La inclusión financiera
constituye un polo de atención y ocupación en la sociedad que ha mostrado
avances, pero que al amparo de la situación sanitaria que nos aqueja evidencia la
presencia de temas por resolver.
Avanzada la
mitad del 2020, con lo complejo que ha sido su tránsito, recuerdo que en el
periodo anterior, un evento pasó algo desatendido en nuestro país. Ello fue la
quinta versión de la Financial Inclusion Week que fue liderado mundialmente por
el Center for Financial Inclusion at Action (CFI), teniendo por slogan:
“Inclusión Financiera: ¿Para Qué?”, y que pretendió ser un llamado a la acción
para que la sociedad reexamine objetivos y renueve esfuerzos para alcanzar su
logro.
Es reconocido en
diversos estudios que la inclusión financiera es un elemento clave como apoyo
para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Asimismo, conviene recordar
que involucra a personas y empresas, poniendo como foco de atención el acceso a
productos financieros útiles y accesibles que satisfagan necesidades esenciales
en el diario vivir de las personas, por ejemplo, pagos, ahorros y seguros, los
que deben ser otorgados de manera responsable y sostenible.
Además, de
acuerdo al Banco Mundial, aproximadamente 2.500 millones de sujetos en el mundo
no utilizan servicios financieros formales y un 75% de los pobres no dispone de
cuenta bancaria.
Por otra parte,
en una época en la que la sostenibilidad es un foco en los desempeños de las
organizaciones, se ha especificado que propicia al menos 5 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU): (1) el fin de la pobreza, (2) hambre cero, (3) salud y bienestar,
(4) educación de calidad y (5) igualdad de género. Asimismo, la Alianza para la
Inclusión Financiera (AFI) indica que posee cuatro aspectos de atención:
acceso, uso, calidad y bienestar. Si bien en el país algo se ha mejorado, hay
pendientes.
De este modo,
algunos puntos que me parecen atractivos de atender son: a) reforzar la
educación financiera en distintos niveles etarios, particularmente en los
iniciales; b) propender a reducir la brecha de género en el acceso y condiciones
a productos financieros; c) ampliar y mejorar el servicio hacia los adultos
mayores; d) disponer de un panorama más
exacto del volumen de deuda de las personas, consolidando en un único sistema
la información crediticia; e) establecer una definición “más razonable y justa”
de las tasas de interés para sectores más vulnerables, desvinculado de la Tasa
Máxima Convencional; f) comunicación más clara y precisa de los entes
financieros de los riesgos y costos de productos, ajustado a las prácticas
recomendadas por la OCDE; g) generar en los usuarios financieros la sensación
de que los servicios y productos son beneficiosos para ambas partes, y no que
el único favorecido en una transacción es la entidad financiera; h)
delineamiento claro, en las tiendas de retail, de la definición y otorgamiento
del nivel de endeudamiento de usuarios, resguardando sus posibilidades reales
de pago; i) acercamiento y uso de la tecnología en los sectores vulnerables
como medio de inclusión financiera; e j) en el marco de las demandas sociales y
del reciente Manifiesto de Davos, sería de alto valor para la comunidad, el
percibir un sistema financiero más comprometido socialmente.