricio Andrés Burgos Navarrete

UNETE



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