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Instalación de la portabilidad financiera


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05/06/2020


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La reciente promulgación de la Ley de Portabilidad Financiera, viene a proporcionar a los usuarios de productos financieros la facilidad para trasladarlos entre instituciones, llevando aparejado una serie de beneficios. 


Con gran difusión en medios de comunicación se dio a conocer esta semana la promulgación de la Ley de Portabilidad Financiera. A grandes rasgos, permitirá que personas y micro, pequeñas y medianas empresas, puedan cambiarse con sus productos no sólo de bancos, sino también de compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, instituciones que coloquen fondos de manera masiva (por ejemplo, empresas que proporcionan créditos automotrices), emisores de tarjeta, y otras entidades que sean fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, hay tener presente que aún la ley no puede ser aplicada, ya que debe dictarse su reglamento, y para ello el Ministerio de Economía y Hacienda tienen 45 días, además de 90 días desde su publicación en el Diario Oficial.

¿Cuántas veces un usuario habrá tenido la sensación de ser retenido en alguna institución financiera, o que al tratar de realizar un cambio hacia otra se le ponían trabas, para finalmente no insistir en ello, o bien, debido a la situación de ser un cliente multiproducto, el solo pensar en la cantidad de gestiones y tiempo para salirse de una de ellas, terminaba anulando el intento de traslado?

Pues bien, respecto de los beneficios de esta ley, en el sitio web habilitado por el gobierno, se plantean esencialmente seis: 1. La mayor facilidad para cambiarse entre instituciones. 2) El acceso a productos y servicios financieros en mejores condiciones. 3) Facilitar el refinanciamiento de todo tipo de créditos. 4) Disminuir el costo y el número de trámites asociados al refinanciamiento. 5) Disminuir el costo de financiamiento para micros y pequeñas empresas. 6) Incremento en el número de refinanciamientos. Por otra parte, conforme se ha expresado desde el Ministerio de Hacienda, los grandes beneficios son la posibilidad de un traspaso más fácil y simple, abaratando el costo de refinanciar en un 60% y disminuyendo el tiempo de trámites en un 40%.

No obstante, también es posible sumar como contributivos, la potencial competencia entre las entidades, lo que debiese llevar a costos más bajos en las operaciones y a un mejor servicio a los usuarios, el fortalecimiento de la posición del usuario y la dinamización de operaciones en el sector.

En tal sentido, se puede portar cualquier producto financiero, por tanto ello incluye entre otros, cuentas de ahorro, cuentas vista, chequera electrónica, línea de crédito, tarjetas de crédito y débito, créditos de consumo, créditos automotrices y créditos hipotecarios. Sin embargo, respecto de los dos últimos, el trámite contempla un proceso especial, debido a la existencia de garantía.

Además, en relación al trámite, básicamente se pueden contemplar tres pasos: a) Se deberá solicitar a la entidad con la que se tienen los productos financieros un certificado digital de liquidación, de modo gratuito, en el que se consigna el resumen detallado de los compromisos. Eventualmente, también podría ser solicitado por la institución con que se negocie una mejor oferta. b)  Con el certificado se podrá definir qué productos financieros se desea liquidar con el acreedor original y qué asumir con la nueva entidad, la que ofrecerá condiciones vigentes por siete días. c) Al aceptar la oferta, se otorga lo que han denominado un “mandato de término”, lo que permite a la nueva institución proceder con las trasferencias con el acreedor original, pudiendo así asumir los nuevos productos, existiendo para ello un lapso de tres días para el pago entre las instituciones.



Evidentemente, el logro de esta ley constituye un gran avance, pues se trataba un requerimiento que era anhelado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todos estos procesos, particularmente si son nuevos, es preciso que existan las instancias a nivel de instituciones del Estado, del sector financiero, y otras, como pueden ser las instituciones de educación, en sus distintos niveles, que brinden, especialmente a los potenciales usuarios de este ley, que se supone son los principales beneficiados de ella, los conceptos, herramientas y habilidades de educación financiera que les permitan analizar y tomar buenas decisiones, evitando entre otros el quedar expuestos a asimetrías de información, con el correspondiente perjuicio de una mala decisión. 



Etiquetas:   Finanzas Personales   ·   Financiamiento

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