. Es natural la tendencia a tratar de hacer política para ilusionar a los desilusionados, pero lo razonable es que se hiciera con cargo a los promotores y no del bolsillo del contribuyente, tal y como a menudo sucede. Por eso sería bien recibido que los políticos desplegaran generosidad con los necesitados contribuyendo personalmente y desde el partido que representan a mejorar sus condiciones de vida con algo que vaya más allá de limosnas, porque así ganarían fidelidad de voto. Sin embargo, acudiendo a la práctica tradicional, resulta más sencillo aparcar el ingenio y usar los dineros estatales para poner parches y pocas veces soluciones efectivas. Al final siempre se trata de confiar en que el empresariado resuelva los problemas económicos que ellos son incapaces de resolver a base de dictar disposición tras disposición.
Hasta ahora la política se había decantado por lo habitual, porque resulta ser más generoso, produce mayores beneficios electorales y a falta de efectivo se acude al crédito, pero desde algún tiempo a esta parte se inclina por cargar el peso de hacer justicia social sobre determinados contribuyentes. Disponer del dinero ajeno de empresas y particulares para beneficiar a los desfavorecidos, más que a solidaridad, recuerda a aquella leyenda de El Tempranillo, que animaba en tiempo de gran penuria la imaginación popular a la espera de un poco de alegría para los favorecidos. El problema de quitar el dinero a unos cuantos para dárselo a otros es que en la actualidad ni está bien visto ni parece ajustado al Derecho, aunque se le blinde con la legalidad. En estos tiempos, siguiendo la línea del progreso tecnológico, la política se ha subido al carro de los avances, pero, como falta ingenio, se agarra a las formas y en la realidad muchas medidas quedan en nada. Este es el destino del llamado escudo social, producto de la ingeniería de las palabras, que en poco podrá aliviar problemas que son sistémicos. Tiene tantas carencias que lo de escudo se queda en paraguas desvencijado y lo social, en paños calientes para unos e injusticia social para otros. Quitando esos detalles, hay que señalar que el producto cumple con sus fines propagandísticos y puede servir para mantener a una parte del electorado contento, aunque no tenga motivos para ello. Que con invocación de la justicia social, y aprovechando el jaleo montado con ocasión de la pandemia, entendida aquella a conveniencia de quien a la sazón ejerce el poder, se trate de acomodar a los cánones del bienestar burocratizado a los que no tienen posibilidades alcanzarlo por si mismos, pero haciéndolo por cuenta de algunos, no suena ni a igualdad ni a justicia. En todo caso se trataría de obligar legalmente a practicar la caridad a unos pocos para aliviar la carga estatal y dar imagen progresista a los gobernantes. Soluciones ninguna, porque en un porcentaje elevado quien no puede pagar ahora ni el recibo de la luz, menos va a poder pagar los plazos de la hipoteca o la renta cuando se acumulen varios meses de impagos. Los más optimistas entenderían que tales gastos correrán a cargo del dinero de todos, lo que resulta ser menos solución. La cuestión es que ordenar practicar caridad disponiendo de bienes ajenos dice poco de los mandatarios, salvo airear su derecho a ejercer el poder sin posibilidad de contestación. De otro lado, parecería oportuno que aparcar semejante discurso, que se pretende vender como de progreso, y se promoviera algo más eficaz que lo del escudo. Tal sería instrumentar de forma realista otro escudo más racional como pudiera ser el fomento del trabajo, principal soporte efectivo para poder ir pagando las facturas. Antonio Lorca Siero