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"Justicia igual para todos"

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07/08/2020

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Las elites políticas son reacias a considerar el papel que les ha sido asignado en la democracia representativa. Aquella soberbia natural de las viejas elites, en cuanto son tocadas por el atributo inventado de la autoridad hoy no desmerece. En primer término, se trata de que no han asumido que ya no son elites a la vieja usanza, es decir, a perpetuidad, sino de poner y quitar. Tampoco están dispuestas a entender que su función esté permanentemente sujeta al ordenamiento jurídico. Pese a que se trata de ciudadanos sin especial condición diferencial del resto, que han sido elevados al sitial del poder por la simple voluntad del electorado, en una especie de sorteo en el que ha resultado agraciado el que más suerte tiene, tan pronto toman posesión del puesto se distancian de lo común y asumen a todos los efectos su condición de elite. Lo que implica diferencia, distinción y privilegio.

Esta supuesta minoría selecta que rige los destinos de todo un país —paradoja de la llamada democracia— cuenta con un elemento que la identifica, y es que no está dispuesta a renunciar a los privilegios que otorga el ejercicio del poder. Desde que toma posesión de la representación de cualquier órgano de poder, se le ve el plumero. En ella está latente ese sentimiento de superioridad que se manifiesta en ocasiones a propósito de que la justicia no le debe ser aplicada con el mismo rasero que a los comunes, porque hacerlo así entienden que es degradante para su dignidad. De manera que eso de que la justicia es igual para todos, se entendería en el plano formal, porque para su fuero interno —algo tan reservado que nunca sale a la luz de manera abierta— reclaman que esos privilegios de elite se hagan extensivos a la aplicación de la ley y sea benévola con ellos, habida cuenta que son quienes la hacen. En el fondo late la añoranza de aquellas viejas jurisdicciones especiales que amparaban a nobles y clérigos, que demolió la revolución burguesa, precisamente la que trajo el modelo de democracia que permitió la construcción del nuevo edificio de gobierno y la llegada de las nuevas elites.

Es de dominio público que las resoluciones judiciales que lo son conforme a las previsiones de los gobernantes se acatan con firmeza, así como que las resoluciones que solo afectan a la ciudadanía dicen que hay que respetarlas siempre. El problema surge cuando tales resoluciones no gozan del favor de las elites políticas porque les son desfavorables. Aquí lo del acatamiento se debilita, surgen dudas y hasta críticas. Incluso se va más allá y se pone en cuestión la función de juzgar, tratando de demoler su independencia buscando abiertamente el sometimiento a la elite política, como una pieza más de la burocracia técnica estatal. Al margen de la crítica o de los planteamientos doctrinales, no son infrecuentes los posicionamientos personales de políticos ejercientes en contra del sistema judicial, porque no ha fallado a su gusto en un asunto en el que están comprometidos sus intereses.

Cuando ya sin respeto a los formalismos políticos, alguno de sus profesionales reclama el control sobre la función de juzgar, en realidad trata de desmontar el Estado de Derecho, fundamentado en la teórica división de poderes, y con ello asumir uno todas las funciones estatales. En el fondo están tirando piedras contra su propio tejado. Pero es tal la prepotencia que acompaña a todo poder político, si no se le somete a control legal, que no quiere entender que si la democracia representativa supone la entrega del ejercicio del poder a las elites de partido conforme a las normas jurídicas por las que se rige el Estado, son reglas que hay que respetar, porque en caso contrario supone la vuelta al poder absoluto. Llegados a ese punto, ya no tiene cabida esa democracia, en virtud de la cual han sido elegidos para ejercer el poder.

Esa tendencia de la elite gobernante hacia el poder absoluto tiene su punto de partida en el control del legislativo por el ejecutivo cuando es mayoría, sin que la llamada oposición tenga otra función que representar su papel. El legislativo pasa a ser la correa de transmisión de la voluntad del ejecutivo. En tales situaciones queda el recurso de la independencia judicial, cuando no ha sido contaminada por otros medios, pero si la justicia no puede ejercer libremente y con independencia su función, como último reducto de control a los gobernantes, el Derecho, que tiende a convertirse en el derecho del que gobierna, acaba siendo simple derecho del poder. La elite gobernante tiene entonces el poder absoluto y cumple sus aspiraciones secretas. Entonces el ciudadano pasa a ser una marioneta al merced del que maneja los hilos.

La cuestión de atentar utilizando cualquier medio no legal contra la independencia judicial es más grave de lo que pudiera parecer. Poner en cuestión su función, lo que no es mostrar disconformidad con sus resoluciones, bien tratando de presionar, controlar o simplemente desautorizar la actividad judicial públicamente por miembros de otro órgano estatal, al margen de todo procedimiento legal, es desestabilizar el sistema, pidiendo una justicia desigual para ellos y sus favorecidos. Al postular solapadamente una justicia desigual, en la que se tenga en cuenta la condición de ejerciente del poder frente a la de cualquier ciudadano común, realmente se demanda que se reconozcan mayores prebendas para las elites gobernantes de las que ya existen —como es el caso del aforamiento en la que se cuestiona la función del juez natural— y emerge otro riesgo añadido, que se instale la desigualdad legal. De ahí a que las elites temporales se conviertan en elites perpetuas producto de la clase política sea un paso previsible. Y ya, para completar, que lo que comenzó siendo electivo se convierta en designación directa. Dejando al descubierto que en una democracia de ciudadanos libres e iguales —al menos en teoría—, resulte que que hay privilegiados que pretenden gobernar al margen de su propia legalidad.

Si la justicia no es realmente igual para todos, si el ultimo instrumento de control efectivo y permanente de la actividad de gobernar, establece distinciones entre elites y comunes, privilegiando de cualquier forma a las primeras, la igualdad legal ha pasado a ser una leyenda. Asimismo, si de forma mas o menos encubierta la función de juzgar pasa a ser una pieza más del gobierno y el pueblo no cuenta con otros elementos de control sobre su actividad que las elecciones a ciegas cada cierto tiempo, es que el Estado de Derecho ha retornado a los tiempos del Estado absolutista o, peor todavía, camina hacia una dictadura de partido. Por fortuna, pese a las acometidas, la justicia continúa su camino sin inmutarse.

Antonio Lorca Siero

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