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"Barra libre también para los okupas"

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31/07/2020

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Por lo que parece y según se lee y escucha por ahí, lo de ocupar la casa de cualquier ciudadano se ha puesto tan de moda que casi se ha convertido en una obligación el tolerarlo. Está claro que la pandemia ha pasado a ser una especie de patente de corso para que lo desaprensivos puedan hacer de casi todo, excepto no ponerse la mascarilla o desobedecer a los agentes de la autoridad, porque tal conducta ya sería objeto de sanción. En lo que se refiere al resto de la ciudadanía, pulula por algunos medios sociales la tolerancia, de la que los más avispados buscan la forma de sacar tajada aprovechando la impotencia o la candidez del prójimo. A río revuelto, parece que cada uno va a lo suyo y nadie se moja. Empezando por los que se escaquean de trabajar, quienes no pagan lo que se deben por aquello de los ricos y los pobres o los que aprovechan esa barra libre que una parte de los inquilinos han entendido que se da a los alquileres, resulta que la cosa no va por buen camino para el ciudadano común.

Frente a todo esto y mucho más que se podría sacar a colación, se insiste en hablar de Estado de Derecho, de seguridad jurídica y toda la parafernalia político-jurídica habitual. Incluso, sin el menor rubor, se proclama a los cuatro vientos el derecho de propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad y demás derechos ornamentales. Resultando que en el caso de la ocupación de viviendas cualquiera puede entrar en casa ajena, aprovechando un descuido y alegando que está vacía, para privar a su legítimo dueño del derecho a hacer con ella lo que considere conveniente. Todo con la total pasividad del sistema, ante lo que solamente cabe la opción de acudir al maestro armero para reclamar, porque las leyes no están para atender semejantes insignificancias —posiblemente porque hay otras de mayor calado social—. Cierto que los tribunales, se dice que agobiados por tanto trabajo y la escasez de medios, con el tiempo acaban por reconocer el derecho a recuperar la casa propia, pero seguramente de ella solo se recuperarán los cascotes. También es cierto que hay medios legales para abreviar tal trámite, pero poca cosa, porque ahora al robo se llama ocupación y, como los ocupantes dicen pertenecer al gremio de los nuevos pobres —caracterizados por disponer de un smartphone de ultima generación y ser clientes fijos de la tarifa plana hay que—, hay que mostrarse tolerantes y permitir que se apropien y destrocen bienes ajenos. A esto se llama ser solidarios con los necesitados y, a lo que estos hacen, alguien llama justicia social.

Ya no basta eso de dotarse a cualquier precio de un techo bajo el que cobijarse, la deriva que ha tomado la ocupación de bienes que no les pertenecen no solamente se incrementa en cantidad, sino en calidad. Se impone entre las preferencias para ser expropiados por la ocupación los artículos de lujo. Por eso las residencias cuatro estrellas están en el punto de mira de los pobres de smartphone porque, llegada la época estival, el aire acondicionado y la piscina alivian los rigores de este sol que abrasa —probablemente no solo por la inconsciente actividad humana—. Tales necesidades son comprensibles, pero no así los medios empleados para satisfacerlas. Aunque menos aceptable es la inoperancia de los poderes públicos en este tema, atentos a recaudar y a repartir como buenamente se puede, y no demasiado interesados en resolver con eficacia algunos de los problemas que afectan directamente a parte de la ciudadanía.

Estamos ante una ocurrencia más de las que proliferan en estos tiempos de progreso social, en la que ciertos expolios de la propiedad de las personas obligadamente deben ser entendidos como justicia social, tolerada por los gobernantes e incluso asumida en tales términos. Justificada por quienes se empeñan en justificar lo injustificable respecto al destino que hay que dar a los bienes de los demás, al igual que sucede con los expropiadores de los ricos, los okupas se adhieran a la fiesta del todo gratis con dinero ajeno, siempre que no toquen su propia riqueza, que generalmente va más allá del smartphone.

En el plano operativo, los jueces hacen lo que les ordena la ley, de conformidad con el sistema, mientras en el caso de los gobernantes publicitan políticas sociales para parchear las cosas, más interesados en el voto y en la problemática de los foráneos que en la de los nativos. Ante esta situación, al ciudadano que le toca pasar impotente por el hecho de la ocupación de sus bienes, se le condena injustamente a pagar la factura por algo que no ha consumido y a callar. Demasiada seguridad jurídica en los textos legales para que luego se desvanezca a pie de calle, en la que impera la vía de hecho.

Antonio Lorca Siero

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