Lo cierto es que vivimos en un sistema en el que la energía de los hogares y de los espacios públicos en general depende del sector privado. Por lo tanto, el consumidor, es decir, el grueso de la población, puede escoger la empresa privada a la que desea enviar sus facturas de la luz; es decir, la empresa que, a cambio, le va a suministrar las necesidades energéticas básicas. De esa manera, los ciudadanos de a pie, los empresarios que alquilen oficinas o las empresas inmobiliarias, por citar solo algunos ejemplos, pueden escoger el plan de consumo que más les permita ahorrar en la factura de la luz.
En el caso de las viviendas, sobre todo de los edificios y los bloques de pisos, la libertad individual está un poco supeditada al plan de consumo escogido por las inmobiliarias. Al fin y al cabo, lo más sensato es que el edificio en peso dependa de una sola empresa de electricidad para distribuir y garantizar el consumo eléctrico de todos los vecinos. No obstante, sí es posible, llevar a las reuniones de las asociaciones de vecinos alternativas de cambio si en algún momento se percibe que se está pagando demasiado dinero por las facturas. Con la finalidad de obtener un importante ahorro de energía para la colectividad de vecino, se pueden y se deben proponer alternativas.
Más libertad tienen los empresarios que toman la decisión de alquilar un local o una oficina. Una vez efectúen dicho alquiler, disponen de un amplio abanico de decisiones, tanto en lo que respecta a las reformas y a los cambios internos del espacio de trabajo, como en lo relativo a las empresas a las que quieran contratar para el suministro de luz y de agua.
Muchas empresas de electricidad ofrecen a empresarios convenios que les permiten el ahorro de luz en empresas, garantizando así, servicios que hacen falta para garantizar el buen hacer y el desarrollo de las funciones del negocio. Teniendo en cuenta que las empresas gastan mucho en la inversión inicial, esto les viene bien. En resumen, podemos elegir el tipo de consumo.