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En
primer término hay que señalar que se aprecia cierta pérdida de
soberanía nacional derivada de las conveniencias de la globalización
auspiciada por las multinacionales americanas. A lo que sigue, dada
su condición de Estado débil, la dependencia económica, política
y cultural del Estado-hegemónico de zona, en este caso USA, y de los
diversos organismos internacionales diseñados para la defensa de los
intereses del capitalismo. A lo que hay que añadir, la plena
sumisión a la política de la Unión Europea. Dado el creciente peso
de los organismos internacionales y del bloque hegemónico de zona,
así como la pertenencia en lo que fue un mercado común, aspirante a
ser gobierno único por encima de los Estados asociados, todo ello
influye decididamente en la toma de decisiones de cualquier gobierno.
El ejecutivo debe adaptar sus acuerdos a los intereses del imperio.
La ley foránea viene a imponer la forma y el fondo por donde debe
discurrir la legislación nacional. El acto final es corregir las
decisiones judiciales cuando se entienden no ajustadas a Derecho, lo
que resulta ser pura paradoja. Con lo que la soberanía del Estado
español, por unos motivos u otros, empieza a ser simbólica.
Los
ataques abiertos a la soberanía como nación tienen consecuencias
que afectan al Estado de Derecho. Hay un elemento fundamental para su
viabilidad y es la independencia de los tres poderes clásicos, sin
la que no es posible su funcionamiento. Formalmente se encuentra en
pleno vigor, aunque no tanto en el terreno real. Al margen de la
situación global actual, siempre han estado presentes las apetencias
del ejecutivo por hacerse con el control absoluto de los poderes del
Estado, pero muy distinto es que lo consiga. La parte legislativa no
ofrece dificultades, porque se resuelve a través de las mayorías
electorales, sin embargo hay cierta dificultad en lo que se refiere a
la función de juzgar. El ejecutivo ha instrumentalizado medios para
controlar el poder judicial no solo de forma indirecta, sino a través
de leyes de quitar y poner, así como empleando tácticas de
persuasión sobre su funcionariado que escapan a la vista pública.
Pese a todo, la independencia de la función de juzgar por lo general
ha venido resistiendo en los últimos tiempos. Sin embargo hoy el
poder judicial, aunque sigue en el punto de mira del ejecutivo para
hacerle sumiso y dependiente, sufre considerables presiones derivadas
de esa pérdida de soberanía, afectada por la globalización.
Centrado
el tema en este ultimo punto, es evidente que reconocido el país
como Estado de Derecho, la independencia judicial es un principio
incontrovertido. Ningún tribunal extranjero, aunque se proclame
defensor de los derechos humanos y algunos divinos, puede inmiscuirse
en la labor jurisdiccional nacional, precisamente porque se trata de
un Estado de Derecho y no de lo que se suele llamar coloquialmente
una república bananera. De tal importancia es el tema que cuando se
ponen en entredicho las resoluciones judiciales españolas por
tribunales extranjeros se cuestiona el mismo Estado de Derecho. Pero
el hecho es que son tribunales foráneos los que indican, en
ocasiones, a los jueces cómo tienen que juzgar, incluso echando por
tierra resoluciones dictadas conforme a la ley local. La invocación
de los derechos humanos, cuando no simplemente enmendando el
procedimiento en base a argumentos de legislación ajena, sirven de
alegato para imponer su particular sentido de juzgar, anulando
resoluciones judiciales y con ello barrenando la independencia de los
jueces. Si ciertamente vivimos en un Estado de Derecho, quiere
decirse que en principio todas estas cuestiones ya han sido tenidas
en cuenta al juzgar y, si se contravienen, el Estado de Derecho hace
aguas.
Desde
el otro frente, hay grupos que viven del incordio y se publicitan
hábilmente en los medios de comunicación para ganar presencia
social y poder, vendiendo sus respectivas mercancías en nombre de
una libertad de conveniencia. Juegan utilizando la sensibilidad de
las personas y han sido adiestrados en el manejo de las tácticas de
manipulación colectiva. Su objetivo es lograr que la opinión
pública comulgue con sus intereses grupales, generalmente con un
trasfondo comercial, y llegue a posicionarse en contra de los propios
intereses generales. Para reforzarse en su estrategia mueven los
hilos para influir en la tarea de juzgar y afectar a su
independencia, que precisamente reside en la recta aplicación de la
ley, en base a supuestas demandas sociales que solo son espectáculo.
Su propósito es procurar resoluciones livianas para los considerados
víctimas, según la publicidad al uso, y resoluciones en el entorno
de una realidad prefabricada, como escarmiento, para quienes se
consideran verdugos o los simples malos de la película. Ni la
complacencia ni el escarmiento ni la venganza deben entrar dentro de
los propósitos de la justicia Con lo que la independencia, en el
caso de que realmente llegue a verse influenciada, se resiente y, al
igual que en el caso de las intervenciones foráneas, el Estado de
Derecho sigue el mismo camino.
Si
con estas cosas la justicia, como baluarte de la independencia de los
llamados poderes del Estado, es forzada a hacerse dependiente de los
diversos intereses políticos y económicos de moda o es forzada a
pasar por ellos, aquí hay que dejar de hablar de Estado de Derecho.
Antonio
Lorca Siero.
