"Barra libre para los alquileres"
. Cierto que tratar de paliar situaciones de auténtica necesidad es obligado para cualquier gobernante que se declare social y benefactor de sus ciudadanos, pero parece haberse llegado a un punto en el que se ha sobrepasado los límites de tal obligación y se ha enfilado la senda que conduce a la ilegalidad.
Si en condiciones de normalidad, desahucios y lanzamientos en materia de alquileres por impagos de rentas acusan notables deficiencias, al prolongarse demasiado en el tiempo, resulta que ahora la tendencia se confirma de forma oficial —al objeto de favorecer a un colectivo—, adoptándose medidas que afectan negativamente al resto y al propio sistema jurídico. De entrada, la seguridad se aprecia comprometida y, lo que se inicia con algo justificable a tenor de la presente situación, abre la puerta a otras actuaciones, amparadas también en políticas sociales que priman a unos y perjudican a otros, pero que a la postre desembocan en pura desigualdad. Se mire como se mire y se justifique como se justifique, el hecho es que el tema afecta al Derecho del propio Estado y a los derechos de sus ciudadanos comunes, porque la ley en este punto se ha ido de vacaciones forzosas para beneficiar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin tenerse en cuenta que todos los ciudadanos son vulnerables en la parte que les corresponde de la crisis del virus. Aprovechando la misma situación podría acordarse también un periodo de vacaciones en materia jurídica para que los afectados en mayor medida por la situación económica pudieran estafar, saquear o tomar la propiedad ajena sin responsabilidad alguna, porque estarían amparados por el Estado del sin Derecho y su estado de vulnerabilidad. Sin duda, la situación no puede llegar a tal extremo porque, aunque la ciudadanía encargada de abonar directamente la factura de esta disposición llamada social, es decir, los arrendadores, los grandes tenedores de viviendas y empresas del ramo, se han quedado mudos e impotentes ante semejantes medidas e incluso se muestran dispuestos a colaborar, las aguas volverán a su cauce. Es previsible que el empresariado capitalista acabe por exigir a los políticos restablecer la seguridad jurídica y la igualdad, a pesar de excepcionalidad de la situación y la vulnerabilidad de los afectados, que podrían verse amparados por otras medidas no traumáticas para los derechos de todos. De no ser así, habría mucho Estado y poco Derecho. Es previsible que los afectados por la situación económica, vulnerables de carnet y otros menos vulnerables, pero más astutos, se dediquen a alquilar pisos gratis, habida cuenta de que no van a ser desahuciados. Luego, allá para muchos meses después de que cese la presente situación de alarma, que parece proyectarse en el tiempo y que se asemeja a un estado de excepción o de sitio, habida cuenta de la situación actual y la que resulta previsible en los juzgados, será una realidad lo de que habrá habido barra libre para los alquiles. Si se restablece el funcionamiento de la ley y los propietarios pueden recuperar su propiedad requisada, tras el juicio de desahucio y el lanzamiento, no obstante, los favorecidos por la medida habrán mejorado sensiblemente su situación patrimonial a cuenta de otro o cuanto menos concluirán un buen negocio, porque dada su más que probable insolvencia no pagarán ni un euro por el piso que han ocupado durante mucho tiempo, quizás años. Mientras, los otros afectados, el resto de la ciudadanía que no disfruta de los mismos beneficios y los propietarios de la viviendas ocupadas, observan impotentes el negocio de los inquilinos a cuenta de las ocurrencias políticas. Todo, ya no tanto por aliviar la vulnerabilidad de algunos como por aquello del populismo y la falacia niveladora, de los que quieren crecer en votos para poder mandar a cualquier precio. Como se observa, se ha pasado de los precios abusivos de los alquileres al todo gratis para algunos, tanto los que se encuentran en verdadero estado de necesidad como los que están dispuestos a aprovechar la ocasión para disponer de vivienda gratis por largo plazo, basta con hacerse con el oportuno papelorio para aportarlo a la burocracia fiscalizadora. Con ello, no solamente se rompe con el principio de legalidad del Estado de Derecho, ya que queda en suspenso la aplicación de una ley, sino con las reglas establecidas por la sociedad consumista, en la que existe un principio fundamental, básicamente que no hay nada gratis y todo tiene un precio. Si se rompen las reglas del juego, habrá que romper la baraja. Lo del precio seguirá vigente, porque, en virtud del privilegio que se reconoce a los desfavorecidos por la situación y a cuantos se quieran aprovechar de las vacaciones que se toma el desahucio, lo pagarán, no ellos, sino los demás. De ahí que no parece adecuado hacer políticas sociales, obligadamente, en primer término, a cuenta de algunas personas físicas y jurídicas, máxime cuando finalmente afectarán a todos. A la vista de la nueva situación, la casi siempre presente especulación inmobiliaria, y la que no llega a ese nivel, empezarán a reconsiderar el asunto y tomarán medidas frente a la inseguridad jurídica, la incertidumbre, las políticas sociales y dejará de invertir. Habrá un sentimiento de frustración frente al desamparo legal, ya que antes se hablaba de garantía del derecho de propiedad y ahora se ha evaporado porque se toma unas vacaciones. Sería previsible que se generará un problema grave, como una situación de mayor escasez de vivienda. Claro que estaría la opción de expropiar en base al llamado interés general, siguiendo modelos autoritarios o simplemente totalitarios. Ante esa situación, habría que proceder a retirar el rótulo de Estado de Derecho. Acaso a esa otra rama del aparato estatal, el Estado benefactor, le quedaría la misión de convertirse en constructor y procurar vivienda a todo el mundo, a ser posible gratis, por aquello de que es un derecho o, al menos, una utopía pendiente de realizar. Antonio Lorca Siero- Escrito por: Antonio Lorca Siero
